España solo podrá aumentar el gasto un 3% anual hasta 2031 a menos que suba impuestos

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a subir el gasto público solo un 3% los próximos siete años a menos que adopte subidas de impuestos. Se trata de un incremento promedio a lo largo del periodo considerado, un porcentaje que se estima suficiente para que el peso de la deuda respecto al PIB vaya paulatinamente reduciéndose, tal y como exige el nuevo marco fiscal comunitario. Así se detalla en el plan de ajuste que ha remitido el Ejec...

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a subir el gasto público solo un 3% los próximos siete años a menos que adopte subidas de impuestos. Se trata de un incremento promedio a lo largo del periodo considerado, un porcentaje que se estima suficiente para que el peso de la deuda respecto al PIB vaya paulatinamente reduciéndose, tal y como exige el nuevo marco fiscal comunitario. Así se detalla en el plan de ajuste que ha remitido el Ejecutivo a la Comisión Europea, y que ha presentado este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Al final del periodo, en 2031, se prevé que el déficit se recorte hasta el 0,8% del PIB y que la deuda baje al entorno del 90%.

Cuerpo ha detallado que la orientación del plan fiscal es a cuatro años, hasta 2028, pero que el ajuste comprometido abarcará un periodo más amplio, de siete. “Las nuevas reglas introducen un elemento adicional de flexibilidad. Si se presentan reformas e inversiones ambiciosas, se puede ampliar plazo para realizar el esfuerzo de cuatro a siete años”, ha explicado. En esos primeros ejercicios, según ha desglosado, el crecimiento promedio del gasto podrá ser del 3,4%, lo que hace que en los siguientes años del plan el esfuerzo tenga que ser mayor con avances del gasto por debajo del 3%. Ese 3,4% de aumentos hasta 2028 permitirá al Estado “gastar 6.000 millones de euros más al año” con respecto a los desembolsos realizados entre 2014 y 2018, cuando gobernaba el PP y el aumento medio del gasto público se situó en el 2,5%.

En 2019, ya con Sánchez en La Moncloa, el incremento del gasto de las Administraciones fue del 3,5% y el de este año, a pesar de que los Presupuestos están prorrogados, está siendo del 6,4%, en parte por la inflación. El Gobierno se ha dado bastante más margen en términos de gasto para el 2025 y el 2026, con unas tasas de crecimiento más elevadas: del 3,7% y del 3,5%, respectivamente. Y esto implica que en el futuro los Gobiernos que vengan tendrán que gastar al año unos 6.000 millones menos que en esos años.

El problema de situar este tope al gasto en el 3% es que partidas como las pensiones, la sanidad o la defensa tendrán que crecer más para atender el cada vez mayor envejecimiento de la población y para ceñirse a los compromisos de gasto militar que requiere la OTAN. Solo las pensiones, que suponen un tercio de todo el gasto público, crecerán el año que viene al 5%, lo que obligará a que el resto tenga que subir bastante menos del 3%. Y eso sin contar también con otras partidas como el sueldo de los funcionarios que van teniendo actualizaciones. Cuerpo ha insistido en que estas proyecciones contemplan el impacto que tendrá el envejecimiento y la reforma de pensiones en el gasto.

“Este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante, y lo hace compatible con mantener el Estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado”, ha recalcado el titular de Economía.

Las nuevas reglas fiscales

El plan de ajuste, oficialmente Plan Fiscal y Estructural, es un nuevo documento que la Comisión Europea exige a raíz de la reforma de las reglas fiscales, y que tiene el objetivo de establecer, en un escenario de medio y largo plazo, una senda que permita controlar la subida del gasto público y así colocar la ratio de deuda sobre PIB en una trayectoria descendente. A diferencia del marco anterior, que hacía más hincapié sobre el déficit —la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones públicas—, la magnitud de referencia es ahora el gasto primario neto de medidas de ingresos. Este indicador no incluye ni intereses, ni fondos europeos, ni el desembolso cíclico por el desempleo, ni tampoco gastos extraordinarios o temporales.

