España solo podrá aumentar el gasto un 3% anual hasta 2031 a menos que suba impuestos

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a subir el gasto público solo un 3% los próximos siete años a menos que adopte subidas de impuestos. Se trata de un incremento promedio a lo largo del periodo considerado, una cifra que se estima suficiente para que el peso de la deuda respecto al PIB vaya paulatinamente reduciéndose, tal y como exige el nuevo marco fiscal comunitario. Así se detalla en el plan de ajuste que ha remitido el Ejecutiv...

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a subir el gasto público solo un 3% los próximos siete años a menos que adopte subidas de impuestos. Se trata de un incremento promedio a lo largo del periodo considerado, una cifra que se estima suficiente para que el peso de la deuda respecto al PIB vaya paulatinamente reduciéndose, tal y como exige el nuevo marco fiscal comunitario. Así se detalla en el plan de ajuste que ha remitido el Ejecutivo a la Comisión Europea, y que ha presentado este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Al final del periodo, en 2031, se prevé que el déficit se recorte hasta el 0,8% del PIB y que la deuda baje al entorno del 90%.

Cuerpo ha detallado que la orientación del plan fiscal es a cuatro años, hasta 2028, pero que el ajuste comprometido abarcará un periodo más amplio, de siete. “Las nuevas reglas introducen un elemento adicional de flexibilidad. Si se presentan reformas e inversiones ambiciosas, se puede ampliar plazo para realizar el esfuerzo de cuatro a siete años”, ha explicado. En esos cuatro primeros ejercicios, según ha desglosado, el crecimiento promedio del gasto podrá ser del 3,4%, lo que hace que en los siguientes años del plan el esfuerzo tenga que ser mayor con avances del gasto por debajo del 3%. Ese 3,4% de aumentos hasta 2028 permitirá al Estado “gastar 6.000 millones de euros más al año” respecto a los desembolsos realizados entre 2014 y 2018, cuando gobernaba el PP y el aumento medio del gasto público se situó en el 2,5%.

En 2019, ya con Sánchez en La Moncloa, el incremento del gasto de las Administraciones fue del 3,5% y el de este año, a pesar de que los Presupuestos están prorrogados, está siendo del 6,4%, en parte por la inflación. El Gobierno se ha dado bastante más margen en términos de gasto para el 2025 y el 2026, con unos incrementos más elevados: del 3,7% y del 3,5%, respectivamente. Esto implica que en el futuro los Gobiernos que vengan tendrán que gastar al año unos 6.000 millones menos que en esos años. Si bien el Ejecutivo esgrime que esos cálculos de aumentos de gasto salen de las previsiones de ingresos que se estiman con la metodología europea.

El problema de situar este tope al gasto en el 3% es que partidas como las pensiones, la sanidad o la defensa tendrán que crecer más para atender el cada vez mayor envejecimiento de la población y para ceñirse a los compromisos de gasto militar. Solo las pensiones, que suponen un tercio de todo el gasto público, crecerán el año que viene al 5%, lo que obligará a que el resto tenga que subir bastante menos del 3%. Y eso sin contar también con otras partidas como el sueldo de los funcionarios que van teniendo actualizaciones. Cuerpo ha insistido en que estas proyecciones contemplan el impacto que tendrá el envejecimiento y la reforma de pensiones en el gasto.

“Este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante, y lo hace compatible con mantener el Estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado”, ha recalcado el titular de Economía.

Las nuevas reglas fiscales

El plan fiscal es un nuevo documento que Bruselas exige a raíz de la reforma de las reglas fiscales, y que tiene el objetivo de establecer, en un escenario de medio y largo plazo, una senda que permita controlar la subida del gasto público y así colocar la ratio de deuda sobre PIB en una trayectoria descendente. A diferencia del marco anterior, que hacía más hincapié sobre el déficit —la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones—, la magnitud de referencia es ahora el gasto primario neto de medidas de ingresos. Este indicador no incluye ni intereses, ni fondos europeos, ni el desembolso cíclico por el desempleo, ni tampoco gastos extraordinarios o temporales. Al ser neto de ingresos, si se suben los impuestos, se brinda más margen para el gasto.

