El fin del estado de alarma en mayo enfrenta a Gobierno y autonomías

Dos frentes amenazan la cogobernanza de la pandemia: la vacunación y el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Los presidentes autonómicos consultados aseguran que se enteraron del fin de la norma que ha amparado, entre otras medidas, el toque de queda, por la rueda de prensa de Pedro Sánchez el pasado martes. Para Alberto Núñez Feijóo, el fin del estado de alarma les aboca a “un doble...

Dos frentes amenazan la cogobernanza de la pandemia: la vacunación y el fin del estado de alarma el 9 de mayo. Los presidentes autonómicos consultados aseguran que se enteraron del fin de la norma que ha amparado, entre otras medidas, el toque de queda, por la rueda de prensa de Pedro Sánchez el pasado martes. Para Alberto Núñez Feijóo, el fin del estado de alarma les aboca a “un doble salto mortal” y a que las restricciones que impongan a partir de entonces puedan anularse en los tribunales. El líder del PP, Pablo Casado, reclama un plan jurídico alternativo, pero el Ejecutivo lo descarta: “No hay que modificar la legislación”.

El presidente del Gobierno decidió comparecer él mismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes porque había dos buenas noticias para compartir. Por un lado, anunció que a finales de agosto el 70% de la población (33 millones de personas) estará vacunada en España. Por otro, que, si nada se tuerce, el 9 de mayo concluirá el vigente estado de alarma. Pero en apenas 24 horas se han disparado los conflictos con los gobiernos autonómicos, molestos, sobre todo, por enterarse al mismo tiempo que el resto de españoles del plan para poner fin a la legislación de emergencia que ha amparado, por ejemplo, el toque de queda vigente desde el 25 de octubre.

El PP se abstuvo entonces en el Congreso en la prórroga por seis meses del actual del estado de alarma —y en las prórrogas quincenales del decretado en marzo de 2020 al inicio de la pandemia utilizó los tres votos posibles: sí, no y abstención—. Su líder, Pablo Casado, se ha referido a menudo a la medida como una fórmula de “Estado de excepción encubierto”, aunque en los últimos días, preguntados sobre ello, tanto la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, habían evitado aclarar si apoyarían una nueva prolongación: “Ya se verá”.

La dirección nacional del PP recuerda que Casado ya planteó a Sánchez la necesidad de elaborar un plan b jurídico, alternativo al estado de alarma, que supondría modificar el artículo 3 de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, para limitar las entradas y salidas de zonas afectadas por el virus y controlar el movimiento de personas. “Tras 100.000 muertos, Sánchez sigue rechazando nuestra ley contra pandemias. Prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías”, insistió el miércoles el líder del PP.

El Ejecutivo descarta ese plan alternativo. La vicepresidenta Carmen Calvo trató de zanjar el miércoles el asunto: “No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. Lo tenemos ensayado, y con buena respuesta de nuestros tribunales, como la que ha dado el Tribunal Supremo no hace más de 10 días. Estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma”. Pero sus palabras no han convencido a todos los responsables autonómicos.

“Doble salto mortal”

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de abocar a las autonomías a “un doble salto mortal” con el fin del estado de alarma porque carecen de una “alternativa jurídicamente sólida para seguir gestionando la pandemia”. “No hay ninguna legislación específica para poder tomar decisiones como la limitación de movimientos, el cierre de actividades económicas y la limitación de derechos fundamentales”, insistió. Feijóo teme que las decisiones que tomen a partir de ese momento sean anuladas por los tribunales de justicia, critica que el Gobierno recurra al Constitucional la Ley de Salud que han aprobado en Galicia y reclama que se analice artículo por artículo en la comisión mixta cuáles se consideran anticonstitucionales, sobre todo ahora que considera que dicha ley les ayudaría a afrontar la pandemia una vez concluya el estado de alarma.

Tanto Feijóo como los presidentes de Andalucía y Madrid, ambos del PP, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, del PNV, urgen a una conferencia de presidentes autonómicos para analizar los pasos a seguir a partir del 10 de mayo. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, también se mostró sorprendido por el anuncio de Sánchez — “no hubiera estado de más una llamadita”, dijo— aunque se mostró partidario de “abrir España” y empezar a “convivir” con el virus.

Entre las comunidades gobernadas por el PSOE la preocupación es menor. La presidenta de Navarra, María Chivite, recordó que ni a su Gobierno ni al Ejecutivo central les ha “temblado el pulso” a la hora de tomar decisiones para limitar el avance de la pandemia. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, opinó que el estado de alarma no podía prolongarse mucho más tiempo.

El otro frente abierto es el de las vacunaciones. El Gobierno lanzó este miércoles un aviso preventivo a las comunidades autónomas después de que se conociera que el consejero de Sanidad madrileño, Enrique García Escudero, contactó por su cuenta con proveedores de la vacuna rusa Sputnik y que su homóloga en Castilla y León, Verónica Casado, suspendiese la vacunación con AstraZeneca en la región. Carmen Calvo fue tajante: “Las decisiones de qué vacunas, con qué criterios sanitarios y qué calendario corresponden al Consejo Interterritorial y eso está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma”. Fuentes de la Junta aseguran que su consejera de Sanidad comunicó su decisión a primera hora de la mañana a la ministra de Sanidad y que esta le respondió que era de su competencia. El ministerio no facilitó a este diario su versión sobre dicha conversación.

La Junta de Castilla y León decidió paralizar cautelarmente la vacunación con AstraZeneca, la que se suministra a menores de 65 años y colectivos como docentes o policías, después de que un cargo de la Agencia Europea del Medicamento percibiese “vínculos” entre dicha vacuna y casos de trombos. El regulador farmacéutico europeo aseguró el miércoles que los coágulos de sangre deben ser incorporados como “efectos secundarios muy raros”, pero considera que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen siendo “mucho mayores” que los riesgos. Tras discutirlo en el Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron el miércoles por la noche suspender la vacunación con dosis de AstraZeneca en menores de 60 años, de forma que la reciban únicamente las personas de edades comprendidas entre los 60 y los 65. Castilla y León reanudará “en las próximas horas” la vacunación de ese colectivo con esas dosis.

Calvo contra Ayuso: es “ridículo” negociar “unilateralmente”

En cuanto a los contactos del consejero de Sanidad madrileño con proveedores de la vacuna rusa Sputnik, la vicepresidenta Carmen Calvo tildó de “ridículo” que una comunidad negocie “unilateralmente” asuntos relacionados con las vacunas cuando la Unión Europea defiende que es mejor que los Estados miembros no lo hagan “por su cuenta”.

La mayoría de autonomías niegan reuniones paralelas y defienden la estrategia europea. El presidente gallego reprendió, sin citarla, a Isabel Díaz Ayuso: “No se pueden comprar vacunas no autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y sin notificárselo al Consejo Interterritorial de Salud”.

El presidente valenciano, Ximo Puig, negó que su reunión con representantes de Janssen fuese para “negociar nada”. Los casi dos millones de vacunas de los que habló son los que llegarán a la comunidad por el reparto proporcional de habitantes firmado entre la Unión Europea, declaró en la SER.

Con información de Juan Navarro y Ferran Bono.