El fiscal carga contra el PP en el juicio sobre la caja b: “Se benefició de los pagos en b y debe responder”

Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, ha reservado para el PP las últimas palabras de su alegato final en el juicio sobre la caja b del partido conservador. “Para él [el partido] trabajaban [Luis Bárcenas, extesorero popular; Álvaro Lapuerta, su predecesor en el puesto, y Cristóbal Páez, exgerente de la formación]. El PP fue el que se benefició de estos hechos al hacer pagos en b. Debe responder por esa responsabilidad”, ha recalcado el representante del ministerio públic...

Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, ha reservado para el PP las últimas palabras de su alegato final en el juicio sobre la caja b del partido conservador. “Para él [el partido] trabajaban [Luis Bárcenas, extesorero popular; Álvaro Lapuerta, su predecesor en el puesto, y Cristóbal Páez, exgerente de la formación]. El PP fue el que se benefició de estos hechos al hacer pagos en b. Debe responder por esa responsabilidad”, ha recalcado el representante del ministerio público este jueves, tras desgranar durante cerca de dos horas todas las pruebas e indicios que se han presentado en el juicio contra la fuerza política de Pablo Casado, acusada como responsable civil subsidiaria por la reforma con dinero negro de su sede nacional, en el número 13 de la madrileña calle de Génova.

Este jueves ha arrancado la fase definitiva de la vista oral, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 8 de febrero. Las partes han empezado a exponer al tribunal sus conclusiones finales. La Fiscalía ha asumido el primer turno, que ha aprovechado para ratificar su tesis: existía una contabilidad paralela dentro del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta, de donde sacaron dinero para la compra de acciones de Libertad Digital y para pagar parte de la obra de su sede. Esta forma de operar queda reflejada en los papeles de Bárcenas, publicados en enero de 2013 por EL PAÍS y a los que Anticorrupción otorga credibilidad: “Esos documentos son reales porque recogen, al menos en parte, información veraz y reflejo de una realidad con trascendencia penal”.

Aunque Romeral ha puesto en duda la palabra de Bárcenas, ha asegurado que numerosas pruebas han permitido corroborar que parte de su declaración es cierta. “Ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en diferentes momentos. Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio y a valorar solo lo que corroboramos por otros hechos”. “Pero, al menos una parte son reales”, ha dicho Romeral. Y, en su opinión, lo demuestran los diferentes testigos que han admitido los pagos reflejados en la contabilidad paralela del extesorero: como el empresario Santiago Lago Bornstein y cinco ex altos cargos del PP, los propios Bárcenas y Cristóbal Páez, así como el exsenador Luis Fraga y los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre.

El ministerio público también ha subrayado que la Policía y los peritos de Hacienda pudieron comprobar cómo se “pasaban fondos de la contabilidad b a la contabilidad a” del PP: se troceaban presuntamente donaciones de empresarios recogidas en la caja b que superaban el límite legal y se ingresaban en cuentas bancarias del partido. Y cómo “se han confirmado los pagos [en b] a Unifica”, la empresa que reformó la sede de Génova 13. “Esos manuscritos los hizo Bárcenas”, ha remarcado Anticorrupción sobre los papeles del extesorero, a los que también ha restado cierto “valor contable” por sus “deficiencias” y la “torpeza” con que se confeccionaron.

La reforma de Génova 13

El relato de Romeral deja en evidencia al PP, alojado en una sede pagada con dinero negro. El fiscal no tiene dudas al respecto. Los encargados de las finanzas del partido, Bárcenas y Lapuerta, sacaron miles de euros de la caja b —1,5 millones, según los cálculos de los investigadores— para pagar parte de la reforma de Génova 13. Todo ello, tras llegar a un acuerdo con los socios de Unifica, la empresa de arquitectura encabezada por Gonzalo Urquijo y Belén García. “Hemos encontrado presupuestos distintos para una misma obra”, ha resumido: “Dobles certificaciones y una doble facturación”.

Anticorrupción ha descrito la estrategia empleada por los acusados: “Para un mismo hecho nos encontramos con dos presupuestos, uno de mayor cuantía y otro de menor cuantía; con dos certificaciones, una de mayor cuantía y otra de menor; y, en algunos de ellos, con dos facturas, una de mayor cuantía y otra de menor. Y siempre la de menor importe era la que se contabilizaba”. Es decir, Unifica cobraba por la vía legal solo una parte de los trabajos, de los que dejaba constancia “oficial”, mientras el PP le abonaba en negro otra parte.

Como ha recordado la Fiscalía, esta tesis se apoya en las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, de los peritos de Hacienda y de los inspectores de la Intervención General del Estado (IGAE). También en los documentos intervenidos en los registros a la empresa y al partido, incluidas “facturas ficticias”; y en los papeles de Bárcenas, que recogen presuntas entregas de cientos de miles de euros a Urquijo. En este punto, el ministerio público ha hecho hincapié en una escena que ya describieron los agentes que investigaron la trama: justo cuando Bárcenas apuntaba en su contabilidad que pagaba a los arquitectos, estos acudían a las cajas de seguridad que tenían en varios bancos.

“Esos fondos había que depositarlos en algún lugar”, dijo en el juicio Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF: “Porque no se pueden tener en cualquier sitio. Es mucho dinero y era necesario disponer de dispositivos que ofrezcan seguridad y garantías”. Por tanto, “son muchos indicios los que se han visto” en la vista oral, ha recogido el guante este jueves Romeral, que ha perfilado a Unifica como una compañía que solía manejar dinero en b. El fiscal ha puesto sobre la mesa los correos electrónicos interceptados donde se “hablaba de generar dinero b o facturas para pagar menos IVA”; las “facturas ficticias”; y la existencia de una caja b dentro de la propia compañía, donde se llegó a acumular “hasta 135.000 euros”. Además, Urquijo y García tenían oculta una fortuna millonaria en el extranjero que regularizaron en 2012 y sobre la que, a preguntas de las acusaciones, se negaron a explicar su origen.

Según ha añadido la Abogacía del Estado, que también ha tomado la palabra este jueves para su alegato final, Unifica “enmascaraba la realidad” con “documentación doblada” y “facturas ficticias”. Para, de esta forma, “ocultar sus ingresos” a Hacienda.

Los sobresueldos

Durante su exposición, Romeral ha evitado pronunciarse sobre los supuestos sobresueldos entregados a exdirigentes del PP, ratificados por Bárcenas en su declaración y negados por los señalados. El ministerio público no ha querido mojarse: “No estamos en disposición de decir si son o no reales. Nos debemos abstener. No entramos a verificar esa parte. No podemos afirmar que sean falsas esas afirmaciones que se vierten en esos documentos, o no lo sean. No han sido objeto de investigación y ahí lo hemos dejado. Cada uno puede tener sus sospechas”.

Reproche a las acusaciones populares.

La intervención del fiscal Romeral ha comenzado con el punto de mira fijo en las acusaciones populares, críticas con el papel jugado por Anticorrupción en esta investigación. “Entendían que no acusábamos lo suficiente”, les ha echado en cara. “Pero no era ninguna actitud timorata la del Ministerio Fiscal, sino sujeta a los principios de la Constitución. Digo esto porque este miércoles presenciábamos un cambio en las conclusiones de las acusaciones populares, que retiraron aquellos hechos que en su momento nos reprochaban que no eran objeto de nuestra posición”, ha recordado. “No podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían. No nos mueve ningún interés de parte”, ha sentenciado.