El virus que también mata los derechos

“La policía mata más que el virus” ha sido un titular que se ha repetido al menos en dos ocasiones, en Nigeria y en Kenia, y que representa la sensación sobre la excesiva violencia de la policía para hacer respetar los toques de queda y el resto de medidas de contención de la covid-19. Las redes sociales se han hecho eco de estos atropellos y en algunos han conseguido algo poco común: que las autoridades reaccionasen y reconociesen errores, pidiesen disculpas o anunciasen investigaciones y sanciones, según los casos.

El 25 de marzo, la primera mañana después de la entrada en vigor del toque de queda, los senegaleses se desayunaron con imágenes de la contundente intervención de la policía durante la noche. A pesar de que la medida fue respetada en general, la espectacularidad de los vídeos que mostraban la violencia de algunos agentes hizo que se extendiesen rápidamente. La indignación sustituyó a la sorpresa cuando se supo que algunos de los agredidos eran sanitarios incapaces de encontrar un transporte de regreso a casa al final de su turno hospitalario. La policía no tardó en reaccionar ante el malestar. Reconoció públicamente algunas “intervenciones excesivas” y aseguró que “habían sido castigadas con todo el rigor”.

A medida que han ido pasando los días y la pandemia se ha ido extendiendo, unos Gobiernos han optado por el confinamiento y otros, por los toques de queda. Estas medidas han generado constantes tensiones entre las autoridades y la ciudadanía, a menudo, porque esos ciudadanos defienden sus recursos de subsistencia más básicos. Aunque establecer una clasificación es complicado, las situaciones más violentas parecen haberse producido en Nigeria y en Kenia. En ambos casos, se ha repetido la temida sentencia: “Mata más la policía que el virus”. El 15 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nigeriana señalaba en un informe que hasta el día anterior se habían registrado 18 muertes a manos de diferentes cuerpos de seguridad en el marco de las medidas de restricción de movimientos por la covid-19. El informe alertaba que el virus había provocado 11 víctimas. El secretario general de la organización, Tony Ojukwu, insistía unos días después en una entrevista que “los desafortunados incidentes provienen de funcionarios indisciplinados que desobedecen las órdenes, pero actualmente nos están costando más vidas que el coronavirus”.

Una situación parecida se produjo en Kenia, donde las denuncias dibujan uno de los escenarios más violentos. La investigadora y analista, Nanjala Nyabola publicó el 10 de abril un balance en Al Jazeera que comenzaba de manera demoledora: “Se cumplen dos semanas desde que empezó el toque de queda por la covid-19 en Kenia y, hasta ahora, la policía ha matado a más personas que la enfermedad”. Después repasaba los atropellos documentados a través de las redes sociales. “Kenia ha otorgado a la policía mayores poderes de orden público”, continuaba, “(…) pero aparte de los sistemas formales, la policía también ha sido gravada utilizando castigos corporales arbitrarios y gases lacrimógenos sin aparente amenaza, lo que, por supuesto, es ilegal”. Nyabola se refería a los 12 muertos confirmados por diferentes organizaciones como consecuencia de la violencia policial, frente a las 10 víctimas provocadas por el virus.

Dos semanas después de que empezara el toque de queda por la covid-19 en Kenia, la policía había matado a más personas que la enfermedad

El choque entre la ciudadanía y las autoridades ha sido también virulento en Sudáfrica, uno de los primeros países africanos en los que se sintió la epidemia y, todavía hoy, el que ha experimentado más contagios. El Gobierno decretó un confinamiento total de 21 días a partir del 26 de marzo, pero en el cóctel se incluía una banalización de la enfermedad a pesar del número de casos y las dificultades económicas de una buena parte de la población para respetar el bloqueo. Los resultados fueron numerosos episodios de confrontación y escenas de violencia policial y de tratos vejatorios que se trasladaron a las redes. Aunque los mensajes, en algunos casos, justificasen la acción policial, acabaron generando la sensación de excesos que desencadenó la denuncia y esa afirmación lapidaria, sobre todo en los suburbios, de “le tenemos más miedo a la policía que al coronavirus”, que algunos medios recogieron.

Ese paso que va de la justificación de la violencia por la indisciplina de los ciudadanos, a la indignación por los abusos se ha repetido en diferentes países y se ha reflejado en las redes. Al margen del tono, las imágenes de excesos policiales se han reproducido en distintos puntos del continente, desde Costa de Marfil hasta la República Democrática del Congo, pasando por Senegal, Zimbabue, Angola o Uganda. Además de los abusos, los excesos y la violencia, las redes han denunciado prácticas de las autoridades que por sí mismas suponían un riesgo de contagio, como el hacinamiento de un centenar de personas en unas dependencias policiales de Kampala después de haber sido detenidas por incumplir el toque de queda.

