“Lo que necesitamos es nuestra libertad”

Por un camino prácticamente intransitable porque la lluvia ha convertido la tierra en barro, se llega a la casa de madera de Luis Olmedo y Dolores Peralta, ambos de 24 años y que viven con su pequeño de dos, Jorge. Cualquiera que se acerque a su hogar, a 30 kilómetros de Curuguaty (ciudad al este de Paraguay), los encontrará allí sentados, quizá echando de comer a las gallinas o cocinando. Están bajo arresto domiciliario desde que salieron de la cárcel hace más de un año, acusados de homicidio, asociación criminal e invasión de propiedad privada, por las muertes de seis policías en los enfrentamientos que hace dos años tuvieron lugar en Marina Kue, donde ellos se habían asentado junto a otro medio centenar de familias para reclamar las tierras al Estado para trabajarlas y plantar maíz, mandioca o porote. De otro lado, una gran empresa de soja, Campos Morimbí, dice que son suyas.

Dolores pronto se echa a llorar. “Nunca en mi vida pensé que iba a pasar eso”. Recuerda aquel día con temor porque ella estaba allí con su hijo mayor que entonces tenía tres años. “Gracias a Dios no le pasó nada. Me empecé a sentir mal porque vino mucha policía, muchísima, con helicópteros y todo. Cogí al niño y me alejé con él y mi cuñada. Escondidos escuchamos el tiroteo”, acierta a recordar entre lágrimas. Con un problema crónico en su pie izquierdo que apenas puede mover cuando camina, Dolores no pudo ir mucho más lejos. La policía les encontró, les llevó a la comisaría y en dos días estaban en la cárcel. “Es muy triste. Y ahora estamos así”.

Luis sí se quedó con otros hombres para hablar con la policía. Como se hace casi protocolariamente en las habituales ocupaciones campesinas que suceden a la par que inician un proceso administrativo para que el Estado les deje trabajar la agricultura tradicional en terrenos de titularidad pública, como establece la Reforma Agraria. “Nos dijeron que no venían a hablar. Y empezó un tiroteo”, rememora. Luis asegura que cuando le cogieron y esposaron, le torturaron “muchísimo”. Como su mujer, dos días después estaba en la cárcel.

No solo perdieron su libertad, Dolores también fue separada de su hijo mayor. El padre del niño, una pareja anterior, se lo llevó y ella no ha vuelto a verlo. En la cárcel se enteró de que estaba embaraza de nuevo. Ese fue el motivo por el que, cuando el resto de campesinos apresados realizó una huelga de hambre de 58 días -entre ellos su marido- ella no pudo hacerla. “Luis casi muere, yo estaba muy asustada”, recuerda Dolores–. A ellos les soltaron bajo arresto domiciliario. A Dolores no. Estuvo presa ocho meses y, unos días después de salir, dio a luz.

Jorge, ajeno a la historia y a la posibilidad de que sus padres sean condenados a 14 años de cárcel, ríe mientras gatea por el suelo de tierra de la casa y juega con un pequeño gatito pardo que le han regalado. Cuando su madre echa de comer a las gallinas, él también quiere ayudar. “Ya tengo muchas”, dice orgullosa Dolores. Aunque ponen huevos, no es suficiente para comer. Por eso, venden combustible en la puerta de su casa. “Nos lo traen por 6.000 guaraníes [1 euro] el litro y lo vendemos por 7.000”, explica. “Ya tenemos clientela”, dice mientras acude a atender a una chica que ha parado su moto frente al puesto.

La policía ha dado recientemente un permiso a Luis para trabajar en la ganadería enfrente de su casa. El coche de la policía pasa varias veces al día, además de las dos que paran para que firmen un papel que atestigua que no han huido. Luis y Dolores responden al vehículo con un gesto de saludo levantando la mano, que significa “aquí estamos”. Con todo, gracias a ese trabajo y a la venta de combustible, tienen algún ingreso para comprar comida, aunque no pueden salir al mercado. Son los amigos los que llevan la compra y las botellas de refresco llenas de gasolina de un rosa fosforito que, de tanto en cuando, una moto para a comprar. Solo pueden abandonar la casa excepcionalmente si tienen una urgencia con el niño o si piden permiso previamente justificando la causa.

Dolores ha intentado que la dejen ir a ver a su madre, que le insiste en que vaya a su casa. “Pero no puedo”, dice secándose con la manga de su rebeca las lágrimas que han vuelto a aparecer.

¿Tenéis miedo a volver a la cárcel? “No. No tienen nada contra nosotros. ¿Qué hicimos? No es malo pedir un pedazo de tierra”, contesta Luis. Dolores no lo tiene tan claro y se queja de que han pasado dos años desde aquel 15 de junio de 2012. El día 26 todo podría cambiar. Es la fecha en la que está previsto que empiece su juicio, aunque su abogado, ONGs paraguayas y Oxfam Intermón a nivel internacional han pedido que se posponga hasta que se resuelva el proceso judicial en el que se está dirimiendo la titularidad de la tierra. Si el juez estima que Marina Kue es del Estado, no podrían condenar a los acusados de invasión de propiedad privada ni de asociación criminal para la usurpación de tierras, como sostiene la fiscalía. En cuanto a las muertes, coinciden distintos defensores de Derechos Humanos del país, no se ha podido demostrar quién mató a quién porque las armas que se presentan como prueba de que los campesinos tirotearon a los agentes nunca han sido disparadas o nunca estuvieron en Marina Kue.

“Los campesinos corrimos. Y los que se quedaron, murieron”, zanja Luis sentado junto a su esposa con la mirada perdida en el suelo. “Lo que necesitamos es nuestra libertad”, termina ella.