Bruselas alerta sobre el aumento del gasto público por el impacto de la dana

La Comisión Europa ha dado un nuevo espaldarazo a España, mejorando sus previsiones de crecimiento económico para este año hasta el 3%. Pero en sus pronósticos sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, aún maltrechas tras la pandemia y la crisis energética, alerta de que la dana que ha arrasado la provincia de Valencia supondrá un aumento del gasto financiado a nivel nacional. El Gobierno ya ha anunciado dos paquetes de ayudas para la...

La Comisión Europa ha dado un nuevo espaldarazo a España, mejorando sus previsiones de crecimiento económico para este año hasta el 3%. Pero en sus pronósticos sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, aún maltrechas tras la pandemia y la crisis energética, alerta de que la dana que ha arrasado la provincia de Valencia supondrá un aumento del gasto financiado a nivel nacional. El Gobierno ya ha anunciado dos paquetes de ayudas para las zonas afectadas, el primero por valor de 10.600 millones, y el segundo de otros 3.765 millones, dinero que se financiará con más emisión de deuda y que se trasladará al déficit público. Las inundaciones han golpeado a unos 70 municipios, una zona que representa el 34,5% del PIB provincial y el 22% del autonómico, con una riqueza conjunta de cerca de 28.000 millones de euros.

“Los riesgos que rodean las proyecciones están relacionados con el alcance del gasto financiado a nivel nacional necesario para abordar el impacto de las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana”, señala la Comisión en sus previsiones económicas de otoño, publicadas este viernes, en las que pone la dana como ejemplo del riesgo que suponen las cada vez más frecuentes catástrofes climáticas en términos humanos y económicos. “La UE está cada vez más expuesta a los riesgos medioambientales”, concluye. La nota positiva es que Bruselas no tendrá en cuenta el mayor desfase en las cuentas públicas generado por las riadas a la hora de decidir si activa para España un procedimiento de déficit excesivo. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la subida del gasto relacionada con la reconstrucción de las zonas afectadas se considerará como una circunstancia puntual, adscrita a un ejercicio, y no estructural. Lo que viene a ser un one-off —un desembolso de carácter excepcional—, en jerga contable. Y la Comisión ha asumido que así será, según fuentes comunitarias.

Algo parecido ocurre con varias sentencias que se han acumulado este año en materia de impuestos y que obligarán al Estado a realizar devoluciones millonarias, con un impacto potencial de 9.000 millones. Hacienda considera que estos reveses judiciales también deben considerarse como extraordinarios, y confía en que Bruselas no los tenga en cuenta en el cálculo del déficit.

La razón no es baladí. Aunque las nuevas reglas fiscales europeas son más flexibles que las anteriores, y dan más peso al crecimiento del gasto público y la reducción de la deuda, se mantiene ese corsé presupuestario que obliga a los Estados miembros a situar la deuda y el déficit por debajo de determinados umbrales. En el caso del saldo entre ingresos y gastos, este límite continúa situándose en el 3% del PIB. Tener un desfase superior supone que Bruselas pueda meter al país incumplidor en su brazo correctivo —algo que ya vivió España durante la crisis financiera—, que implica un mayor control del Ejecutivo comunitario sobre las cuentas nacionales y la puesta en marcha de medidas de ajuste.

Ahora mismo, los números rojos de España están por encima de lo que marca el esquema comunitario: el déficit cerró en el 3,5% del PIB en 2023, un desequilibrio suficiente para que Bruselas abriera un procedimiento por déficit excesivo. El Gobierno, sin embargo, ha logrado esquivar este castigo, esgrimiendo la espectacular reducción del desfase desde 2020 hasta ahora. El Gobierno disparó entonces el gasto público para hacer frente a la pandemia, un esfuerzo que elevó el déficit público por encima del 10%. Esta ratio se ha corregido a un ritmo vertiginoso en los últimos años —algo que no han logrado otros grandes del club, como Francia e Italia—, pese a las ayudas concedidas para mitigar el impacto de la escalada inflacionaria avivada por la guerra en Ucrania. Y la tendencia, según pronostica tanto el Ejecutivo español como el comunitario, va a continuar en los próximos ejercicios, tanto por el dinámico crecimiento de la economía como por medidas concretas.

Inflación

“Tras alcanzar el 3,5% del PIB en 2023, se espera que el déficit de las Administraciones públicas siga disminuyendo en 2024, hasta el 3% [la previsión que ha presentado el Gobierno], ya que se están eliminando progresivamente la mayoría de las medidas para mitigar el impacto económico y social de los altos precios de la energía. Se espera que la relación ingresos/PIB aumente, en parte debido a la retirada de las reducciones del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, así como a la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor de la electricidad. La eliminación progresiva de la bonificación a los carburantes genera algunos ahorros en el lado del gasto”, resume la Comisión en su informe, en el que también menciona las inundaciones que han afectado a otros países, como Polonia y Grecia, y a cómo estos desastres tienen el potencial de frenar el proceso de desinflación.

“Las recientes inundaciones que han asolado partes del sur de España en torno a la fecha límite de esta publicación ilustran una vez más las dramáticas consecuencias que el cambio climático puede tener sobre las personas, su hábitat y la economía”, recoge el documento. Los daños a la infraestructura en las regiones afectadas pueden tener repercusiones más amplias en el tejido productivo más allá de sus fronteras, mientras que las perturbaciones de la actividad económica podrían reavivar las presiones inflacionarias, en particular sobre los alimentos”.