Feijoó presenta una “EVAU común” del PP descafeinada

El curso que viene se inaugurará una Selectividad ―de nuevo vuelve a llamarse PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) menos memorística y más práctica en toda España y, además, en las 12 comunidades gobernadas por el PP, la prueba será “común”, según ha anunciado este lunes el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho en un acto en la Universidad de Salamanca ―envuelta últimamente en la controversia por la elección del ...

El curso que viene se inaugurará una Selectividad ―de nuevo vuelve a llamarse PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) menos memorística y más práctica en toda España y, además, en las 12 comunidades gobernadas por el PP, la prueba será “común”, según ha anunciado este lunes el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho en un acto en la Universidad de Salamanca ―envuelta últimamente en la controversia por la elección del polémico nuevo rector―, en el que le han acompañado seis presidentes territoriales (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Castilla y León). En realidad, se trata de un proyecto descafeinado: lo han considerado “un primer paso”. “Mientras que los contenidos no sean idénticos, no podemos poner un examen con las mismas preguntas, en el sentido literal de la palabra. Lo que sí que podemos hacer, y se ha hecho, es poner el mismo tipo de examen”, detallan en el argumentario del acuerdo. “Es decir, el mismo en cuanto a formato, saberes básicos y criterios de corrección”.

La PAU se celebrará en las mismas fechas en todas las regiones gobernadas por el PP, las notas se conocerán a la vez, y se emplearán unos criterios de corrección iguales (ya se iba a armonizar en parte para toda España). Se trata de “un acuerdo básico sobre el contenido de la prueba respetando el currículo oficial, pero organizándolo de forma que permite diseñar pruebas comunes con la misma estructura y ponderación de cada una de sus partes”, argumenta el partido. El contenido no puede ser el mismo si se respeta la parte autonómica, porque hay 18 currículums de Bachillerato distintos (el de las 17 autonomías que tienen las competencias transferidas y el del Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla) y no dedican las mismas horas a cada materia. Sorprende la firma del pacto de Canarias, que el PP gobierna con Coalición Canaria, pues en enero el partido en el archipiélago descartó esa posibilidad.

El acuerdo entre las 12 comunidades afecta a las 15 materias obligatorias (dependiendo de cada modalidad), pero no a las optativas. El motivo argumentado es que “la fase obligatoria abarca competencias y conocimientos que son considerados esenciales para los estudiantes”.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha contestado en un tuit. “Una ensoñación más del PP. No les importa la educación, solo crear ruido y polémica. España ya tiene una PAU común, que ahora es también más homogénea. Lo que plantean a destiempo solo trae más desigualdad e inseguridad para los estudiantes”. Mientras, Feijóo ha contrapuesto este acuerdo con el “desgobierno” de Pedro Sánchez, pues ellos defienden la “igualdad y la equidad”.

“Trasladaremos la EVAU común a las otras cinco comunidades autónomas para que, si quieren, puedan incorporarse a este acuerdo”, ha explicado la diputada Ester Muñoz, vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, coordinadora de la prueba. “[Queremos] que un chico de Lorca, de Ferrol, Soria o Antequera se enfrente a los mismos criterios evaluables, los mismos criterios de corrección, los mismos días de evaluación, el mismo orden de examen, los mismos días en que se conocerán las notas ―algo que nos pidió la CRUE [conferencia de rectores]―, el mismo número de preguntas, el mismo número de opciones y el mismo tipo de ejercicios y pruebas en cada uno”. Ello ha sido posible, según la parlamentaria, “usando el amplio margen que la ley deja a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias. Y se ha hecho desde la ley, con la ley y respetando la diversidad de nuestro país”.

Su “modelo” se hará llegar a las comisiones evaluadoras y a las universidades que redactan y corrigen el examen en cada comunidad, que lo aplicará como considere. El Ministerio de Educación fija el contenido del 60% del currículo (el 50% en las comunidades con lengua cooficial), por lo que para tener un mismo examen los gobiernos autonómicos del PP tendrían que consensuar un mismo contenido durante los dos cursos de Bachillerato y eso no ha ocurrido y difícilmente pasará. O tendrían que examinar solo de la proporción del temario dictada por el Gobierno, permitiendo a los bachilleres no estudiar el resto (el 40% o 50% en Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana).

