El 45% de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese nivel educativo

El nivel académico de los padres influye de forma determinante en el nivel educativo de sus hijos. En España, “persiste la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa”, de forma que el 45% de los hijos de hogares con estudios básicos se quedan en ese mismo nivel, según un informe publicado este viernes por el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, órgano creado en 2018 por el Gobierno de ...

El nivel académico de los padres influye de forma determinante en el nivel educativo de sus hijos. En España, “persiste la transmisión intergeneracional de la desventaja educativa”, de forma que el 45% de los hijos de hogares con estudios básicos se quedan en ese mismo nivel, según un informe publicado este viernes por el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, órgano creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez cuya labor es coordinar la acción de los ministerios para lograr que la igualdad de oportunidades se cumpla en el sistema educativo.

Solo el 32% de los niños de familias con estudios básicos logra alcanzar los superiores (universidad o FP de grado superior), mientras que el 75% de los hijos de padres con estudios superiores consiguen su misma titulación, señala el informe Pobreza infantil y desigualdad educativa en España. “Más que los recursos económicos, pesan las aspiraciones que los padres transmiten a sus hijos. En las familias de clase alta se vive como una tragedia que el hijo baje en el escalafón social con una profesión de menor nivel y, por ello, se hace un sobresfuerzo si el hijo presenta dificultades educativas”, señala José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna.

Las diferencias socioeconómicas entre las familias también se reflejan en la tasa de abandono escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no llegaron a obtener el título de la ESO o dejaron los estudios una vez alcanzado ese nivel―, donde España presenta los peores resultados de la Unión Europea: un 17,3% frente al 10% de media europea. En 2019, el 29,7% de los jóvenes que abandonaron pertenecían a las familias con menor renta (concretamente, estaban entre el 20% de hogares más pobres), mientras que solo el 4,1% de los que interrumpieron sus estudios eran hijos de las familias con mayor poder adquisitivo. Lo que se traduce en que el abandono afecta siete veces más a los hijos de familias con menos recursos.

Lo mismo sucede con la repetición: un 28,7% de los alumnos habían repetido algún curso al finalizar la ESO en 2019, frente al 11% de media de la OCDE. De ellos, un 45,4% eran hijos de padres con estudios básicos, un 29,9% con medios y un 19,4% con superiores. “La alta tasa de repetición es costosa, ineficiente y desigualadora. Mantiene a los alumnos más tiempo del que deberían en el sistema educativo y no consigue nivelar la desigualdad de origen, ya que, sobre todo, cae sobre los hombros de los niños con menos recursos en casa”, señala Albert Arcarons, vocal asesor del Alto Comisionado. La repetición afecta seis veces más a los hijos de hogares con menos recursos.

Sobre el terreno, hay casos como el de Nerea, de nueve años, que no consigue concentrarse en sus deberes cuando está en casa. Vive en La Avanzada, un barrio obrero de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Cursa tercero de primaria y tiene que memorizar las tablas de multiplicar. Muchos números que debe aprender de forma mecánica a los que todavía no encuentra sentido. “En mi casa no puedo hacer esto, me da mucha pereza”, cuenta. Ella es una de los 11 estudiantes del grupo PROA+, un programa lanzado por el Ministerio de Educación el pasado septiembre destinado a alumnos vulnerables con mayor desfase curricular como consecuencia del cierre de colegios durante tres meses por la pandemia. De lunes a jueves, se queda en el colegio público Giner de los Ríos una hora extra para repasar los contenidos de matemáticas y lengua. “A veces en casa leo libros de Disney; lo hago para practicar la lectura”, dice Nerea. A su alrededor, María Díaz, trabajadora social de Save the Children, ONG a la que el colegio ha asignado el PROA+, anda de mesa en mesa ayudando al resto de niños ―entre seis y 10 años― a resolver operaciones de matemáticas. La clave son las reuniones que mantiene con cada uno de los tutores para conocer las carencias de cada uno de los chicos.

