Escrivá aprueba la rebaja de los requisitos de formación para regularizar a extranjeros y que cubran vacantes

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un importante paso para facilitar que los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España puedan obtener su documentación con el fin de incorporarlos a sectores necesitados de personal. La iniciativa, liderada por el ministro José Luis Escrivá, tenía al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos en contra, recelosos de que los empresarios aprovechen la ma...

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un importante paso para facilitar que los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España puedan obtener su documentación con el fin de incorporarlos a sectores necesitados de personal. La iniciativa, liderada por el ministro José Luis Escrivá, tenía al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos en contra, recelosos de que los empresarios aprovechen la mano de obra extranjera para evitar la mejora de condiciones laborales. Pero, al final, la oposición se ha diluido y Escrivá ha dictado unas instrucciones que permiten que los extranjeros que llevan en situación irregular en España al menos dos años puedan lograr una autorización de residencia a través de cursos de formación, sin un mínimo de horas —que antes eran 200— y sin necesidad de que sean presenciales. Con ese permiso de residencia, se podrá trabajar siempre que se presente un contrato y que este tenga relación con la formación recibida.

El ministro presentó su propuesta el 17 de mayo en una “tensa reunión” de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración en la que no hubo consenso. Este órgano es consultivo y no vinculante, por lo que, desde el principio, fuentes del ministerio dejaron claro que no necesitaban el apoyo de las demás partes para aprobarlo. Se trataba de unas meras instrucciones, subrayaban. Aun así, Escrivá dio hasta 10 días a sus interlocutores para que planteasen sus propuestas. Según fuentes conocedoras, Trabajo se ha mantenido al margen. UGT, que en un principio era reticente, ni siquiera presentó aportaciones. Comisiones Obreras pidió que se compruebe que las entidades que imparten los cursos estén inscritas en el registro correspondiente. Es decir, que se hagan con empresas ya acreditadas a fin de evitar el fraude. Se intenta así que no surja un negocio oportunista en torno a esta figura. Esta idea se ha introducido en la instrucción.

La vía que explora Escrivá es la flexibilización del arraigo para la formación, una figura que él mismo introdujo en la reforma del Reglamento de Extranjería que logró sacar adelante el verano pasado. El propósito de este tipo de arraigo era sacar de la economía sumergida a miles de inmigrantes, fomentando que se formasen en sectores necesitados de personal. Se les ofrecía, primero, una autorización de residencia de 12 meses para formarse y, una vez completada y con un contrato, una autorización para trabajar. La fórmula, sin embargo, era mucho más exigente cuando se redactó y se pedía al extranjero que su formación fuese presencial y que durase al menos 200 horas.

La formación puede cursarse a través de la oferta de FP, de universidades, de los servicios públicos de empleo o la certificación de aptitudes técnicas o de habilitaciones profesionales. La principal novedad de estas instrucciones es que introducen las microcredenciales como uno de los tipos de formación válidos para conseguir la documentación. Estas son experiencias de aprendizaje de corta duración y de todos los niveles educativos. Son los módulos más básicos que recoge la nueva ley de Formación Profesional que aún están por desarrollarse.

A la pregunta de si esta iniciativa supone una regularización encubierta, fuentes del ministerio de Migraciones responden que no. En realidad, el arraigo para la formación sí que facilita en gran medida la obtención de un permiso de residencia en comparación con otras vías contempladas por ley. Pero si el extranjero pretende trabajar, necesita una autorización específica para ello, y tanto el arraigo para la formación como otros tipos de arraigo exigen lo mismo: un contrato.

Para justificar la relajación de condiciones, que llegó a generar tensiones dentro del propio ministerio, Escrivá afirmó que el planteamiento inicial era demasiado “rígido” y que las entidades sociales que trabajan con inmigrantes le habían pedido cambios para hacer ese nuevo arraigo más viable. “Desgraciadamente, hay personas, sobre todo mujeres con hijos, a las que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente”, defendió.

Sus críticos, sin embargo, le reprocharon que, en realidad, estaba actuando por las presiones de la patronal y de sectores como la construcción para cubrir vacantes de forma exprés. Algunas fuentes han criticado además que Escrivá haya aprobado estas nuevas normas como una instrucción, lo que le permite saltarse ciertos controles jurídicos internos. Si lo hubiese hecho por otras vías, habría sido más difícil la aprobación en los términos en los que se ha publicado, señalan.

A pesar de la rigidez de la que hablaba Escrivá, la figura del arraigo para la formación ha tenido en poco tiempo buenos resultados. Según los datos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desde el pasado septiembre al 14 de mayo, 28.681 personas han solicitado una autorización por esta vía y 12.348, el 43%, lo ha conseguido. El 37,8% de esas solicitudes se enmarca en el campo de la formación general, formación básica de adultos y de habilidades personales (desde gestión de empresas a atención de personas). Le sigue el sector Servicios, con el 22,8%, y, en menor medida, capacitaciones relacionadas con la mecánica, la electrónica y otras formaciones técnicas, así como la industria y la construcción.

Los datos revelan que el 44,5% de los solicitantes son marroquíes y el 12,9% colombianos. Ambos colectivos representan al 57,4% del total, seguidos a mucha distancia, de argelinos, senegaleses, hondureños, peruanos, paquistaníes, brasileños, argentinos, nicaragüenses, paraguayos y venezolanos. Conjuntamente, todas estas nacionalidades suponen el 85% de los solicitantes. Barcelona, con 2.748 autorizaciones, concentra el 23,2% del total de los permisos concedidos. En cambio, Madrid solo representa el 4,4%, por detrás de Valencia, con el 8,6%; Alicante, el 8,4%; Murcia, el 5,7%, y Bizkaia, el 4,5%.

Escrivá trabaja desde hace tiempo en facilitar que los extranjeros entren en el mercado laboral para paliar el déficit de trabajadores que sufren sectores como la hostelería, la construcción, el transporte o la industria de la digitalización. Las cifras del INE señalan un récord de 140.000 vacantes. No obstante, este dato no es tan elevado si se compara con otros países europeos: supone un 0,9% de los puestos sin cubrir frente al 2,8% de la media europea. La estadística no incluye ni la agricultura ni los servicios domésticos.

La estrategia del ministro ha consistido, por un lado, en eliminar barreras para la contratación de trabajadores en sus países de origen, ya sea facilitando trámites o a través de acuerdos como el que ha firmado recientemente con Estados Unidos para traer refugiados latinoamericanos “a través de vías que respondan a las necesidades del mercado laboral”. Por otro lado, Migraciones ha impulsado varios cambios normativos, entre ellos el arraigo para la formación, para que los inmigrantes que ya viven aquí de forma irregular puedan obtener sus documentos más fácilmente y dejen de trabajar en la economía sumergida. En ese contexto, con el fin de respaldar la estrategia de Escrivá, su ministerio y el de Transportes elaboraron un informe interno que apuntaba la necesidad de trabajadores para poder cumplir a tiempo con las inversiones previstas del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos, cuya fecha límite de finalización es el 31 de agosto de 2026. Algunos de sus planes, sin embargo, se han visto frustrados por las resistencias del Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Juntos bloquearon la ampliación del listado de profesiones para las que se necesita contratar a trabajadores de otros países.

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