Imputado el exdirector de Infraestructuras de Cataluña por los viajes gratis a la Champions en el ‘caso 3%’

La línea de investigación abierta en el caso 3% por los viajes gratis a la final de Champions de 2015 deja un nuevo imputado: Josep Antoni Rosell, antiguo director de Infraestructuras de la Generalitat, que ya fue señalado en 2016 en esta macrotrama de corrupción. José de la Mata, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar el próximo 2 de julio al ex alto cargo, después de que la Fiscalía lo haya pedido por haberse sumado en su día a la expedición fletada por uno de ...

La línea de investigación abierta en el caso 3% por los viajes gratis a la final de Champions de 2015 deja un nuevo imputado: Josep Antoni Rosell, antiguo director de Infraestructuras de la Generalitat, que ya fue señalado en 2016 en esta macrotrama de corrupción. José de la Mata, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar el próximo 2 de julio al ex alto cargo, después de que la Fiscalía lo haya pedido por haberse sumado en su día a la expedición fletada por uno de los empresarios implicados en la causa, Jordi Soler. El magistrado le atribuye un presunto delito de cohecho.

Según relata De la Mata en un auto, fechado este mismo martes, Rosell viajó en el avión contratado por Soler para acudir a la final de la Liga de Campeones de 2015, que enfrentó en Berlín (Alemania) al Barça y a la Juventus. El entonces director de Infraestructuras lo hizo junto a su hijo y por “invitación” del empresario, que había puesto en marcha esa iniciativa con un objetivo “comercial”, según él mismo relataba en un mensaje incorporado al caso. De hecho, también se apuntó el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que acudió al evento junto a su hija y a su entonces pareja.

“El viaje incluyó el alquiler de un avión y una furgoneta para desplazamientos desde Barcelona a Berlín y dentro de Berlín”, relata el magistrado de la Audiencia Nacional, que detalla cómo Soler costeó los gastos. Un total de 39.000 euros, que facturó a nombre de varias de sus empresas. Los investigadores sospechan que fue un obsequio del empresario a Rosell, que tenía en ese momento un “gran poder de decisión para manipular los diversos concursos públicos”. “Ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente a Convergencia, de forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas al partido, en connivencia con empresarios”, añade De la Mata.

El magistrado destaca el profundo vínculo entre Soler y Rosell. A través de sus compañías, el empresario “participaba en licitaciones de obra pública en la sociedad pública en la que Rosell prestaba sus servicios como alto directivo”. Ambos mantuvieron a lo largo de los años “múltiples encuentros y reuniones en relación con las distintas adjudicaciones”. Todo ello, mientras la trama “alteraba todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido”. Soler estaba presuntamente entre ellos.

Confirmado el archivo

Este viaje bajo sospecha ya provocó que desfilara por la Audiencia Nacional el Síndic. Ribó admitió entonces que se había sumado a la expedición, pero dijo desconocer quién la había costeado. Tras su declaración, De la Mata archivó el caso abierto contra él, pero la Fiscalía Anticorrupción pidió reabrirlo. Según el ministerio público, existe un vínculo entre Ribó y Soler, y su presencia en ese avión “no fue casual y tomada sobre la marcha”. “Si no premeditada y planificada”. Ribó ya se había sumado a otro vuelo organizado por el empresario a la final de Champions de 2009, que enfrentó en Roma (Italia) al Barça y al Manchester United.

Pero el juez de la Audiencia Nacional niega esa tesis y rechaza que se vuelva a reabrir el caso. Según De la Mata, está claro que fue Soler quien pagó el avión y decidió qué personas viajarían, pero “no ha quedado acreditada la existencia de relaciones comerciales o empresariales o contractuales” con el Síndic de Greuges. El magistrado concluye que los elementos aportados por el fiscal no permiten, “con el rigor y seriedad que exigen una imputación penal”, modificar las conclusiones que dieron carpetazo al asunto.