Las comunidades rechazan el estado de alarma territorial que les ofrece el Gobierno

El Gobierno mantiene que las comunidades autónomas cuentan con los “instrumentos suficientes” para esta nueva etapa de lucha contra la pandemia de coronavirus tras el estado de alarma. Así lo recalcó el lunes de nuevo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en la misma idea volvió a insistir también ...

El Gobierno mantiene que las comunidades autónomas cuentan con los “instrumentos suficientes” para esta nueva etapa de lucha contra la pandemia de coronavirus tras el estado de alarma. Así lo recalcó el lunes de nuevo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en la misma idea volvió a insistir también el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien recuerda que el Gobierno apoyará las peticiones de los presidentes que soliciten la declaración del estado de alarma específicamente en sus autonomías. Ninguno parece dispuesto a dar ese paso.

El Ejecutivo aprobó la semana pasada un decreto ley para que el Supremo unifique la doctrina en torno a los litigios que surjan en cada comunidad y cree que con las herramientas jurídicas que cuentan las autonomías es suficiente para tomar medidas. El Ejecutivo invita a los presidentes a que soliciten un estado de alarma territorial si lo consideran oportuno para sus comunidades. Esta es la postura que mantienen distintos gobiernos regionales:

País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a solicitar al Gobierno de Sánchez la prórroga del estado de alarma que finalizó en la madrugada del pasado domingo, pero no tiene previsto solicitar un estado de alarma específico para Euskadi. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, lo descartó el lunes: “No es la voluntad del Gobierno vasco, en ningún caso, hacer esa solicitud”. Urkullu aparcó esta vía ciñéndose a la ley orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Y considera que la pandemia es global y no procede emplear este resquicio legal para decretar el toque de queda o los cierres perimetrales que quería imponer desde el 9 de mayo y que el Tribunal Superior de Justicia vasco le denegó.

El Gabinete de Urkullu insiste en que hará frente a la situación epidemiológica en el País Vasco, que presenta la incidencia acumulada más alta de España (416,74 casos por 100.000 habitantes) y atiende a 169 enfermos en las UCI, con “las medidas que se consideren necesarias y que jurídicamente sean posibles en cada momento”. El Gobierno vasco tampoco acudirá en casación ante el Supremo contra la negativa de los jueces del Superior vasco que desautorizaron las limitaciones previstas tras el cese del estado de alarma. “No vamos a judicializar este proceso”, dijo el lehendakari el pasado viernes lamentando que en supuestos semejantes las resoluciones judiciales están siendo “diametralmente opuestas”.

Madrid. “No podemos nunca justificar una restricción de movilidad nocturna para toda una población por el comportamiento irresponsable de unos pocos”, dijo el lunes Enrique López, consejero de Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, sobre la posibilidad de solicitar autorización judicial para reactivar el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00. “Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley”, dijo sobre la prohibición de beber alcohol en la calle, y que la policía debe sancionar y perseguir a los infractores. Ante la posibilidad de solicitar la aplicación del estado de alarma en la comunidad, añadió: “La solución está en la reforma de la ley de salud pública de 1986, algo que lleva meses pidiendo el PP. Del estado de alarma hemos pasado a un estado de caos jurídico provocado por la imprudencia del Gobierno”.

Andalucía. La Junta de Andalucía, gobernada conjuntamente por el PP y Ciudadanos, rechaza el estado de alarma territorializado tal y como está redactado en la Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitios por entender que la situación actual no se ciñe a los criterios establecidos en dicha norma. “No estamos ante una situación sobrevenida porque llevamos con la pandemia un año”, explicó el jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno. “Tampoco se trata de una cuestión muy concreta que se ciña a una comunidad. El coronavirus no es específico de Andalucía, es una pandemia”.

Moreno se mostró partidario de prorrogar al menos un mes más el estado de alarma y, en todo caso, mantener una conferencia de presidentes autonómicos para consensuar la transición. La Junta, que a mediados de enero pidió adelantar el toque de queda para frenar la tercera ola, ha eliminado esta restricción de su plan de desescalada y ha autorizado la apertura de las discotecas hasta las dos de la madrugada. Moreno solo se plantearía recuperar esta restricción si el Tribunal Supremo la avalara y con un repunte considerable de contagios.

Cataluña. El Govern en funciones considera que la evolución epidemiológica en la comunidad “va por buen camino” y entiende que no hacen falta más limitaciones que un máximo de seis personas en las reuniones y aforos reducidos, aunque relaciona las futuras medidas a la evolución epidemiológica. “No necesitamos ninguna medida adicional urgente [para controlar la transmisión de la pandemia], si llega el caso, se abordará”, dijo la semana pasada el president en funciones, Pere Aragonès.

Comunidad Valenciana. La Generalitat valenciana sostiene que las medidas vigentes en el territorio son suficientes para controlar la propagación del virus, puesto que el Tribunal Superior de Justicia ha avalado la implantación del toque de queda, incluso sin estado de alarma, y la limitación de las reuniones tanto en espacios públicos como privados. “Contamos con esa seguridad jurídica”, indicaron fuentes de la Generalitat. “No nos hace falta en este momento”, explicaron sobre la posibilidad de pedir un estado de alarma territorializado. Hace casi dos meses que la comunidad presenta la incidencia más baja de toda España.

Canarias. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, explicó el lunes que no se ha llegado a plantear la solicitud de la declaración del estado de alarma en el archipiélago, debido, según fuentes del Ejecutivo, a que los datos epidemiológicos no lo hacen necesario. “Creemos que con las medidas actuales será suficiente”.

Con información de Mikel Ormazabal, J. J. Mateo, Eva Saiz, Bernat Coll, María Fabra y Guillermo Vega.