La Agenda 2030 demanda un Parlamento más flexible

Hace más de dos años que se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en España aún está casi todo por definir, desde la estrategia política hasta la arquitectura institucional. Una de estas áreas pendientes es el papel que el Congreso de los Diputados debe desempeñar en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un cometido como parlamento nacional que Naciones Unidas, en su declaración sobre la Agenda 2030, considera de especial relevancia en el cumplimiento de los objetivos.

A principios de curso, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, se comprometía en un acto público con la sociedad civil a impulsar las medidas necesarias para que el Parlamento “juegue el papel que tiene asignado en la implementación y supervisión de la Agenda”. Pero pocas propuestas han surgido desde la propia Cámara para llevar las palabras de Pastor a la práctica.

Quizá la única destacable es la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el mes de diciembre para orientar al Gobierno en la definición de la estrategia española para el cumplimiento de la Agenda. Esta iniciativa es relevante porque cuenta con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, lo que muestra un consenso no tan habitual en la cámara baja.

Además, es ciertamente ambiciosa en las exigencias que hace al Ejecutivo. Pide medios y presupuesto para el Grupo de Alto Nivel recientemente creado por el Gobierno para la implantación de los ODS, la definición de indicadores y prioridades para España dentro de la Agenda, una coordinación territorial y una redefinición flexible de la estructura del Gobierno cada vez que sea necesario para el cumplimiento de la misma.

Sin embargo, no están presentes en la PNL los deberes que debe hacer el Parlamento en el rediseño de su estructura para participar con mayor flexibilidad en la implementación de la Agenda. La PNL menciona la inclusión de una memoria de impacto que acompañe a toda normativa que se tramite en el Congreso, una medida indispensable, pero no hay mención a la reorganización institucional de la Cámara. Tampoco está presente en cualquier otra iniciativa surgida hasta ahora en el Congreso.

Es evidente que la estructura actual del Congreso, con comisiones temáticas aisladas unas de otras, no facilita trabajar en la implantación de una Agenda multidisciplinar con unos ODS transversales, interconectados y permeables. Establecer que, por ejemplo, una iniciativa sobre la sequía en España —relacionada con los objetivos de Energía (ODS 7), de Agua (ODS 6) o de Producción y Consumo Responsables (ODS 12)— vaya a ser debatida en una única comisión —la de Agricultura— sin comunicación con otras comisiones afectadas, es no haber entendido la ambición y el carácter integrado de esta Agenda.

Una respuesta, provisional pero efectiva a este reto de la flexibilidad en la estructura organizativa de la Cámara puede surgir de la figura de los intergrupos parlamentarios. Unas estructuras informales que permitirían a diputados adscritos a comisiones de distintas temáticas compartir en un mismo foro sus enfoques sobre un determinado tema —un buen ejemplo, de nuevo, sería el de la sequía—, creando un debate interdisciplinar que encaja con la naturaleza de los ODS y con los retos que presenta su cumplimiento. Aunque es necesaria una solución más ambiciosa a largo plazo, el reloj sigue avanzando y los intergrupos parlamentarios permitirían una adaptación rápida para comenzar a cumplir con la Agenda.

Minimizar tensiones y resolver conflictos entre políticas orientadas a distintos ODS es una de las principales dificultades

Estos intergrupos ya se han puesto en funcionamiento en otros Parlamentos, desde niveles regionales a supranacionales. En el Parlament de Catalunya quedan recogidos por su Reglamento que, además de permitir la flexibilidad en su creación, se compromete a dotarlos de medios materiales y personales. También se han creado hasta 28 intergrupos en la actual legislatura del Parlamento Europeo, que reciben apoyo económico y material, y que tratan temáticas que versan desde la biodiversidad del planeta hasta el envejecimiento de la población o la regulación de las pymes. Estos intergrupos, desde los catalanes hasta los europeos, no han sido empleados por el momento para la implementación de la Agenda 2030, pero su adaptación a esta senda es enormemente sencilla por la naturaleza de los mismos.

El único trámite para formar un grupo así en el Congreso es comunicar el inicio de sus trabajos. Este carácter ágil, flexible e informal parece el adecuado para facilitar los debates políticos necesarios para la implementación de la Agenda. Para que esta informalidad no perjudique la transparencia de los debates que se produzcan, los grupos parlamentarios participantes deberán comprometerse con unos rigurosos estándares de publicidad, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Su potencial es enorme para asegurar la coherencia entre las iniciativas tramitadas en la propia Cámara. Minimizar tensiones y resolver conflictos entre políticas orientadas a distintos ODS es una de las principales dificultades políticas que plantea la Agenda 2030. Aunque los avances en desarrollo sostenible promovidos por una Comisión se vean entorpecidos por las iniciativas de otra no es algo nuevo de los ODS. Por eso, en las dos últimas legislaturas han existido intentos de crear estos grupos de cara a guiar la actividad parlamentaria bajo el principio de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo y evitar estas contradicciones tan dañinas para el desarrollo sostenible, pero estos intentos nunca se han conseguido llevar a la práctica.

Esta Agenda 2030 lleva la coherencia de políticas en su ADN, por lo que ofrece una inmejorable oportunidad para poner en práctica nuevas estructuras y procedimientos que eviten redundar en errores pasados. Los intergrupos pueden suponer el impulso definitivo que el Congreso de los Diputados necesita durante esta legislatura para empezar a interiorizar como propia la senda marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

María Vega es periodista e investigadora en el Centro de Investigación y Estudios de Coherencia y Desarrollo (CIECODE)

Javier Pérez es director del CIECODE

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