El Supremo reclama a Italia medidas que garanticen que Puigdemont no esquive de nuevo a la justicia

La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) ha abierto una nueva puerta al Tribunal Supremo para no tener que fiar la entrega del expresidente catalán exclusivamente a la justicia belga, que hasta ahora ha puesto trabas para ejecutar las euroórdenes contra los líderes independentistas que huyeron a ese país tras la declaración unilatera...

La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) ha abierto una nueva puerta al Tribunal Supremo para no tener que fiar la entrega del expresidente catalán exclusivamente a la justicia belga, que hasta ahora ha puesto trabas para ejecutar las euroórdenes contra los líderes independentistas que huyeron a ese país tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Consciente de esa oportunidad, el instructor de la causa del procés en el alto tribunal, el magistrado Pablo Llarena, remitió este jueves un escrito a la justicia italiana en el que asegura que, en contra de lo afirmado por la Abogacía del Estado, la euroorden contra Puigdemont sigue en vigor y reclama al tribunal de apelación de Sassari (Cerdeña) la “entrega inmediata” del expresident. El juez pide también a Italia que, si Puigdemont recupera la inmunidad, adopte “las medidas que puedan entenderse precisas” para garantizar su entrega cuando vuelva a perder la protección como europarlamentario.

El objetivo de Llarena es mantener vivo en Italia el proceso de ejecución de la euroorden que se inició el pasado viernes, tras la detención de Puigdemont en Cerdeña, y que se tambalea por las dudas generadas acerca de la inmunidad del expresident y de la supuesta suspensión de la euroorden dictada contra él. “Se ha tenido conocimiento de determinadas informaciones que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea de Carles Puigdemont i Casamajó”, inicia Llarena su escrito, en el que se opone a la tesis que mantuvo la Abogacía del Estado en la información enviada al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y que llevaron a este a levantar la inmunidad del exdirigente catalán el pasado 30 de julio.

El instructor del procés asegura que la euroorden no ha quedado suspendida por el planteamiento de una cuestión prejudicial ante la justicia europea sobre la interpretación que estaba haciendo Bélgica de la directiva que regula las euroórdenes. Llarena recuerda que, aunque las recomendaciones de la UE a los tribunales nacionales sobre cuestiones prejudiciales establecen que la presentación de una petición como la planteada en este caso implica la suspensión del procedimiento, la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida a ese régimen de suspensión obligatoria, sino que será el tribunal nacional el que decida si lo suspende o no. Y la orden de prisión del expresidente catalán y la orden de detención europea que se adoptaron el 14 de octubre de 2019 —el día que el Supremo condenó por sedición a Oriol Junqueras y otros cinco miembros del Govern de Puigdemont— tienen, según Llarena, “una indiscutible naturaleza cautelar”. “Son decisiones que sirven a que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que —hasta ahora— ha estado impedido por la fuga”, advierte el magistrado.

Llarena sostiene en su escrito que él es el único competente para activar y desactivar la euroorden y que, como no ha emitido ninguna decisión que la suspenda, la orden sigue activa. Y, en su relato, acusa a la Abogacía del Estado de haber informado de que la euroorden estaba suspendida pese a que sabía que no era así. “Esta situación [que la orden estaba vigente] no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo”, sostiene el instructor, que recuerda que el alto tribunal nunca ha notificado a los servicios jurídicos del Gobierno la suspensión de la euroorden, “como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca”.

Blindar la entrega

El primer objetivo de Llarena es que Italia entregue al expresident, pero el instructor marca el camino para el caso de que Puigdemont, como ha anunciado, pida a la justicia europea que le devuelva de forma cautelar la inmunidad. Si eso ocurre, Llarena solicita a Italia que no archive el proceso, sino que lo deje en suspenso y, como indica la normativa que regula las euroórdenes, adopte “las medidas que puedan entenderse precisas parar garantizar que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva” cuando Puigdemont vuelva a perder el blindaje. En virtud de esa petición, según fuentes judiciales, Italia podría imponer al expresident alguna medida de control compatible con su inmunidad, como comparecencias judiciales periódicas.

En Italia causó este jueves sorpresa el escrito del juez Llarena, que se interpretó como una medida de presión ante la idea ya preconcebida de que Puigdemont quedará de nuevo en libertad tras declarar el próximo día 4. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que la decisión compete exclusivamente al tribunal, pero, en cualquier caso, resultaría extraño que la decisión que se adoptase fuese distinta a la que ya se esbozó no imponiendo medidas cautelares al expresident.

La interpretación de la jueza de guardia del tribunal de Sassari fue que la orden estaba suspendida y que Puigdemont “goza todavía de la inmunidad”. El mismo tribunal se reunirá ahora para tomar la última decisión. Sin embargo, según la justicia italiana, si Puigdemont no se presentase a declarar el próximo lunes, el proceso quedaría archivado “no teniendo lugar a proceder al encontrarse fuera del territorio”. Algo, que según explican fuentes próximas al caso, dejaría sin sentido pedir la entrega y que conduce, normalmente, a que los acusados nunca se presenten a estas vistas. “El tribunal de Sassari deberá valorar el mandato de arresto que llega de España, pero sería normal que dejase a Puigdemont salir del país hasta entonces y que lo citase a declarar de nuevo”, apuntan las fuentes consultadas.

Incomodidad en Italia

La detención de Puigdemont generó mucha incomodidad en Italia. El Ejecutivo se enteró a través de los medios de lo que había sucedido y el propio Mario Draghi, primer ministro del país, explicó este miércoles que no tuvo ningún contacto con el Gobierno español. “Fue un asunto meramente policial y de la justicia”, señaló.

El entorno de la defensa de Puigdemont mantiene que viajará el 4 de octubre desde Bruselas hasta Cerdeña y se pondrá a disposición de la justicia allí, tal y como ya defendió él mismo este lunes al regresar a la sede del Parlamento Europeo en la capital belga, informa Guillermo Abril.

El caso contra Carles Puigdemont y los otros dos exconsejeros de la Generalitat residentes en Bélgica y eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí, se demorará durante meses en la justicia europea, donde hay dos casos pendientes.

Por un lado, se encuentra el recurso que plantearon los tres eurodiputados en mayo ante el Tribunal General de la UE (TGUE), después de que la Eurocámara votara en marzo a favor de levantarles la inmunidad para que los tribunales belgas pudieran valorar su entrega a España. Aún no se ha celebrado la vista, pero fuentes judiciales estiman que un caso de este tipo podría demorarse hasta 17 meses.

El revuelo en torno a la inmunidad de Puigdemont tiene en parte que ver con este caso, pues fue a raíz de este asunto que el TGUE emitió un auto el 30 de julio en el que le retiraba la protección cautelar que le había concedido. El tribunal entendió que Puigdemont no corría riesgo de ser detenido, puesto que la Abogacía del Estado española aseguró que el procedimiento contra el expresident había quedado en suspenso cuando Llarena elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Ese, precisamente, es el otro asunto que está pendiente de resolverse. La petición de Llarena tiene su origen en la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no entregar a España al también exconseller perseguido por la justicia española Lluís Puig. Fuentes judiciales aseguran que estos asuntos suelen dilatarse unos 15 meses de media.