“En este colegio el 80% de los estudiantes recibe algún tipo de atención por parte de los servicios sociales, muchas familias viven en una habitación porque tienen que compartir piso con otras… estamos en una situación en la que lo primordial es que aprendan a canalizar sus emociones, lo académico vendrá después”, explica Hugo López, director del Giner de los Ríos, con 244 alumnos.

La efectividad de los programas de apoyo

Al arrancar el curso solicitaron adherirse al Plan PROA+, un programa de apoyo recuperado por el Gobierno el pasado septiembre que puso en marcha por primera vez el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2004 y que el ministro de Educación José Ignacio Wert fulminó en 2012. “Es de los pocos programas educativos que se han evaluado y existe una evidencia sólida de que funciona; los resultados de los alumnos mejoran”, explica Álvaro Ferrer, director de proyectos educativos de Save the Children.

El estudio Evaluación de PROA: su efecto sobre el rendimiento de los estudiantes, publicado en 2014 por investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, puso sobre la mesa que cuantos más años pasan los alumnos en ese tipo de programas, mayores son los avances académicos.

“Necesitaríamos que, al menos, el 30% de nuestros alumnos pudiesen seguir el PROA, pero el presupuesto que nos han asignado solo cubre a 11 niños. Tenemos muchas familias que en casa no tienen las condiciones para que sus hijos puedan hacer los deberes”, cuenta Cristina Blasco, jefa de estudios del Giner de los Ríos. “¿Cómo se van a concentrar sin un espacio tranquilo? ¿Y si a eso se suma que tiene problemas de atención?”, lanza.

En los Presupuestos Generales del Estado se ha incluido una nueva partida para que el programa se pueda mantener en 2021, 80 millones de euros, a los que se suman otros 170 millones después de que el Congreso aprobara una enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la que alegaban que la cifra inicial para “atajar una de las mayores crisis de aprendizaje que hemos enfrentado no refleja la magnitud, gravedad y prioridad del problema”. En total, 250 millones para dar apoyo a los más rezagados tras el confinamiento domiciliario.

Sin embargo, desde el campo de la investigación, diferentes informes consideran esa cifra insuficiente. “Teniendo en cuenta la magnitud del problema, es una cuantía tibia, hay que ser más ambicioso, la situación es de emergencia y hay que hacer que esos niños recuperen el vínculo con la escuela”, apunta Lucas Gortázar, coordinador de educación del think tank Esadepol. Según sus cálculos, harían falta unos 800 millones de euros para atender a los alumnos vulnerables.

Otro estudio de University College London y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) lo cifra en 365 millones. Según sus cálculos, esa cantidad serviría para atender al 40% del alumnado de primaria, secundaria, FP de grado medio y al 100% de FP Básica. Para ello, se han basado en el programa lanzado por Reino Unido para paliar los efectos educativos de la covid Pupil Premium, con el que los tutores se quedan media hora al día durante 12 semanas en horario extraescolar con grupos de cinco alumnos ―si se superan los siete se pierde la efectividad― para repasar los contenidos de matemáticas y lengua.

“Diferentes estudios han mostrado la eficacia desde el punto de vista científico de esas tutorías; los alumnos rezagados pierden el miedo a exponer sus dudas, el hecho de no entender un contenido un día en clase puede hacer que no se reenganchen el resto del curso”, indica Ismael Sanz, investigador de la URJC. Sanz advierte de que no tomar las medidas necesarias podría tener consecuencias en la economía: el hecho de que el estudiante promedio haya perdido una cuarta parte del año escolar se traducirá en una menor productividad de la población activa durante décadas. “Ese impacto negativo, que será mayor para los jóvenes de familias desfavorecidas, se traducirá en una caída de los salarios y de las tasas de crecimiento económico de 0,04 puntos porcentuales al año”, alerta Sanz.

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