La lógica detrás de este esquema es que el gasto público crezca menos que los ingresos, para que se produzca un ahorro ejercicio tras ejercicio que dé margen para rebajar la deuda, que cerró en el 105,3% del PIB en 2023 tras ser recalculada con la revisión al alza del PIB. Se trata de un indicador que se puede controlar de una forma más sencilla que el anterior que se usaba, el déficit estructural. La contención del gasto esbozada en el plan de ajuste brindará un ajuste anual en las cuentas del 0,4% del PIB y del 1% del presupuesto público, unos 6.000 millones al año.

El límite impuesto al crecimiento del gasto no será igual para todos los ejercicios. Para 2025 será del 3,7%, un porcentaje que irá descendiendo a lo largo de los siete años hasta el 2,4% de 2031. O lo que es lo mismo: el esfuerzo de limitar el gasto irá a más. El documento presentado este martes también establece que la ratio de deuda sobre PIB se sitúe en el 90,6% en 2031, una reducción de 15 puntos respecto al cierre de 2023. Para 2041, la meta es del 76,8%. El déficit se colocará en 2025 por debajo del umbral máximo del 3% del PIB, a partir del cual Europa impone un programa específico de disciplina presupuestaria: el Ejecutivo calcula que disminuya del 3% del PIB de este año al 2,5% el próximo y el 0,8% en 2031.

Lo que el Gobierno no enviará de momento es el Plan Presupuestario, el documento que cada año tiene que presentar a Bruselas antes del 15 de octubre para detallar las medidas incluidas en los Presupuestos. Lo anunció hace una semana Cuerpo, alegando que se remitirá una vez el Ejecutivo confeccione las cuentas para 2025, algo que va con retraso porque el Ejecutivo aún no tiene cerrados los apoyos suficientes en el Congreso. Por ello, este plan fiscal no tendrá el detalle sobre las medidas que apoyan la senda de gasto para el próximo año. Bruselas exige a los países que cada año vayan informando de las iniciativas con las que asegurarán que se cumplirá con el objetivo de gasto. La idea es que el Plan Presupuestario sea el que especifique cada año las medidas.

Una reforma fiscal de 4.500 millones

Cuerpo también ha explicado que el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa una serie de “compromisos en materia de reformas e inversiones” para poder ampliar el ajuste hasta los siete años. Estas se centrarán en temas “de total prioridad” como la vivienda, la inmigración y el clima empresarial, además de incluir medidas “específicas relacionadas con la sostenibilidad presupuestaria”. En este bloque se incluirán las pensiones, la lucha contra el fraude o la reforma fiscal. Respecto a este último punto, el ministro ha detallado que los tributos extraordinarios a banca y energéticas se extenderán más allá de los dos años inicialmente previstos, como ya había adelantado la vicepresidenta Montero, y que hay conversaciones con Bruselas “para dar más detalles del resto de medidas”. La reforma tributaria está comprometida con la Comisión para recibir el quinto desembolso de ayudas europeas, que el Ejecutivo prevé solicitar antes de que termine el año.

Cuerpo ha explicado que España se encuentra unos cuatro puntos por debajo de la media europea de ingresos sobre PIB. Según el ministro, esto implica que hay margen para tomar medidas de ingresos “sin dañar el crecimiento o sobrepasar esa media europea”. “En ese marco estamos aterrizando las medidas para cumplir con la reforma fiscal contemplada entre los compromisos del quinto pago de fondos europeos”, ha señalado. El Gobierno lleva tiempo negociando con Bruselas cuánto será suficiente para dar por satisfecho este hito. Ahora señala que la reforma fiscal alcanzará las tres décimas de PIB, unos 4.500 millones de los que una parte será el impuesto a la banca y las eléctricas.

El cumplimiento con esta senda de gasto, a falta de conocer qué medidas de impuestos u otras habrá, también descansará sobre el crecimiento económico pronosticado para los próximos años, que irá perdiendo fuelle, pero seguirá siendo robusto. El escenario que dibuja el Gobierno apunta a un alza del crecimiento potencial —aquel que se produce sin generar desequilibrios o tensiones inflacionistas—, situándolo en el 1,9% en 2024. Para el año próximo será del 2%, del 2,1% en 2026, el pico más alto, y luego irá descendiendo hasta el 1,6% en 2028. El PIB potencial es esencial porque cuanto más alto sea más se prevé que crezcan los ingresos y, por tanto, más margen hay para el gasto. Además, el PIB más elevado también ayuda a bajar la deuda en relación al tamaño de la economía.