El curso judicial arranca lastrado por la batalla política más tensa

El acto de apertura del curso judicial, que tendrá lugar este lunes en la sede del Tribunal Supremo presidido por el Rey, va a ser el más tenso de los últimos años, porque será la cuarta vez que se celebre con la expectativa de una obligada renovación del órgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. El desencuentro entre PSOE y PP –las dos fuerzas imprescindibles para ...

El acto de apertura del curso judicial, que tendrá lugar este lunes en la sede del Tribunal Supremo presidido por el Rey, va a ser el más tenso de los últimos años, porque será la cuarta vez que se celebre con la expectativa de una obligada renovación del órgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. El desencuentro entre PSOE y PP –las dos fuerzas imprescindibles para el acuerdo– no ha hecho más que agravarse en los últimos días, y se ha contagiado a las propias organizaciones representativas de la judicatura.

El curso judicial arranca, así, con la justicia convertida en campo de batalla política, bajo el paraguas de un Consejo General del Poder con mandato caducado desde diciembre de 2018. Mientras, en el Supremo, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional –aparte de la investigación sobre el rey emérito– se acumulan los asuntos de alto voltaje, cuya marcha y resolución marcarán la evolución de la vida política del país. Todo ello bajo la mirada de unas instituciones europeas a las que se ha trasladado la preocupación por ese deterioro institucional.

Con este panorama, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va a dar un paso más en su denuncia de la situación, para advertir en su discurso de apertura del año judicial ante Felipe VI que lo que está en juego no es el resultado del pulso político que mantienen socialistas y populares, sino la propia independencia de la justicia. Desde luego, no hay indicio alguno de que admoniciones de este tipo vayan a abrir brecha en el muro que separa a PSOE y PP, con visiones opuestas sobre cómo se garantiza mejor dicha independencia y la representatividad del órgano de gobierno de los jueces.

Diferencias de antiguo

El conflicto político no es solo una cuestión de criterios, sino también de estrategias. Las diferencias sobre cómo elegir a los vocales del Poder Judicial se plantearon desde los primeros pasos de la institución. La reforma para centrar ese proceso en el Parlamento fue impulsada por el PSOE para facilitar su coherencia con las mayorías parlamentarias de cada momento. A esa razón ha aludido ahora el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Tribunal Constitucional avaló la designación de dichos vocales por parte de las Cortes, aunque avisó de los riesgos de politización que comportaba. Desde entonces ninguna de las sucesivas modificaciones sobre las vías de acceso al Consejo ha pacificado el debate sobre la fórmula más idónea para su composición.

El factor diferencial es ahora que el nuevo año judicial se abre sin puentes entre el Gobierno y el PP, después de que la dirección popular haya afirmado que Bolaños ya no es “un interlocutor válido” para negociar al sostener el ministro que “no se puede hacer compartimentos estancos con los poderes del Estado” y que “los jueces no pueden elegir a los jueces”. Las manifestaciones de Bolaños tienen que ver con el hecho de que el Consejo no solo se ocupa de gobernar el poder judicial, sino que tiene otras funciones, por ejemplo en el ámbito legislativo, mediante la elaboración de informes sobre los proyectos de ley que afecten al ejercicio de derechos fundamentales.

Desde el inicio de esta legislatura quedó claro que la justicia se situaba como terreno de confrontación política. Se da el caso, además, de que la mayor parte de esas instituciones tienen su mandato caducado, lo que implica que mantienen la mayoría conservadora propia de acuerdos alcanzados en una fase anterior, en la que era el PP el partido en el Gobierno y gozaba de mayoría parlamentaria. Ese panorama cambió hace ya tres años.

Esta situación se observa con especial claridad en el Constitucional, que en julio declaró inconstitucional el confinamiento aprobado con el primer decreto del estado de alarma. En breve el tribunal de garantías abordará el debate de otro recurso de Vox, presentado contra el segundo estado de alarma, y a la vista de lo ocurrido con el primero y de la doctrina sentada con el fallo anterior, es probable que la nueva sentencia suponga un nuevo varapalo para el Gobierno.

El magistrado encargado de redactar el proyecto de esta segunda resolución es Antonio Narváez, del bloque conservador, que apoyó en el caso anterior la sentencia propuesta por el también magistrado del mismo sector Pedro González-Trevijano. Dicho fallo estimó que las medidas del Gobierno contra la pandemia supusieron una supresión —y no una mera limitación— de derechos fundamentales, por lo que no debió decretarse el estado de alarma, sino pedir a las Cortes que declararan el estado de excepción.

En los próximos meses, el Constitucional tiene que dictar asimismo sentencia sobre la prisión permanente revisable y sobre la reforma educativa plasmada en la ley Celaá. También es posible que aborde el recurso contra la ley de aborto, así como la impugnación del juramento de los diputados y la validez de los añadidos y fórmulas diversas utilizadas para acceder al cargo, en el pleno constitutivo de las Cortes. Lo que está en juego en este asunto es la propia composición del Congreso y del Senado, porque la consecuencia de que los términos utilizados por algunos parlamentarios fuera considerada ilegal y anulada podría ser que se estimara que el trámite del juramento o promesa no se había cumplido de forma correcta y que no habían accedido válidamente al cargo de diputados o senadores.

También tiene especial interés la sentencia que deberá dictar el Constitucional sobre la modificación legal que eliminó la propia competencia del Consejo del Poder Judicial para efectuar nombramientos mientras permanezca en funciones. Si el tribunal estima que esta reforma fue inconstitucional, el Consejo recuperará su capacidad para proveer las plazas que van quedando vacantes en los órganos jurisdiccionales, como las de los magistrados del Supremo o las de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta circunstancia supondría otro tropiezo para el Gobierno, que promovió ese recorte de competencias. La perspectiva de lograrlo puede alentar al PP a mantener la situación de bloqueo actual para que el Constitucional no cambie de composición y con ello su mayoría conservadora.

Las vacantes del Supremo

En paralelo, en el Supremo hay ahora 11 vacantes, seis de ellas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Solo tiene la plantilla completa la Sala Penal. En cada una de las otras cuatro Salas hay al menos una vacante. En la de lo Contencioso faltarán en abril próximo ocho magistrados, porque en los próximos meses se producirán dos jubilaciones.

Esta Sala resuelve todos los recursos en materia tributaria, por ejemplo, y ahora es esencial en relación con las impugnaciones sobre las medidas para el control de la pandemia de la covid-19. Tiene que decidir también sobre los recursos contra los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados por el procés y sobre las impugnaciones contra la designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. La situación de esta Sala es, por tanto, particularmente grave, y pudiera darse el caso de que alguna de sus cinco secciones no pudiera reunirse por falta de magistrados para deliberar y dictar sentencia.

El Tribunal de Cuentas —que también tiene funciones jurisdiccionales, aparte de las administrativas— terminó su mandato en julio. Entre los procedimientos pendientes más destacados figura el expediente contra 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat sobre los gastos irregulares para promocionar el procés en el extranjero. La primera decisión pendiente sobre este asunto será la admisión o no de los avales previstos por la Generalitat para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se reclaman a los investigados. También debe pronunciarse sobre la presunta responsabilidad contable de UGT en el caso de los ERE —asunto por el que se han embargado bienes del sindicato por valor de 9,7 millones de euros—, y sobre las ayudas del Ejecutivo a la compañía aérea Plus Ultra.

En la Audiencia Nacional se acumulan múltiples casos sobre delitos económicos y corrupción.