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Tribuna

¿Dónde queda la Agenda 2030 en el nuevo Gobierno?

No cabe duda de que la Agenda 2030, cuyo perfil político se elevó en la anterior legislatura, goza de un lugar destacado en el nuevo Ejecutivo. No obstante, existe riesgo de reducción y fragmentación

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante la tercera sesión de investidura el pasado 7 de enero, con el pin de los ODS en la solapa.Victor J Blanco (GTRES)

Esta semana hemos estrenado el Consejo de Ministros del primer Gobierno de coalición en el actual período democrático, al que han sido convocados 11 ministras y otros tantos ministros, así como cuatro vicepresidentes. Se trata, sin duda, de un gobierno amplio (en carteras y vicepresidencias) si lo comparamos con los de los anteriores ejecutivos, lo que podría sugerir un buen número de solapamientos (al menos en potencia) y un importante reto en materia de coordinación.

Una de las áreas en la que se da un cambio institucional importante es la de la Agenda 2030. Aunque esta se refiere, esencialmente, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la asamblea general de Naciones Unidas de 2015, bajo esta etiqueta se suelen empaquetar, también, la agenda de cambio climático y la de financiación global del desarrollo. Se trata pues, recordémoslo, de una agenda de desarrollo en el sentido más amplio de la palabra (económico, social, medioambiental, político), llamada a moldear el conjunto de las políticas tanto internas como externas.

España se sumó a esta agenda de forma proactiva, ya desde su gestación, en los años previos a 2015, y bajo la presidencia del gobierno de Rajoy. En aquellos años se creó una embajada en misión especial para la Agenda 2030, dependiente de la secretaría de Estado con responsabilidades en cooperación internacional, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su ubicación institucional definía por lo tanto una fuerte vinculación con la política de cooperación internacional para el desarrollo, que podía, si acaso, extenderse a otros planos de la política exterior.

Con el presidente Sánchez en la Moncloa, además de mantener la embajada en misión especial, se creó un Alto Comisionado para la Agenda 2030, con rango de subsecretaría de Estado y dependiente de Presidencia del Gobierno. Esta opción posiblemente respondía de mejor manera al espíritu de la Agenda 2030, de carácter transversal y con vocación de transformación del conjunto de la acción interior (desde el modelo de crecimiento económico hasta la igualdad de género) y exterior (la ayuda al desarrollo, sí, pero también la paz o la acción por el clima).

En los meses de actividad del Alto Comisionado se multiplicaron las referencias a los ODS en el discurso oficial. La ya conocida rosca de 17 colores (uno por cada ODS) proliferó en las solapas de los representantes del Gobierno y de la Administración

En los meses de actividad del Alto Comisionado, se produjo un giro importante hacia una comunicación whole-of-government (todo el Gobierno) de la Agenda 2030. Se multiplicaron las referencias a los ODS en el discurso oficial. La ya conocida rosca de 17 colores (uno por cada ODS) proliferó en las solapas de los representantes del Gobierno y de la Administración, en perfiles de Twitter de ministerios varios (incluido el de Hacienda), y en la cartelería que acompaña la rueda de prensa posterior a los Consejos de Ministros.

Sin embargo, también surgieron dudas sobre la capacidad transformadora que se le podía exigir a una institución con escasos presupuesto y recursos humanos, y con rango inferior al de los ministerios cuya acción política estaba llamada a coordinar, o incluso moldear. Asimismo, la prevalencia de los ODS y de la Agenda 2030 en el discurso del partido en el gobierno contrastó con su ausencia en la narrativa de los otros principales partidos del arco parlamentario, mostrando el poco recorrido que estaba teniendo esta agenda, en España, como política de estado.

Podría decirse que en el actual Ejecutivo, la Agenda 2030 sube de rango institucional, de un Alto Comisionado a una vicepresidencia, o incluso a dos (según se mire), lo que supondrá también, previsiblemente, un cambio en términos presupuestarios y de personal. Sin embargo, surgen también nuevos retos. En primer lugar, la agenda se ubica formalmente en asuntos sociales, lo que podría leerse como un cierto paso atrás conceptual, hacia una definición más estrecha, y exclusivamente social, del desarrollo (más propia de los ya superados Objetivos de Desarrollo del Milenio que de los ODS). El avance que supusieron los ODS, respecto de los ODM, al reconocer la vinculación entre el sistema social y sus contextos económico, medioambiental y político, podría verse limitado si la aplicación de la Agenda 2030 en España se atrincherara en una vicepresidencia de contenido exclusivamente social y desvinculada de la acción económica (que en más de una ocasión tendrá que responder a otros objetivos, quizás incluso contrarios al espíritu de los ODS).

En segundo lugar, además del riesgo de reducción, está el de fragmentación. Entre los debates y dilemas que precedieron el diseño y aprobación de los ODS estuvo el de la pertinencia de fusionar las agendas de desarrollo y climática (como finalmente ocurrió). Los detractores de esta opción temían que la agenda climática acabara canibalizando la de desarrollo, relegando a un segundo plano los objetivos sociales. Y es que la coexistencia con la denominada vicepresidencia verde podría llevar a una competición entre la agenda climática y la de desarrollo social.

En definitiva, no cabe duda de que la Agenda 2030, cuyo perfil político se elevó en la anterior legislatura, goza de un lugar destacado en el nuevo Ejecutivo. No obstante, también existe un riesgo de reducción, por una parte, y de fragmentación, por otro, de la acción política necesaria para su cumplimiento. La gestión de este riesgo requerirá esfuerzos ingentes de cohesión y coordinación.

Iliana Olivié es investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

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