El PNV apoyará el ingreso mínimo vital del Gobierno a cambio de que se transfiera su gestión en Euskadi y Navarra

Vuelven a calmarse las aguas entre el Gobierno y el PNV. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, han cerrado el traspaso a Euskadi y Navarra de la gestión del ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobará este viernes. Un acuerdo que rebaja el enfado del PNV tras el pacto, la pasada semana, ...

Vuelven a calmarse las aguas entre el Gobierno y el PNV. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, han cerrado el traspaso a Euskadi y Navarra de la gestión del ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobará este viernes. Un acuerdo que rebaja el enfado del PNV tras el pacto, la pasada semana, entre el Ejecutivo central y EH Bildu para derogar la reforma laboral. De este modo, el Gobierno vasco se ahorra una parte de los 370 millones de euros que gasta en la renta social autonómica.

El PNV ha llenado “un poco más” el depósito de su confianza en el Ejecutivo central, cuando hace apenas una semana lo tenía “en la reserva”, después de esa controvertida maniobra con la izquierda abertzale para garantizarse el apoyo de esta a la prórroga del estado de alarma. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado que su partido apoyará al Gobierno de Pedro Sánchez cuando se vote en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A cambio, los Gobiernos vasco y navarro gestionarán esos fondos a través de la denominada encomienda de gestión hasta que la transferencia a ambas comunidades sea efectiva, antes del 31 de octubre, según lo pactado este miércoles.

El acuerdo refuerza la apuesta por la bilateralidad en las relaciones entre Euskadi y el Gobierno central, una de las banderas del PNV, que logra así una gran baza política a menos de dos meses de las elecciones autonómicas. El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que hará efectiva la Seguridad Social, cuya gestión también se ha comprometido a traspasar a Euskadi el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un “buen comienzo”, ha destacado Esteban, para abordar con más garantías la negociación pendiente sobre esa competencia.

Según el acuerdo, País Vasco y Navarra asumirán las funciones y los servicios correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en lo referente al Ingreso Mínimo Vital. Ese punto se incorporará al texto del decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. No es la primera vez que las instituciones vascas gestionan fondos de la Seguridad Social. Ya lo hacen las Diputaciones forales a través de una encomienda de gestión con algunas pensiones no contributivas.

Todas las personas que cumplan las condiciones y por tanto tengan derecho a cobrar el ingreso mínimo vital y la renta social vasca recibirán primero los entre 461 y 1.000 euros previstos en la nueva paga de la Seguridad Social. A partir de ahí se complementará hasta los topes establecidos por renta vasca, que van de 680 euros a cerca de 1.100 dependiendo de los miembros de la familia. De este modo, ambas pagas no se suman, sino que se complementan. El número de perceptores directos de la renta vasca hasta abril ascendió a 53.000 y de ellas se beneficiaron —teniendo en cuenta los miembros de la familia— unas 95.000 personas. En Navarra la previsión es llegar este año a unas 15.000 familias.

“Ningún vasco va a cobrar menos como resultado del despliegue del Ingreso Mínimo Vital, pero que nadie espere cobrar el doble”, advirtió ayer Estaban. El hecho es que todos los pagos del ingreso estatal a las personas que ahora cobran solo la renta vasca se descontarán directamente de los 370 millones presupuestados en Euskadi para este ejercicio, lo que puede disminuir a la mitad esa cuantía. El ingreso que va a crear el Gobierno central llegará a unas 850.000 familias con algo más de 2,3 millones de personas.

El PNV entiende que, tras esta firma, la bilateralidad en las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades de Euskadi y Navarra, “apuntala el autogobierno de los territorios históricos” y blinda los sistemas de protección social de las dos comunidades. También impedirá, argumenta, “los posibles conflictos jurídicos que podían derivarse de la colisión” entre las rentas estatal y autonómica.

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