El Gobierno tendrá que prorrogar los Presupuestos de este año

El Gobierno que lidere España a finales de diciembre —ya sea el actual en funciones o un nuevo Ejecutivo salido de las urnas del 23-J— tendrá que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para el próximo año. El calendario político ha vuelto a afectar a la liturgia presupuestaria retrasando todas las decisiones económicas para construir la hoja de ruta de la Administración central de cara a 2024. ...

El Gobierno que lidere España a finales de diciembre —ya sea el actual en funciones o un nuevo Ejecutivo salido de las urnas del 23-J— tendrá que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para el próximo año. El calendario político ha vuelto a afectar a la liturgia presupuestaria retrasando todas las decisiones económicas para construir la hoja de ruta de la Administración central de cara a 2024. Sería la quinta vez que se prorrogan unas cuentas públicas en los últimos 10 años, lo que da cuenta de la inestabilidad política que atraviesa el país desde la crisis del euro.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que intentará sacar adelante los Presupuestos en cuanto haya una mínima posibilidad. Pero eso ahora mismo no parece factible. El actual Ejecutivo en funciones rehúsa dar los primeros pasos para confeccionar los Presupuestos de 2024. Fuentes de Hacienda recuerdan que estando en funciones no se puede llevar ninguna norma a las Cortes según el artículo 21.5 de la Ley de Gobierno. Esta decisión supone de facto que se tendrán que prorrogar las cuentas públicas de 2023 y el próximo año comenzará sin un nuevo marco presupuestario.

Sin techo de gasto

Esta situación es parecida a la que ocurrió en 2016, pero en aquella ocasión era el Gobierno de Mariano Rajoy el que estaba en funciones y entonces los socialistas, que estaban en la oposición, reclamaron a los populares que aprobara el techo de gasto e iniciaran el trámite presupuestario.

En cualquier caso, es lógico que un gabinete en funciones no apruebe unos Presupuestos que tendrá que ejecutar otro. Por eso, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez aplaza la tramitación de las principales cifras que servirán de base para confeccionar las cuentas: no ha validado el techo de gasto —el instrumento que marca el límite máximo de desembolsos que puede comprometer el Estado en un ejercicio—, pese a que en una situación normal tenía la obligación de hacerlo antes de finales de julio; el Ministerio de Hacienda tampoco ha dictado la orden para que el resto de los ministerios empiecen a calcular cuántos recursos requerirán en 2024, algo que suele ocurrir a principios de verano. Tampoco ha aprobado los objetivos de déficit y deuda pública para el próximo año. Y debe aclarar cuál es la senda de consolidación fiscal porque esas tasas de referencia deben ajustarse a las recomendaciones de Bruselas. Aunque la Constitución establece que el Gobierno dispone hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de Presupuestos, la realidad es que ya tenía que haber empezado a hacer los deberes.

Además, el calendario parlamentario para la investidura reduce enormemente el margen para una tramitación ordinaria de las cuentas públicas, que suele demorarse unos tres meses entre intervenciones de responsables públicos en comisiones y plenos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que tratará de amarrar una mayoría para formar Gobierno en una convocatoria parlamentaria marcada para el 27 de septiembre, aunque solo suma 172 votos a favor por 178 en contra. Con estos apoyos no parece probable que el gallego logre llegar a La Moncloa. La alternativa sería que Pedro Sánchez conforme un nuevo Gobierno con el respaldo del resto de partidos de izquierda y los nacionalistas. En ese caso nunca le daría tiempo a aprobar unos Presupuestos antes de final de año.

Más allá del endiablado calendario político, que ya aleja cualquier posibilidad de aprobar los Presupuestos en tiempo y forma, incluso si el bloque que lidera Pedro Sánchez lograra una investidura exprés se enfrentarían a una tramitación más complicada de lo habitual por la propia aritmética parlamentaria, que le obligará a una dura negociación con sus posibles socios. Y además, porque la mayoría del PP en el Senado trataría de bloquear el proceso con enmiendas en los Presupuestos y otros trámites dilatorios.

