Claves | Las novedades del plan del Gobierno para recibir 90.000 millones más de la UE: inteligencia artificial, coche eléctrico y vivienda

El Consejo de Ministros aprobó el martes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la que pedirá a Bruselas más de 90.000 millones de euros adicionales de los fondos europeos Next Generation, que se crearon para sacar a la UE de la crisis derivada de la pandemia y transformar y modernizar la economía europea en ámbitos como la digitalización y la transición verde. La gran mayoría de esa solicitud, 84.000 millones, s...

El Consejo de Ministros aprobó el martes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la que pedirá a Bruselas más de 90.000 millones de euros adicionales de los fondos europeos Next Generation, que se crearon para sacar a la UE de la crisis derivada de la pandemia y transformar y modernizar la economía europea en ámbitos como la digitalización y la transición verde. La gran mayoría de esa solicitud, 84.000 millones, serán créditos para financiar proyectos e inversiones. El resto, 7.700 millones, corresponden a ayudas no reembolsables. El texto presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos, de 192 páginas, introduce más de 50 novedades respecto de las líneas maestras que la vicepresidenta Nadia Calviño presentó en diciembre, y que van desde el sector agroalimentario hasta la inteligencia artificial. Así se articulan las 18 reformas y más de una treintena de inversiones nuevas incluidas en la adenda.

Movilidad sostenible

El documento prevé la aprobación de un plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico, dos reivindicaciones del sector automovilístico tras un PERTE del vehículo eléctrico, al que le costó arrancar y que, en su primera convocatoria, solo consiguió asignar el 29% de los recursos disponibles (2.975 millones de euros).

Además, el Gobierno incluye la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible, que regulará cuestiones como los combustibles alternativos, la creación de un sandbox (lugar para probar diferentes tecnologías en entornos reales) de transporte y el refuerzo del sistema de planificación e inversión en infraestructuras.

La adenda incluye también la aprobación de un real decreto que regule las zonas de bajas emisiones en municipios de 50.000 habitantes, que establezca unos requisitos mínimos homogeneizados. Así como una estrategia de eficiencia en la Red de Carreteras del Estado, centrada en la iluminación, para reducir en un 50% el consumo eléctrico.

Impulso a la pyme

Las nuevas reformas introducidas por la adenda en materia de impulso a pymes son numerosas: las principales buscan, como ya había avanzado el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá —con la resistencia del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos— atraer mano de obra extranjera a España. Para ello, se incluyen en la adenda la reforma de la ley de apoyo a los emprendedores y del reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Además, el texto recoge la revisión del marco normativo del sistema financiero, “para impulsar la modernización y mejora de los mercados de valores en aspectos como criptoactivos”.

Las novedades en inversiones de este capítulo son, como las reformas, abundantes: desde dos líneas ICO hasta seis fondos diferentes: para escalar start-ups tecnológicas, el de coinversión, de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de recapitalización de empresas afectadas por la covid y de Resiliencia Autonómica. Además, la adenda incluye al Instrumento de Garantía SGR-CERSA.

Vivienda

Dentro del plan de rehabilitación de casas —y con una ley de vivienda que tiene apenas dos meses— el Ejecutivo incluye en su plan para recibir fondos europeos un “programa de medidas para promover la oferta” en un mercado de alquiler cada vez más tensionado. El texto no especifica las medidas concretas a tomar.

Por el lado de las inversiones, el Gobierno avanza una nueva línea de créditos ICO para el impulso de la vivienda social, “dirigida a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente”. Más de 160.000 casas suman todas las promesas, antiguas y nuevas, del Ejecutivo en materia de vivienda social.

Agroalimentario y pesquero

En lo relativo al sector agroalimentario, las novedades introducidas en el texto presentado el martes se dirigen principalmente hacia las condiciones sanitarias: por un lado, se prevé la modificación del real decreto que establece las condiciones básicas de centros de limpieza y desinfección de vehículos “para mejorar la bioseguridad de la producción”. Por el otro, la aprobación de un nuevo decreto por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.

Además, el texto avanza la aprobación de una ley de prevención del desperdicio alimentario —que establezca “una jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos”— y de un real decreto por el que se establezca y regule el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas.

El capítulo de inversiones está centrado en una de las cuestiones que más polémica ha levantado en los últimos meses: los regadíos. El Ejecutivo prevé destinar parte del PERTE agroalimentario a su modernización “con el objetivo de promover el ahorro de agua y la eficiencia”, además de un plan de préstamos para impulsar esta estrategia.

Conservación de ecosistemas y preservación del espacio litoral y recursos hídricos

En la línea de las inversiones en el sector agroalimentario, la novedad introducida en el texto para el capítulo de conservación de ecosistemas es el impulso de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Por el lado de la preservación de los recursos hídricos, la adenda recoge un “marco de reformas” para asegurar el alineamiento de España con el Pacto Verde Europeo. Estas incluyen orden ministerial por la que se regulan las entidades colaboradoras en materia de seguridad de presas y embalses y la revisión de los planes especiales de sequía.

Las inversiones previstas en el capítulo del agua son numerosas: por un lado, incluye la materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras como presas y embalses. Además, avanzan la inversión del PERTE de digitalización del agua, para “llevar a cabo una mejora del conocimiento y el uso de los recursos hídricos”.

