La tregua incierta

Hace unas semanas, el presidente Obama anunció una acción ejecutiva que cambiará de manera significativa la vida de al menos cuatro millones de migrantes indocumentados. Esta frase, palabras más, palabras menos, se ha reproducido en cientos de notas periodísticas sobre el tema. Desde las enconadas reacciones del ala conservadora del país, que opina que Obama está abusando del poder ejecutivo al proponer unilateralmente una acción que modifica la legislación del país, hasta q...

Hace unas semanas, el presidente Obama anunció una acción ejecutiva que cambiará de manera significativa la vida de al menos cuatro millones de migrantes indocumentados. Esta frase, palabras más, palabras menos, se ha reproducido en cientos de notas periodísticas sobre el tema. Desde las enconadas reacciones del ala conservadora del país, que opina que Obama está abusando del poder ejecutivo al proponer unilateralmente una acción que modifica la legislación del país, hasta quienes desde la izquierda encomian a un presidente que, después de un prolongado letargo, por fin despertó para poner orden donde nadie más se ha atrevido a mover un dedo.

Lo que pocos se están preguntando es si la premisa “cambiará de manera significativa la vida de al menos cuatro millones de personas” es del todo cierta. La nueva reforma promete, para los migrantes llegados en la infancia, una tregua de dos años con permiso de residencia temporal y empleo. La tregua se extiende a los padres, de manera más ambigua, a quienes se les conmina de todos modos a “salir de las sombras”. La tregua de padres, según detalla el memorándum del 20 de noviembre de 2014, será dictaminada caso por caso. La acción ejecutiva de Obama no es de ninguna manera una vía para conseguir la residencia permanente ni, por tanto, la nacionalidad. “Salir de las sombras” requiere registrarse legalmente obteniendo un ITIN (equivalente a un número de identificación personal de contribuyente), pagar impuestos, poder tener una cuenta bancaria y una licencia para conducir. Pero no promete nada más. La pregunta clave es si esos cuatro millones de personas querrán que su vida “cambie significativamente” –por dos años– cuando podrían seguir trabajando ilegalmente, sin pagar impuestos, y sin correr el riesgo de que sus datos personales sean usados en su contra dentro de dos años, cuando la tregua expire.