La vía italiana del ‘caso Puigdemont’: un enredo jurídico y político sin precedentes

La comparecencia este lunes de Carles Puigdemont ante el tribunal de apelación de Sassari marcará el futuro judicial inmediato del expresidente catalán. El Tribunal Supremo reclama su entrega para juzgarle por sedición y malversación, pero las dudas sobre su inmunidad y sobre los efectos de la cuestión prejudicial planteada por el instructor de la causa en España, el magistrado Pablo Llarena, alejan las posibilidades de una entrega rápida. El enredo judicial y...

La comparecencia este lunes de Carles Puigdemont ante el tribunal de apelación de Sassari marcará el futuro judicial inmediato del expresidente catalán. El Tribunal Supremo reclama su entrega para juzgarle por sedición y malversación, pero las dudas sobre su inmunidad y sobre los efectos de la cuestión prejudicial planteada por el instructor de la causa en España, el magistrado Pablo Llarena, alejan las posibilidades de una entrega rápida. El enredo judicial y político de la euroorden contra Puigdemont no tiene precedentes en el historial de la cooperación jurídica entre los países de la UE, pero estos son algunos de los escenarios que se pueden plantear a partir de ahora.

Primer examen en Italia. El expresidente de la Generalitat está citado este lunes ante el tribunal de apelación de Sassari (Italia) a una vista para valorar la petición de entrega cursada por el magistrado Pablo Llarena. La justicia italiana puede seguir adelante con el proceso de ejecución de la euroorden y decidir si impone a Puigdemont alguna medida cautelar. El expresident reside en Bélgica y no cuenta ahora con inmunidad parlamentaria, por lo que juristas consultados consideran que lo “lógico” sería que Italia adoptase alguna medida de control para garantizar que Puigdemont va a estar a disposición de los tribunales de ese país cuando se le requiera. Otra opción, señalan estas fuentes, es que Italia deje en suspenso el proceso a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre su inmunidad o resuelva la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre la euroorden que tramita Bélgica.

Inmunidad cautelar. La defensa del expresident solicitó el viernes al Tribunal General de la UE (TGUE) que le devuelva de forma cautelar la inmunidad que le retiró el pasado 30 de julio. Si la justicia europea accede, lo previsible es que el juez italiano pare el proceso, al menos, hasta que el TGUE se pronuncie definitivamente sobre la protección de Puigdemont (tiene que resolver su recurso contra la decisión del Europarlamento de retirársela). Esta opción ya fue señalada por Llarena en el oficio enviado a Italia el jueves, en el que pedía que, tal y como establece la norma europea que regula las euroórdenes, Italia adopte “medidas” que garanticen la entrega del expresident en el futuro. No hay una norma que establezca claramente qué medidas se pueden adoptar contra una persona que goza de inmunidad parlamentaria. El Tribunal de la UE podría especificarlo (aunque no está obligado a hacerlo) en la resolución que dictará para devolver cautelarmente la inmunidad al expresidente catalán, pero juristas consultados coinciden en que en ningún caso podría imponérsele una medida privativa de libertad.

Si Puigdemont recupera la inmunidad, ¿puede viajar a España sin riesgo de ser detenido? No. Podría moverse libremente por cualquier país, excepto por España. El protocolo que regula los privilegios e inmunidades de la UE establece que los parlamentarios europeos tienen en su país la misma inmunidad que los diputados nacionales. Y en España, los parlamentarios no tienen inmunidad si fueron procesados antes de adquirir la condición de diputado o senador. Como el Supremo actuó contra Puigdemont mucho antes de que este fuera elegido eurodiputado, el expresidente podría ser detenido y puesto a disposición del alto tribunal.

Sin inmunidad, Italia decide. Si el tribunal rechaza devolverle la protección, el expresidente seguirá sin inmunidad. En ese caso, Italia podría seguir adelante con el procedimiento de entrega, que debería resolverse en un plazo de 60 días (prorrogable otros 30 y que se puede alargar con recursos). Pero la justicia italiana podría también dejarlo en suspenso a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por Llarena. Algunos juristas consultados señalan que esa pregunta solo afecta al procedimiento abierto en Bélgica (el juez español preguntaba específicamente por la interpretación que está haciendo Bélgica de la directiva que regula las euroórdenes), por lo que no tiene por qué suspender la causa en Italia. Pero el propio Llarena sugería esta posibilidad en el escrito enviado el jueves al tribunal italiano, en el que apuntaba que la justicia de este país podía entender que la respuesta a la cuestión prejudicial le afectaba, por lo que podía optar por parar el procedimiento de entrega hasta que se resuelva.

¿Pueden coincidir dos euroórdenes? Si Italia decide este lunes seguir adelante con el caso puede darse la circunstancia de que en el futuro convivan los procedimientos de entrega de Bélgica y de Italia. ¿Es esto posible? No hay una norma que lo impida, pero juristas consultados consideran que lo idóneo sería que Bélgica e Italia se coordinasen y, previsiblemente, primara el procedimiento del país en el que se encuentre el expresidente catalán. Marta Muñoz de Morales, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Ciudad Real y experta en derecho penal europeo, apunta a que podría pedirse la intervención de la agencia europea para la cooperación judicial (Eurojust), para que estudiara el caso y dictara una resolución no vinculante.

Expectativas para la entrega. Las opciones de que Bélgica entregue a Puigdemont para que sea juzgado por sedición y malversación son limitadas, aunque la respuesta que dé el TJUE a la cuestión prejudicial de Llarena puede cambiar este escenario. Italia, en cambio, tiene un historial asentado de cooperación con la justicia española en procedimientos de entrega de delincuentes huidos, por lo que los juristas consultados consideran que si el tribunal de ese país opta por tramitar hasta el final el procedimiento, hay razones jurídicas para pensar que podría fructificar. La sedición no se encuentra entre los delitos de entrega automática de las euroórdenes, por lo que para que el proceso culmine con éxito para el Supremo es clave que se cumpla el requisito de la doble incriminación: que los hechos de los que se acusa al expresidente catalán se consideren delito también en Italia. Algunos juristas consideran que las acciones atribuidas por el Supremo a Puigdemont no tienen encaje en el Código Penal italiano, pero otros discrepan.

En un artículo publicado en Almacén de derecho, una publicación online especializada, la profesora Muñoz de Morales y su compañero Adán Nieto consideran que existen varios tipos penales que los jueces italianos debieran tener en consideración. Por ejemplo, los artículos. 336, 337 o 338 del Código Penal italiano. Estos tipos castigan a quien emplee violencia o amenazas contra un funcionario público o un encargado de un servicio público, para obligarle a realizar un acto contrario a sus propios deberes u omitir un acto propio de su cargo o servicio (art. 336); a quien se oponga del mismo modo a un funcionario público o a un encargado de servicio público mientras realiza un acto de cargo o de servicio (art. 338); o a quien use la violencia o amenaza sobre una corporación política, administrativa o judicial o sobre sus miembros para perturbar o impedir, —total o parcialmente— su actividad o influir en sus deliberaciones.