El gasto en defensa se dispara un 50% desde la llegada de Sánchez al Gobierno

El gasto de las Administraciones públicas escaló el año pasado hasta un récord de 637.831 millones de euros, una cifra superior en 26.000 millones a la del año previo y casi un 27% por encima de la registrada en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los repuntes más marcados desde entonces se han dado en las categorías de defensa y asuntos económicos. Ambas partidas engordaron casi un 50% en estos cuatro años, según la estadística de ...

El gasto de las Administraciones públicas escaló el año pasado hasta un récord de 637.831 millones de euros, una cifra superior en 26.000 millones a la del año previo y casi un 27% por encima de la registrada en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los repuntes más marcados desde entonces se han dado en las categorías de defensa y asuntos económicos. Ambas partidas engordaron casi un 50% en estos cuatro años, según la estadística de Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) publicada por el Ministerio de Hacienda.

El gasto en defensa avanzó hasta los 15.344 millones el ejercicio pasado, un repunte del 49,2% con respecto a la cifra registrada cuatro años antes. Dentro de esta categoría se incluyen los desembolsos en defensa militar y civil, así como la ayuda militar al exterior y la I+D relacionada con el sector.

El crecimiento ha sido particularmente intenso en 2022 —un 30% más con respecto al ejercicio anterior—, en coincidencia con el inicio de la guerra en Ucrania y el acelerón que el Gobierno ha dado a la inversión militar para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales. El objetivo, pactado con la OTAN, es que el desembolso en defensa alcance el 2% del PIB en 2029. El año pasado, y pese al fuerte incremento del gasto, solo superaba ligeramente el 1,1% del PIB.

La otra partida de gasto que con más fuerza ha crecido entre 2018 y 2022 es la de asuntos económicos, un cajón de sastre que agrupa distintos conceptos como transporte, líneas de avales públicos, la reversión al Estado de determinadas autopistas de peaje, el pago de compensaciones a empresas como resultado de sentencias desfavorables al sector público o la exoneración de cuotas sociales vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De hecho, este último capítulo es uno de los responsables de que los desembolsos de esta categoría crecieran de forma vigorosa con la crisis sanitaria: cerca de la mitad del aumento registrado entre 2018 y 2022 —unos 25.303 millones, hasta alcanzar los 76.664 el año pasado— se produjo durante el año de la pandemia.

En concreto, el gasto en asuntos económicos repuntó en 2020 un 25,6%, unos 13.392 millones más con respecto al ejercicio anterior. Tan solo las exoneraciones de cuotas sociales vinculadas a ERTE y autónomos supusieron un desembolso de 7.760 millones, y las ayudas a empresas y autónomos, otros 1.084 millones. La tendencia alcista se mantuvo en 2021, con un repunte del 19,5%. El año pasado, en cambio, los desembolsos vinculados a esta categoría registraron una contracción —fue la única gran partida de gasto que se redujo—, una dinámica que se explica con la progresiva retirada del escudo social levantado para mitigar el golpe de la pandemia. Aun así, su peso se ha consolidado: en 2022 representaba el 12% del gasto total de las Administraciones, dos puntos más de lo que suponía en 2018.

La Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) es una metodología de las Naciones Unidas que cataloga el gasto público según su finalidad y lo divide en 10 grandes categorías, que a su vez están compuestas por distintos sectores y rúbricas: servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, ocio, cultura y religión, educación y protección social. El objetivo de esta estadística es reflejar cómo se estructura el gasto de las Administraciones públicas —Administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social— dependiendo de su finalidad.

Pensiones

La categoría que más incide sobre el total es, sin embargo, la de protección social: concentra el 40% del gasto, con 252.873 millones de euros en 2022. De este grupo forman parte rúbricas prioritarias para el sector público, como las pensiones, la mayor partida de gasto que tiene el Estado cada año, o los subsidios por desempleo.

En los últimos cuatro años, el desembolso en protección social creció cerca de un 25%, con un alza muy marcada, una vez más, durante la crisis sanitaria, debido a las numerosas medidas extraordinarias puestas en marcha tras la declaración del estado de alarma —prestación extraordinaria por cese de actividad, ayudas para autónomos, ERTE...—, que se tradujeron en un incremento récord del gasto y un abrumador incremento de deuda y déficit. Estas ayudas se han ido retirando, aunque la crisis inflacionaria agravada por la guerra en Ucrania ha llevado al Gobierno a aprobar nuevos apoyos temporales.

El desembolso en pensiones, por su parte, mantiene año tras año una dinámica ascendente, tanto por el número cada vez mayor de beneficiarios como por el ingreso en el sistema de nuevos jubilados que cobraron sueldos más altos y tienen derecho a prestaciones más cuantiosas. En 2022, ejercicio en el que hubo además una revalorización del 8,5% de las pensiones, el gasto de la categoría edad avanzada alcanzó los 137.464 millones de euros, más de la mitad de todo el desembolso de protección social.

Las demás divisiones de gasto social, que son vivienda y servicios comunitarios, salud y educación, también registraron incrementos desde 2018 hasta 2022, de entre un 20% y un 30%, aunque en el último año los avances fueron más modestos. La partida que menos avanzó en el periodo analizado —aun así, el alza fue superior al 15%— es la de servicios públicos generales, donde se incluyen las transferencias a otras administraciones y el pago de los intereses de la deuda, entre otros conceptos.

Todos los subsectores de la Administración acrecentaron sus gastos en 2022. El desembolso de la Administración central rozó por primera vez los 320.000 millones, y el de las comunidades autónomas alcanzó los 238.642 millones, un 6% más que el año anterior y un 20% superior a la cifra registrada hace cinco años. Los desembolsos de la Seguridad Social y de las corporaciones locales también marcaron máximos, con repuntes mayores al 20% en comparación con 2018.

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