Más allá del techo de gasto o los nuevos objetivos de déficit y deuda pública, el Ejecutivo tampoco tiene incentivos para empezar a tramitar unos Presupuestos que deberán incluir un ajuste fiscal de cerca de 10.000 millones de euros. Este año termina la moratoria de las reglas fiscales europeas y los países deben empezar a enmendar sus cuentas y reducir los números rojos acumulados durante la pandemia y la guerra de Ucrania. Aunque está pendiente la reforma de las reglas fiscales europeas parece claro que Bruselas mantendrá los objetivos sacrosantos del 3% del PIB y el 60% de la deuda. España tiene un déficit cercano al 4% del PIB y una deuda del 113%.

Ajuste de 10.000 millones

Aun así, el ajuste tampoco es dramático porque prácticamente se conseguiría suprimiendo algunas de las medidas extraordinarias y temporales aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis de precios, pero la decisión tendría un coste político y sería difícil de negociar. No obstante, quien tenga la llave de las finanzas públicas en diciembre no podrá relajarse. España se ha comprometido con el Ejecutivo comunitario a rebajar el déficit público del 3,9% del PIB previsto para este año al 3% en 2024. “Eso significa que España cumplirá con el Pacto de Estabilidad vigente en la UE en 2024, a tiempo para la vuelta de las reglas fiscales europeas”, explicaba el Ministerio de Hacienda cuando presentó el Plan de Estabilidad. Pero también supone que los funcionarios de Bruselas no quitarán ojo a las finanzas españolas. Sobre todo cuando aún queda pendiente de gastar buena parte de los recursos europeos del fondo de recuperación Next Generations, aprobado por la UE para estimular la economía tras la pandemia.

El Ejecutivo en funciones tampoco ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde debate los temas presupuestarios con las autonomías, para informar sobre las transferencias a cuenta del sistema de financiación que recibirán los Gobiernos regionales y las aportaciones del Estado. La extensión provocará tensiones de liquidez en las comunidades. Al no poder actualizarse los fondos del sistema de financiación, recibirán menos recursos de los esperados hasta que haya nuevas cuentas.

La prórroga de estas cuentas pone fin a tres años de estabilidad presupuestaria, 2021, 2022 y 2023, en las que el proyecto contable del Estado se aprobó sin grandes problemas aunque con intensas negociaciones entre los partidos que formaban el Gobierno de coalición (PSOE, Podemos, ERC, PNV...). El periodo más convulso fue el que transcurrió entre 2016 y 2020 cuando se tuvieron que extender las cuentas públicas más allá de su año de vigencia hasta en cuatro ocasiones. Al final, la coyuntura presupuestaria es un reflejo el clima político del país.

Pendientes de los hitos del plan de recuperación

El interludio electoral en la política española ha supuesto también una pausa en el ritmo de ejecución de inversiones y reformas del plan de recuperación por el que España recibirá más de 140.000 millones de euros de subvenciones y créditos de fondos europeos. Prácticamente, desde mayo de este año, cuando se inició la campaña electoral de las autonómicas, y hasta que se forme un nuevo Gobierno, probablemente en el último tramo del año, la maquinaria administrativa y legislativa del Estado estará al ralentí, sin apenas progresos en los compromisos pactados con Bruselas. La situación amenaza con retrasar algunos de los pagos que España tiene que recibir del Ejecutivo comunitario. También está pendiente de negociar la adenda al plan de recuperación, por el que España solicita préstamos en condiciones ventajosas por cerca de 84.000 millones.

En lo que no afectará la prórroga es en la subida de las pensiones el próximo año conforme lo haga la inflación porque hay una ley que ya regula el mecanismo de revalorización. Está previsto que el IPC medio cierre este año en torno al 3,9% y algo similar es lo que subirán las pensiones si se confirma esa cifra. Las pensiones mínimas subirán más, según lo establecido.

Algo parecido ocurrirá con el sueldo de los funcionarios. Al existir un acuerdo a tres años con los sindicatos se mantendrá la subida pactada de, al menos, el 2% en 2024.

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