La lógica que está detrás de este nuevo esquema es que el gasto público crezca menos que los ingresos, para que se produzca un ahorro ejercicio tras ejercicio que dé margen para rebajar la tasa de deuda, que cerró en el 105,3% del PIB en 2023 tras ser recalculada a la luz de la revisión al alza del PIB. Se trata de un indicador que se puede medir y controlar de una forma más sencilla que el anterior que se usaba, el déficit estructural. La contención del gasto esbozada en el plan de ajuste no será igual para todos los ejercicios, implicando un esfuerzo mayor al final del periodo analizado.

El crecimiento del gasto primario neto previsto para 2025 es del 3,7%, una tasa que irá descendiendo a lo largo de los siete años del ajuste hasta el 2,4% de 2031. O lo que es lo mismo: el esfuerzo irá a más. El documento presentado este martes también establece que la ratio de deuda sobre el PIB se sitúe en el 90,6% en 2031, una reducción de unos 15 puntos con respecto al dato de cierre de 2023. Para 2041, la meta fijada es del 76,8%. El déficit, por otra parte, ya se colocará en 2025 por debajo del umbral máximo del 3% que impone el pacto comunitario y por encima del cual se impone un programa específico de disciplina presupuestaria: el Ejecutivo calcula que disminuya del 3% del PIB de este año al 2,5% el próximo, fijándose un objetivo del 0,8% para 2031.

Lo que el Gobierno no enviará de momento es el Plan Presupuestario, el documento que cada año tiene que presentar a Bruselas antes del 15 de octubre para detallar las medidas incluidas en los Presupuestos y la senda de estabilidad —los objetivos de déficit y deuda—. Lo anunció hace una semana Cuerpo, alegando que se remitirá una vez el Ejecutivo confeccione unas nuevas cuentas para 2025, algo que va con retraso sobre el calendario que marca la ley porque el Ejecutivo aún no tiene cerrados los apoyos suficientes en el Congreso. Por ello, este plan fiscal no tendrá el detalle sobre las medidas que apoyan la senda de gasto para el próximo año. Bruselas exige a los países que cada año vayan informando de las medidas con las que asegurarán que se cumplirá con el objetivo de gasto. La idea es que el Plan Presupuestario sea el que especifique las medidas cada año.

Reforma fiscal

Cuerpo también ha explicado que el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa una serie de “compromisos en materia de reformas e inversiones” para poder ampliar el ajuste hasta los siete años. Estas se centrarán en temas “de total prioridad” como la vivienda, la inmigración y el clima empresarial, además de incluir medidas “específicas relacionadas con la sostenibilidad presupuestaria”. En este bloque se incluirán las pensiones, la lucha contra el fraude o la reforma fiscal. Con respecto a este último punto, el ministro ha detallado que los tributos extraordinarios a banca y energéticas se extenderán más allá de los dos años inicialmente previstos, como ya había adelantado la vicepresidenta María Jesús Montero, y que hay conversaciones con Bruselas “para dar más detalles del resto de medidas”. La reforma tributaria está comprometida con la Comisión para recibir el quinto desembolso de ayudas europeas, que el Ejecutivo prevé solicitar antes de que termine el año.

Cuerpo ha explicado que, como ya avanzara el presidente del Gobierno, España se encuentra unos cuatro puntos por debajo de la media europea de ingresos sobre PIB. Según el ministro, esto implica que hay margen para tomar medidas de ingresos “sin dañar el crecimiento o sobrepasar esa media europea” de recaudación. “En ese marco estamos aterrizando las medidas para cumplir con la reforma fiscal contemplada entre los compromisos del quinto pago de fondos europeos”, ha señalado. El Gobierno lleva tiempo negociando con Bruselas cuánto será suficiente para dar por satisfecho este hito.

El cumplimiento con esta senda de gasto, a falta de conocer qué medidas de impuestos u otras habrá, también descansará sobre el crecimiento económico pronosticado para los próximos años, que irá perdiendo fuelle, pero seguirá siendo robusto. El escenario que dibuja el Gobierno apunta a un alza del crecimiento potencial —aquel que se produce sin generar desequilibrios o tensiones inflacionistas—, situándolo en el 1,9% en 2024. Para el año próximo será del 2%, del 2,1% en 2026, el pico más alto, y luego irá descendiendo hasta el 1,6% en 2028. El PIB potencial fijado es esencial porque cuanto más alto sea más se prevé que crezcan los ingresos y, por tanto, más margen hay para el gasto. Además, el PIB más elevado también ayuda a bajar la deuda en relación al tamaño de la economía.