Por último, en la línea de todo lo anterior y con la polémica por los acuíferos de Doñana aún latente, el Ejecutivo incluye dentro de las inversiones la recuperación de acuíferos con recursos alternativos, como la reutilización o producción y distribución de agua desalinizada. “En esencia, son medidas que posibilitarán la reducción de las extracciones que se registran en masas de agua subterránea del arco mediterráneo español”, recoge el texto.

Infraestructuras eléctricas y transición justa

El Ejecutivo ha incluido, por el lado de la energía, medidas encaminadas a reducir el impacto del aumento del coste de la energía en los bolsillos de los ciudadanos, con particular atención a los consumidores vulnerables. El Gobierno ya aprobó una serie de rebajas de impuestos sobre la factura del gas y de la luz con, por ejemplo, una reducción del 10% al 5% en el caso del IVA de esta última.

Las inversiones nuevas añadidas en este capítulo solo incluyen la inversión en restaurar medioambientalmente zonas afectadas por las explotaciones mineras de carbón.

Modernización de las administraciones públicas

El paquete de modernización de la Administración es uno de los que más reformas nuevas presenta: la adenda incluye como novedad la Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de grupos de interés, o ley del lobby, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros en noviembre. El texto también avanza el Esquema Nacional de Seguridad, para reforzar la ciberseguridad de la Administración.

Además, se añade el Libro verde para el impulso de las finanzas sostenibles —puestas en el punto de mira por las acusaciones de green washing— para promover instrumentos financieros verdes. Por último, el Ejecutivo recoge en el texto la ley de servicios de atención al cliente, aprobada en abril por el Congreso.

Las novedades en inversiones se centran únicamente en el Instrumento de Resiliencia y Seguridad, que incluye el programa de Ciberseguridad (CIBER) “para reforzar las capacidades de ciberseguridad de la Administración”, y el Fondo de Ciberresiliencia y Seguridad “para impulsar inversiones productivas en los sectores de la seguridad, la defensa, la aeronáutica y el espacio”.

Política industrial

Dentro del apartado Política Industrial España 2030, la adenda incluye una novedad normativa: la aprobación de un segundo paquete de medidas para la prevención y reducción de generación de residuos. Este paquete se añadiría a la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020.

Las novedades en inversiones en industria se centran, sobre todo, en los PERTE: por un lado, reforzando el del vehículo eléctrico y el agroalimentario a través de préstamos. Por el otro, reforzando el de economía circular. Además, el Ejecutivo introduce el PERTE Chip en la adenda, para “para incrementar la capacidad de diseño y fabricación de la industria de semiconductores en España”.

Inteligencia artificial

Con la inteligencia artificial y su regulación en el centro del debate económico, político y social, el Ejecutivo incluye dentro de las novedades de la adenda presentada ante Bruselas la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, “que no solo supervisará los sistemas utilizados tanto por el sector público como por el sector privado, sino que además ejercerá funciones de asesoramiento, concienciación y formación”. Las inversiones de este apartado se articularán por el PERTE Chip, “para fortalecer el desarrollo de chips cuánticos”.

Ciencia e innovación

En el capítulo de ciencia, tecnología e innovación, las novedades se concentran solo en las inversiones. Y se articulan, como en otros apartados, en torno a los PERTE. En este caso, el PERTE Chip —para inversiones en proyectos I+D+I y desarrollo de carreras científicas—, el PERTE Salud de Vanguardia —con, entre otros, préstamos para empresas del sector— y el PERTE Aeroespacial, que buscará invertir en la generación de capacidades industriales españolas vinculadas al futuro avión de bajas y nulas emisiones, y que también incluye líneas de financiación.

Salud

Todas las novedades relativas a la salud se articulan a través de inversiones: en mejora de la asistencia a pacientes con enfermedades raras y en la consolidación de la cartera de servicios de medicina personalizada de precisión en el Sistema Nacional de Salud.

Plan de competencias digitales y modernización del sistema educativo

El plan de competencias digitales incluye, como únicas novedades, dos reales decretos dirigidos a la evaluación y certificación de las competencias digitales de los docentes.

Por el lado de las inversiones, la adenda introduce como novedad el plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias, “para la recualificación de la población adulta mediante formaciones breves, flexibles y modulares”.

Cuidados y políticas de empleo

Dentro del capítulo Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el Ejecutivo señala como novedad la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica, que introduce la figura del consumidor vulnerable. Esta norma ya está aprobada y entró en vigor en marzo de 2022.

En inversiones, la adenda incluye el Fondo de reforma de la inclusión social, que recoge el ingreso mínimo vital —que no ha tenido, de momento, el alcance pretendido— y el Fondo de Impacto Social. En el capítulo del trabajo se apunta como novedad el Fondo de reforma laboral, con el mecanismo RED, “que constituye el soporte financiero del mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo y que financiará la recualificación de trabajadores en transición”.

“España ‘hub’ audiovisual de Europa”

Este capítulo, señala el Gobierno en el texto, “agrupa una serie de inversiones y reformas destinadas a dinamizar y fortalecer el sector audiovisual, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial”. Incluye dos nuevos apartados de inversión: el PERTE Nueva Economía de la Lengua: Información en español y lenguas cooficiales y el Fondo Spain Audiovisual Hub, “dirigido a apoyar el crecimiento de las PYMEs que operan en el sector audiovisual y de las industrias culturales”, entre otras.

Fiscalidad

Por último, dentro del capítulo que el Ejecutivo ha bautizado como Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, la adenda recoge como novedad el Fondo de Incentivos Fiscales, “para fomentar la inversión verde de empresas y hogares”.

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