Desnudos ante los abusos de la globalización en el textil

El horror de Rana Plaza, el derrumbe de un gigantesco taller textil en Bangladés que costó la vida a más de 1.100 trabajadores de la confección, quedó en la imagen colectiva como uno de los abusos de la globalización. A punto de cumplirse cuatro años de aquella tragedia, la UE aún no dispone de una norma que refuerce las obligaciones de las empresas europeas en la cadena de subcontratas. La Comisión anuncia una propuesta para los próximos días. Mientras, el Parlamento Europeo se moviliza para que la iniciativa sea algo más que una declaración de intenciones.

Los datos avalan la necesid...

El horror de Rana Plaza, el derrumbe de un gigantesco taller textil en Bangladés que costó la vida a más de 1.100 trabajadores de la confección, quedó en la imagen colectiva como uno de los abusos de la globalización. A punto de cumplirse cuatro años de aquella tragedia, la UE aún no dispone de una norma que refuerce las obligaciones de las empresas europeas en la cadena de subcontratas. La Comisión anuncia una propuesta para los próximos días. Mientras, el Parlamento Europeo se moviliza para que la iniciativa sea algo más que una declaración de intenciones.

Los datos avalan la necesidad de actuar. Dos tercios de la ropa vendida en Europa se fabrica en el exterior. El sector emplea en todo el mundo a unos sesenta millones de personas (tres de cada cuatro son mujeres), muy expuestas a la vulneración de derechos laborales y humanos. El traslado de los procesos de confección a países pobres ha abaratado enormemente los productos e inyectado miles de millones en economías precarias como la de Bangladés, pero a costa de generalizar prácticas en muchas ocasiones esclavistas.

A iniciativa de Podemos, la Eurocámara promueve una resolución para que las compañías radicadas en Europa garanticen el cumplimiento de unos mínimos laborales y medioambientales en la fabricación de sus textiles en terceros países. “Pedimos que sea una norma vinculante para que las grandes empresas hagan un ejercicio de transparencia y vigilancia sobre a quién contratan. Y que esa información sea pública”, defiende Lola Sánchez Caldentey, ponente del dosier que se votará en el pleno del Parlamento el 27 de abril, coincidiendo con el aniversario del derrumbe en Rana Plaza.

Consciente de que hará falta más que una apelación a los derechos humanos para sacar adelante el proyecto, la eurodiputada de Podemos advierte del daño que estos comportamientos originan a las firmas europeas —especialmente pymes— que producen en el continente y respetan las reglas comunitarias. “No es solo solidaridad hacia fuera, sino hacia dentro”, argumenta.