Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, deja el partido tras la querella de la Fiscalía por fraude en subvenciones

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha presentado este miércoles su baja del partido tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía había presentado una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones percibida en 2016. El juez en excedencia, sin embargo, sí va a mantener su acta como diputado y pasará al grupo de no adscritos, tal y como ha confirmado él mismo en ...

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha presentado este miércoles su baja del partido tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía había presentado una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones percibida en 2016. El juez en excedencia, sin embargo, sí va a mantener su acta como diputado y pasará al grupo de no adscritos, tal y como ha confirmado él mismo en un comunicado enviado a Europa Press.

Serrano asegura en la nota que toma estas decisiones “para evitar que la necesaria labor de regeneración que necesita Andalucía y que abandera Vox se vea manchada por las acusaciones” de las que, dice, está “siendo víctima”. La decisión de mantener su acta como diputado no era la esperada por sus ya excompañeros de formación, según las fuentes consultadas por este diario, que daban por hecho que también renunciaría a su escaño.

El exlíder de Vox en Andalucía pasará a acompañar a otra antigua miembro de su partido, Luz Belinda Rodríguez, que también abandonó el grupo parlamentario y se dio de baja de la formación ultra tras denunciar acoso laboral.

La salida del que fuera cabeza de lista por la fuerza de extrema derecha en Andalucía no altera la aritmética parlamentaria que permite al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos mantenerse en el poder con el sustento de los de Santiago Abascal. Los 10 diputados que mantiene Vox serían suficientes para consolidar la mayoría absoluta de 55 escaños, que sumarían los 26 del PP y los 21 de Cs.

Serrano ha resultado ser una persona incómoda para el grupo parlamentario de Vox desde el inicio de la legislatura. La extrema derecha aprovechó el relativo tirón mediático del también juez para su estreno electoral en Andalucía, donde en contra de todo pronóstico obtuvo 12 escaños en el Parlamento autónomo. Desde el principio, Serrano fue desplazado de los asuntos de la gestión diaria del grupo, pese a ocupar la presidencia del mismo, mejor remunerado que el resto de los cargos. Es el abogado cordobés Alejandro Hernández el que lleva el peso del trabajo parlamentario y las negociaciones tanto con el Gobierno como con el resto de los grupos parlamentarios.

Vox llevaba toda la mañana buscando una salida para Serrano a raíz de conocerse la decisión de la Fiscalía de querellarse contra él. Lo hablado era que Serrano presentaría en el Registro del Parlamento su renuncia al acta de diputado a las cinco de la tarde. En un breve comunicado, Vox afirma que “respeta la decisión del señor Serrano y se han comprendido sus explicaciones. Y del mismo modo le deseamos suerte en el proceso al que se enfrenta a partir de ahora”. También le agradece el “trabajo realizado” y acepta la decisión de mantener el escaño.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha anunciado esta mañana la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia regional contra Serrano y un antiguo socio por un presunto fraude de subvenciones por unas ayudas públicas de 2,5 millones de euros que ambos percibieron en 2016 por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de Mariano Rajoy, para la puesta en marcha de un proyecto empresarial que jamás se realizó. Lo que reprocha la Fiscalía no es tanto que percibieran esa cantidad y no la devolvieran como el hecho de que presuntamente hubieran falseado el capital social de la sociedad para conseguir todo ese dinero.

El 30 de marzo de 2016 Serrano constituyó, junto a su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz, la sociedad limitada Bio Wood Niebla, con un capital social de 1,2 millones de euros. A través de esa entidad solicitaron al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una ayuda para instalar la localidad onubense de Niebla una fábrica de pellets (prensado a base de madera). El proyecto recibió el 1 de diciembre de ese mismo año una subvención pública de 2,5 millones de euros a devolver en 10 años, con tres de carencia. La investigación practicada por la Fiscalía de Sevilla en noviembre de 2019 concluyó que “no consta la realización del proyecto comprometido para la fabricación de pellets para la que se solicitó la ayuda, ni el reintegro del préstamo”.

Más ruido que propuestas

Serrano concurrió a las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018 como cabeza de lista, repitiendo el puesto que ya había ostentado en 2015, cuando Vox era una formación residual en la que sus ideas radicales sobre el feminismo tenían un buen acomodo. Con ese discurso apoyado en los extremos y en una campaña en la que se volcaron los líderes nacionales de la formación ultra, sabedores de que era el mejor laboratorio de pruebas para el asalto al resto del país, la extrema derecha consiguió por primera vez desde la recuperación de la democracia tener representación parlamentaria.

Sin embargo, la figura del polémico juez se fue diluyendo rápidamente en el seno de su propia formación, repleta de diputados sin experiencia y, a priori, sin el tirón mediático del magistrado. En este año y medio de legislatura, más allá de declaraciones de tono grueso, la mayor relevancia en términos políticos ha sido su petición en febrero del año pasado para que la Junta entregara la relación de todos los trabajadores, con nombres y apellidos, de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Una medida que fue rechazada en esos términos estrictos por la mesa del Parlamento andaluz, pero que desató una intensa polémica entre los colectivos de mujeres y la oposición por vulnerar el derecho a la intimidad y suponer una amenaza contra los profesionales que integran los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de Menores que evalúan el riesgo que sufren las víctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y quién debe tener la custodia del menor. Esta última fue una de las dianas del ya exdiputado de Vox, incluso cuando solo era magistrado.

Además de ser sustituido como portavoz del grupo parlamentario de extrema derecha, pronto se le apeó también de la comisión de Igualdad, que le proporcionaba un altavoz mediático para sus propuestas políticas en materia de violencia contra la mujer. Sus críticas en redes sociales el pasado verano contra la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba violación y no abuso sexual la agresión de La Manada a una joven en los Sanfermines de 2016 le supuso la amenaza de una amonestación por parte de su formación, quien por primera vez desautorizaba en público a su líder. Serrano publicó, entre otras muchas cosas, que “la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución”.

Tensión entre los socios de Gobierno

La marcha de dos diputados de la disciplina de Vox no pone en peligro la estabilidad de la que goza el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que preside Juan Manuel Moreno. Los tres grupos suman 57 escaños, dos más de la mayoría absoluta. Los populares tienen 26 diputados, Ciudadanos 21 y Vox, tras la reducción, 10. Desde hace una semana y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Galicia y País Vasco, Vox ha elevado el tono contra el Gobierno andaluz por lo que considera son incumplimientos del pacto de investidura. Los dardos del partido ultra se dirigen básicamente contra Ciudadanos, al que le acusan de una suerte de contorsionismo político, al virar su estrategia en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP y Ciudadanos creen que la estabilidad no está en riesgo.

En esa escalada de buscar la diferencia con el Gobierno de Moreno, Vox le ha reprochado este miércoles que haya aprobado medidas de desarrollo de la Ley de la Memoria Democrática de Andalucía o la creación de un comité de seguimiento LGTBI. “Podría pensarse que el Gobierno ha sacado pecho con medidas provocativas que se distancian de nuestros acuerdos”, ha dicho el portavoz de Vox, Alejandro Hernández.