Las universidades privadas copan el 63% de las plazas ofertadas de máster con el impulso de los gobiernos autonómicos

A mediados de julio, en la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria ―que reúne a los directores generales con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― se expuso el número de plazas de grado o posgrado oficial (no títulos propios) que van a ofertar las universidades el próximo curso (2024-2025) y los resultados son sorprendentes: el 63% de la ...

A mediados de julio, en la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria ―que reúne a los directores generales con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― se expuso el número de plazas de grado o posgrado oficial (no títulos propios) que van a ofertar las universidades el próximo curso (2024-2025) y los resultados son sorprendentes: el 63% de la disponibilidad en máster se concentra en los campus privados. “Con este reparto ya tienen la mayor cuota de mercado. Ahora lo que necesitan es atraer a los clientes. Tienen el espacio para correr”, resume un experto universitario.

Cierto es que muchas universidades privadas, 11 menos en funcionamiento que las públicas, piden más asientos de la cuenta por si lograsen llenar; pero también es verdad que muchos gobiernos autonómicos les dan manga ancha, mientras racanean fondos a sus campus públicos, que dejan fuera a centenas de estudiantes deseosos de entrar en sus titulaciones. Aunque el deseo de impartir una enseñanza personalizada y de calidad frena también a veces a los rectorados a la hora de ampliar cupo.

El curso pasado (2023-2024), por primera vez en la historia, los matriculados en posgrados oficiales privados superaron a los de la pública: 145.300 (el 50,2%). Una diferencia mínima en porcentaje, que no se corresponde con ese 63% de las plazas disponibles en sus manos. “Hace año y medio los fondos de inversión decidieron centrarse en la FP Superior, pero ahora han vuelto a interesarse”, explica un ejecutivo que busca pelotazos. Las cifras reafirman el porqué. Aunque el crecimiento de matriculados tendrá que frenarse porque el decreto que criba la calidad de las universidades ―que hay que cumplir para no cerrar― fuerza a que la mitad de los estudiantes sean de grado. De esta forma el Gobierno ha intentado parar el enorme negocio de muchas privadas online que son como un chiringuito que oferta formaciones no regladas y de calidad dudosa.

“Se empieza a priorizar las universidades privadas y a haber una lógica concertada, dando subvenciones a las privadas”, argumenta Carles Ramiò, vicerrector de Planificación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (pública). “Ya no es simplemente que las privadas hagan negocios, no, es ayudarlas. Veo que ya es una dinámica absolutamente estructural, es terrible, porque si una cosa ha funcionado bien en España es la Universidad. Todas las públicas, hasta las más mediocres, han funcionado bien y son buenas. Con el poco dinero invertido, los resultados son excelentes”. La prueba es que su producción científica, medida en infinidad de métricas, está muy por encima de su nivel de financiación.

En una década, los matriculados de máster en centros privados se han casi triplicado, desde los 55.000 de 2015. La clave está en la enseñanza online. Mientras las instituciones públicas solo acogen a 12.000 inscritos en esta modalidad, en la privada alcanzan los 90.700. Y, sobre todo, en la sobredimensionada oferta del área de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas (son 7 de cada 10 inscritos en la privada y el 60% de la tarta total de oferta de posgrados).

Para ejercer de profesor o de psicólogo sanitario se exige un máster habilitante y las públicas, con un coste mucho menor y casi siempre más prestigio, no pueden asumir ni de lejos esa demanda, con hasta 10 solicitudes por asiento. En ciencias de la salud hubo este curso 6.000 matriculados más en la privada y 34.000 en ciencias sociales, pero cierra la brecha que tienen pocos alumnos en humanidades, ciencias e ingenierías, que requieren en muchos casos más medios para impartirse o resultan menos rentables.

Las diferencias de oferta privada entre autonomía son abismales. Para empezar, cuatro autonomías no albergan universidades privadas (Baleares, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha) y otras están arrancando. Eso explica que solo el 2% de las plazas de posgrado ofertadas en Andalucía sean privadas: solo hay una en funcionamiento (Loyola), dos empezarán las clases en los próximos dos cursos y el 24 de julio pasado se aprobaron dos. En total, cuatro nuevas en 10 meses.

La todopoderosa UNIR, a distancia, acapara casi todas las plazas de La Rioja: en el curso 2023-2024 matriculó a 45.000 estudiantes en posgrado frente a los 600 de la pública homónima (Unirioja). Esta temía que UNIR comenzase a ofrecer titulaciones presenciales en la región, pero la privada se ha comprometido a no hacerlo sin su visto bueno.

La agilidad de las privadas

En Madrid, donde los centros privados doblan a los públicos (6 frente a 13) y se concentran el 20% de los estudiantes de posgrado de España, el Gobierno autonómico ha dejado el 69% de estas plazas en manos de las privadas, no todas de calidad. A los rectores de la pública les preocupa sobre todo su infrafinanciación, pero también la apuesta regional por la privada. Los estudiantes optan por sus facultades claramente en grado ―muchas privadas se nutren de los alumnos que no entran en la pública― y algo menos en máster. Las privadas, con menos burocracia, son más ágiles en ofrecer estudios que reclama el mercado y eso les hace muy atractivas.

“El mapa global está disparatado. Se está creando una burbuja particularmente grave, que va a estallar seguro en 5, 10 o 15 años. Arrastrará a las privadas y luego a las públicas”, aseguró la rectora de la Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, en un acto en Madrid el pasado abril. “Estoy a favor de las privadas de calidad que investigan”.

El 60% de la oferta de Castilla y León es privada, como el 53% en Murcia o el 47% en Cataluña, con la peculiaridad de que la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) tiene precios públicos ―está impulsada por la Generalitat―, aunque con gestión privada.

“Lo que más me preocupa es que estamos con una pinza, la derecha nos quiere destruir [a la universidad pública], pero la izquierda, con su buenismo, también nos destruye”, prosigue Ramiò, autor del controvertido libro La universidad, en la encrucijada. “Hay que terminar con la dicotomía perversa de todo lo que no es público es privado y viceversa. No se admiten grises. Si miramos los países de nuestra tradición y entorno, Francia y Portugal, han cambiado y admiten grises. Son públicas, pero tienen la capacidad de actuar como un ente privado”.

“Estamos alimentando a las universidades privadas porque las públicas tenemos una regulación tan estricta que nos ata las manos y además, con una financiación más bien escasa, no podemos hacer nada”, sostiene Ramiò. Y pone el ejemplo de un máster habilitante en abogacía de la UPF Barcelona School of Management, una escuela de negocios privada de la Pompeu en la que está implicado. Su posgrado no tiene el precio de la pública (1.500 euros), ni de la privada (10.000), cuenta, si no 5.000 euros. “Eso nos permite tener los mejores profesionales, abogados, jueces... [al no contar con los bajos salarios de la pública] y tienen aseguradas unas prácticas con las que recuperan 3.000 euros. Pero se nos ve mal, que estamos privatizando. No se nos deja hacer maestrías por 10.000 euros que tendrían un nivel mundial”.

Ramiò alerta de que pronto está el día en el que los grandes investigadores de la pública se decanten por la privada, capaz de ofrecer mucho mejores sueldos sin ajustarse a unas tablas salariales.

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