Samira Sawlani es una periodista y analista especializada en África Oriental que ha documentado los abusos policiales. “Hemos visto o escuchado”, comenta Sawlani, “incidentes en Kenia, Uganda, Sierra Leona, RDC, Somalia... No ocurren todo el tiempo y a veces son episodios aislados, pero creo que surgen de la impunidad. En mi opinión, hay policías que sienten que pueden cometer estos actos sin consecuencias”. La periodista recuerda que, a pesar de esa sensación, algunos de los autores de atropellos han sido castigados. Apunta igualmente otro factor: “Los agentes saben que, en muchos casos, los ciudadanos no conocen sus derechos, porque cuando los Gobiernos anunciaron las medidas, no siempre mencionaron cuál sería la sanción”.

Lo cierto es que el efecto de la difusión de estas denuncias e imágenes ha sido tan inusual como inmediato y los cuerpos de policía de muchos de los países afectados han condenado los episodios, han expuesto a sus autores como incontrolados y han anunciado investigaciones y sanciones. Al ya mencionado reconocimiento en Senegal, se unían, por ejemplo, las autoridades marfileñas que aseguraban que “se aplicaría el toque de queda respetando los derechos humanos”. Otras reacciones como la de la policía keniana han sido tibias y después de reconocer unos hechos “lamentables” en los que los agentes persiguieron y golpearon a ciudadanos en Mombasa antes del toque de queda, recordaron que “cuando se dan instrucciones para un toque de queda, hay que cumplirlas”. Con más firmeza, las autoridades ghanesas anunciaron la suspensión de un soldado mientras se investigaba una agresión a un civil.

Habitualmente es difícil establecer la relación entre las denuncias públicas, esas que en estos casos se han hecho a través de las redes sociales, fundamentalmente, y las decisiones de las autoridades. A los propios responsables policiales no les gusta reconocer que, en realidad, sus medidas son reacciones. Sin embargo, durante estos episodios la relación entre las denuncias ciudadanas y las respuestas policiales se han hecho evidente. Hasta el punto de que las autoridades han usado las mismas imágenes para justificar sus acciones. Por ejemplo, la cuenta de Twitter del Gobierno de Benin compartía un vídeo de un policía agrediendo al conductor de una moto y su pasajera para añadir que no toleraría “los excesos policiales en el marco de la respuesta a la covid-19”. En la misma línea, la policía nigeriana ha compartido en diversas ocasiones durante esta crisis vídeos de agresiones cometidas por sus agentes, para expresar su rechazo o para anunciar las acciones disciplinarias, incluso identificando a los autores.

Por otro lado, diversas fuentes han denunciado que la excepcionalidad de las medidas de prevención está siendo aprovechada por las autoridades para atacar a diferentes colectivos. En Guinea, el movimiento ciudadano que se opone al tercer mandato del presidente Alpha Conde ha lanzado la voz de alarma sobre la instrumentalización de las medidas de prevención por parte del Gobierno. En Uganda, uno de los países africanos con una legislación más dura contra la diversidad sexual, la policía detuvo a una veintena de miembros de una comunidad LGBTIQ acusados de propagar el virus por no respetar el distanciamiento físico. Y en medio de confinamientos o toques de queda, se han producido desalojos de asentamientos informales en Nairobi, Adís Abeba o Ciudad del Cabo, dónde un juez obligó a revertir la situación, que también han sido documentados y denunciados públicamente en las redes sociales.

La analista Samira Sawlani enumera algunos de los episodios en diferentes países del continente en los que durante las últimas semanas se han vulnerado derechos fundamentales a la sombra de las medidas de prevención de la covid-19, y concluye: “Creo que se puede se puede asegurar que hay regímenes que se están aprovechando de la situación”. Sin embargo, la periodista mantiene una ventana de esperanza: “Creo que las redes sociales son una gran herramienta para mostrar lo que está ocurriendo en el terreno. A veces las denuncias son efectivas, pero no en todos los casos. Hay un ejemplo que me parece muy claro: en marzo, un niño de 13 años fue asesinado a tiros por la policía, en Mathare, en Nairobi; los kenianos acudieron a las redes sociales para protestar y la fiscalía ha abierto una investigación”.

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