Una alumna entra algo despistada en el instituto público Juan de Mairena, en San Sebastián de los Reyes, donde el próximo día 10 comenzará sus clases de Formación Profesional. Con medio rostro tapado por la mascarilla le pregunta a la directora que dónde puede entregar su matrícula. “Hoy no, se la das a tu tutor el primer día de clase, ahora márchate”, le responde la directora, Marian González, que este martes, día en el que abrieron los centros educativos tras el ...

Una alumna entra algo despistada en el instituto público Juan de Mairena, en San Sebastián de los Reyes, donde el próximo día 10 comenzará sus clases de Formación Profesional. Con medio rostro tapado por la mascarilla le pregunta a la directora que dónde puede entregar su matrícula. “Hoy no, se la das a tu tutor el primer día de clase, ahora márchate”, le responde la directora, Marian González, que este martes, día en el que abrieron los centros educativos tras el cierre por la pandemia, tenía toda la atención puesta en los preparativos. “Todo se lo debemos al personal de limpieza y a los conserjes, que van a ser los encargados de dirigir el tráfico entre los 1.360 alumnos de este centro”, explica. El suelo del instituto está repleto de flechas y en la entrada han levantado una nueva conserjería en la que una pantalla mostrará la temperatura de los estudiantes una vez rebasen la línea roja de acceso. Se pararán uno a uno frente a un termómetro digital instalado en la pared. Los que superen los 37 grados serán dirigidos a la sala de aislamiento.

Lo que más preocupa al equipo directivo son las medidas higiénicas de seguridad. “La adaptación de los temarios no es un problema, sabemos cómo hacerlo, no necesitamos que ningún político nos diga cómo dar nuestra clase”, señala José María González, secretario y profesor de matemáticas en el Juan de Mairena. Los docentes de los más de 30.000 centros educativos españoles no conocieron hasta el pasado 27 de agosto —día en que los ministerios de Sanidad y Educación se reunieron con los consejeros autonómicos de educación— las condiciones en las que trabajarán este curso. La principal novedad es que todos los alumnos de más de seis años deberán llevar mascarilla en clase.

“Ese ha sido el mayor alivio”, cuenta José María González, a quien algunos compañeros de departamento le aseguraron que acudirán al aula con un metro para cerciorarse de que se respeta la distancia de un metro y medio.

En Cataluña no pueden decir lo mismo. Allí, la mascarilla solo será obligatoria para los mayores de seis años si el centro está en una zona con alto riesgo de contagio, lo que genera ansiedad entre el profesorado (este curso el Govern reforzará las plantillas con 5.417 nuevos docentes). “No sabemos si será efectivo que los maestros de primaria vayamos con mascarilla y los alumnos no; sin esa protección ya no podemos estar seguros de que se lo tomarán en serio y mantendrán la distancia de seguridad”, lanza Gemma Porta, profesora de una escuela pública de Mollerussa, en Lleida.

En los pasillos del Juan de Mairena se respira la ilusión del equipo directivo por la “nueva normalidad” y la recuperación del cara a cara con los alumnos. También el temor por no disponer de personal sanitario en el instituto; nunca han contado con un enfermero (solo el 20% de los centros educativos madrileños cuenta con un enfermero, según datos de la Consejería de Educación). “El centro de salud más cercano a este instituto está cerrado por covid y aún no sabemos a quién nos tendremos que dirigir cuando haya un alumno con síntomas”, explica la directora. Todavía no han decidido quién será el “coordinador y responsable covid” en el centro; la normativa dice que debe ser alguien del equipo directivo.

Además del responsable covid, lo que les quita el sueño es si los seis profesores que han solicitado a la Comunidad de Madrid (que se sumarán a los 92 docentes del centro) se incorporarán el día 7, como les ha prometido el Gobierno regional, que aseguró la semana pasada que contratará a un total de 11.000 como refuerzo ante la pandemia. “Les necesitamos para cumplir con la normativa: hemos reducido de 31 a 23 [alumnos] los grupos de 1º y 2º de ESO”, explica la directora. De 3º de ESO en adelante, el 50% de los estudiantes seguirá las lecciones desde el aula y el otro 50% desde casa. Lo más urgente es ampliar la red wifi del centro y dotar a todas las clases de una cámara para retransmitir las clases en directo. “Nunca ha habido buena conexión”, reconoce el secretario. Para cubrir todos los gastos de adaptación a la pandemia, el Gobierno regional les comunicó el martes que recibirán 120.000 euros extra, que se sumarán al presupuesto anual de 170.000 para cubrir todos los gastos de mantenimiento. Esa inyección ha calmado su angustia.

Es esa preocupación, la de la incorporación de nuevos docentes, la que late en diferentes centros de las distintas comunidades autónomas. “Nuestra mayor incertidumbre es cómo debemos actuar si el profesorado empieza a faltar por posibles contagios o cuarentenas…, de golpe nos podemos ver sin profesorado”, lamenta Fernando Sansanoli, director del instituto público de Alcoy Cotes Baixes.

El claustro del siglo XVIII del instituto público Lluís Vives de Valencia, con cerca de 90 profesores y 1.000 alumnos, está inusualmente silencioso. Este martes recibió a los docentes que se incorporan nuevos al centro, unos 30, que sustituyen las vacantes dejadas por jubilaciones, liberados sindicales y comisiones de servicio. La Generalitat ha contratado a 4.374 docentes más para este curso. El martes se enteraron de qué niveles impartirán. Es el primer día de apertura al exterior porque, reuniéndose y preparando el instituto para la vuelta al colegio, llevan desde agosto. Sergi Sanchis, docente desde hace 30 años de Matemáticas, es el director del centro, y lo que le preocupa es la semipresencialidad del alumnado, “un escenario totalmente nuevo para nosotros”. Los alumnos en Valencia se incorporarán escalonadamente entre el 7 y el 11 de septiembre.

“¿Cómo vamos a impartir una materia que está prevista para todo un curso con clases semipresenciales? La duda es cómo compaginarlo porque la metodología es muy diferente si la clase es presencial o están en casa”, apunta el director. Como a los directivos del instituto madrileño, a Picó le preocupa que la situación sea sostenible y no haya un nivel de contagios que ponga en jaque al centro. La inquietud de este profesor no es que haya casos, que los habrá, sino a partir de cuándo y cómo eso va a alterar la vida del centro, si se va a confinar una clase o no. “¿Cuándo haya un caso, qué va a pasar? ¿Será un brote, será un caso aislado? El protocolo de actuación está claro, el problema es qué decisión adoptará la Consejería de Educación cuando se supere cierto umbral”. Para él, hay muchos interrogantes.

Burbujas sin control

“Los grupos burbuja son grupos pinchados desde el momento en que solo se pueden mantener durante los horarios lectivos”, explica Mercedes Ruiz, directora del colegio público San José Obrero de Sevilla, que considera que los alumnos están más seguros en el centro que fuera, pero que el problema es que luego salen sin control y al día siguiente regresan al centro.

De los 6.300 docentes que la Junta de Andalucía ha contratado para garantizar una vuelta “segura” al cole, a Ruiz le corresponderían tres, pero a 1 de septiembre “no sabe cuántos va a tener, ni cuándo se van a incorporar”. La Consejería de Educación trasladó que la incorporación de estos docentes de apoyo se efectuaría a lo largo del primer trimestre del curso.

Con información de Cristina Vázquez, Eva Saiz y Josep Catà.

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