“Nos dijeron que no era posible, que era ilegal e institucional y aquí estamos”, ha enfatizado Muñoz. En 2012, el Tribunal Constitucional ya rechazó un intento del Ejecutivo de regular el contenido concreto de la prueba en Cataluña: dictaminó que el Gobierno central tiene competencias para regular la prueba de acceso a la Universidad, pero limitada “al contenido básico de la misma” porque es una “competencia compartida” con las comunidades.

El PP no ha desvelado en qué fecha se celebrará la prueba, cuándo se conocerán las notas, ni cuántos días durará. Con la PAU de 2025 ya no será posible saltarse en ninguna de las 17 comunidades parte del temario y aprobar, como ocurre desde la pandemia, porque habrá un único examen, aunque podrá incluir opciones de pregunta.

Castigo a la mala ortografía

El castigo a las faltas de ortografía, penalizadas hasta ahora de forma muy distinta en las comunidades, pasa a uniformizarse el próximo curso en el plan del Gobierno central, pues la coherencia y la corrección gramática, léxica y ortográfica de los textos contarán al menos un 10% en todas las preguntas de la PAU que impliquen la redacción de textos. Los examinadores podrán consultar un documento con los criterios de corrección que tienen que emplear.

En las comunidades del PP han ido más allá y han acordado que en Lengua Castellana y Literatura II “a partir de la segunda falta, por cada una se deducirán 0,25, hasta un máximo de dos puntos”, mientras que en el resto de materias “a partir de la tercera se restarán 0,10 hasta un máximo de un punto”. Por errores en la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá restar un máximo de medio punto en estas asignaturas y un punto en Lengua.

Educación ha fijado que en la PAU la duración de los exámenes se mantiene (hora y media por examen) en todo el país y los criterios de revisión de examen son los mismos. El Ejecutivo deja, en cambio, en manos de las comisiones organizadoras de las pruebas de cada comunidad el empleo de “diccionarios, calculadoras, formularios, tablas”. En las autonomías gobernadas por el PP previsiblemente se permitirá usar los mismos materiales, pero no se ha desvelado.

Los partidos discuten mucho sobre una Selectividad única, cuando lo que realmente marca la diferencia es la nota de los centros (vale un 60% de la calificación final), inflada en muchos casos con una epidemia de sobresalientes. De media, los profesores de colegios privados ponen un 8,15 sobre 10 a sus alumnos de segundo de Bachillerato, un 8,06 en la concertada y un 7,9 en la pública. Sin embargo, este es un tema espinoso sobre el que la clase política pasa de puntillas.

No es casual que la presentación de esta “EVAU común” ―el PP ha insistido mucho en aclarar que no es única― se avanzase el pasado enero en León y se presente en Salamanca, porque Castilla y León, que encabeza los resultados españoles en las pruebas de calidad educativa PISA, históricamente se queja de que las plazas de sus carreras más demandadas (en especial Medicina) son ocupadas por estudiantes de otras comunidades con menos exigencias académicas. Por eso ha compartido su experiencia Vera García Delgado, que acaba de entrar en Fisioterapia en Salamanca, pero ha visto con “impotencia y frustración” como no lo lograban otros compañeros pese a su esfuerzo. Castilla y León mira especialmente a Canarias y Extremadura cuando critica el reparto de plazas de sus grados más demandados. Quizás por ello la presidenta extremeña, María Guardiola, no ha ido.

Lo que sorprende es que el lugar elegido sea en el Colegio Arzobispo Fonseca, dependiente de la Universidad de Salamanca, cuyo rector, José Manuel Corchado, muy próximo al PP, va a ser investigado por sus prácticas científicas dudosas. Corchado no ha asistido al acto.

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