El Ejecutivo solo podría bloquear el traslado de Ferrovial si demuestra que es ficticio

El mensaje de Ferrovial pocos minutos después de anunciar su traslado de España a Países Bajos quiso ser tranquilizador: no tendrá ningún impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Pero si eso fuese estrictamente así y nada cambia, la Administración española tendría un argumento para frenar el traslado, como reflexionan los expertos consultados.

Jordi Rovira, soci...

El mensaje de Ferrovial pocos minutos después de anunciar su traslado de España a Países Bajos quiso ser tranquilizador: no tendrá ningún impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Pero si eso fuese estrictamente así y nada cambia, la Administración española tendría un argumento para frenar el traslado, como reflexionan los expertos consultados.

Jordi Rovira, socio del área Fiscal y Tributaria del despacho AGM, recuerda que la legislación europea defiende la libertad de movimientos de capitales. Gracias a esa libertad, Ferrovial se acogerá al régimen de neutralidad fiscal para formalizar la absorción de la matriz actual por parte de su filial neerlandesa. Y eso hará que pague poco dinero por el traslado. Uno de los accionistas del grupo constructor, el fondo TCI, lo cuantificó en apenas 20 millones de euros. Pero ese viaje no puede ser de palabra, deberá hacerse efectivo con hechos. “En este tipo de operaciones los motivos económicos tienen que ser válidos. La operación debe tener un contenido. Las decisiones empresariales deberán adoptarse desde la nueva sede, no puede ser una pura carcasa jurídica”, apunta Rovira. Si no fuese así, el Estado podría tomar medidas y argumentar que no reconoce la validez de la operación para exigir el pago de impuestos en España. Sin juzgar ni conocer en profundidad el caso concreto, duda de que eso pueda llegar a pasar por las características de la constructora, dado que el negocio internacional es el responsable del 82% de sus ingresos y el 90% de su valor bursátil.

Las fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo de Sánchez estudia medidas de presión para tratar de evitar la fuga. Fuentes del Gobierno dan prácticamente por perdida esa batalla, pero exigirán que la compañía cumpla escrupulosamente todos los requisitos legales antes de dar el visto bueno a cualquier paso de la operación. El Gobierno, en contra del argumentario de la empresa, está convencido de que el verdadero motivo del traslado es la fiscalidad y pone de ejemplo las compañías que la familia Del Pino tiene en Países Bajos y ha mantenido en Suiza. Hacienda escrutará todo el proceso de deslocalización. Fuentes consultadas insisten en que se estudiará el mínimo resquicio legal que supondría poder demostrar que la sede holandesa sea más ficticia que real. “Es una empresa emblemática, hemos apelado al sentido de patriotismo, al interés general, pero es muy difícil que se revierta la situación”, explican fuentes gubernamentales, que recuerdan que la constructora paga en todo el mundo unos 2.000 millones en impuestos, de los cuales menos del 30% es en España.

Otro experto en un despacho internacional que pide anonimato se manifiesta en el mismo sentido: “La cúpula, las decisiones, deben trasladarse siguiendo el principio jurídico de dirección efectiva. Los directivos tienen un riesgo de que la Administración les diga que son residentes fiscales en España”. Pero para eso, añade, la Administración debería hacer una labor importante en demostrarlo. “La sociedad matriz será una SA Europea, no podemos criticar su existencia, porque responden a un mecanismo de la UE que garantiza la libertad de capitales, y máxime cuando España asuma la presidencia del Consejo de la UE este verano”. Las compañías tienen derecho a trasladar su sede si lo argumentan con motivos económicos válidos. Los Estados solo se pueden oponer si tienen muy claro que es un fraude. En ese caso, si Hacienda demostrase que es solo en apariencia, todos los activos de la compañía pasarían a tener valor del mercado, lo cual podría ser un revés para las cuentas de la empresa.

El futuro

La historia empresarial sugiere que cambios como este tienen difícil marcha atrás. Se demostró incluso dentro de España con la huida de empresas tras el procés catalán. Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, abunda que la tributación en el Impuesto de Sociedades, ligeramente más beneficiosa, y sobre todo el régimen fiscal para los holdings societarios que se aplica en Países Bajos, es lo que atrae a la firma española. También un derecho fiscal ágil al estilo anglosajón. “Habrá una pérdida de recaudación para España. Una parte del beneficio se quedará en la matriz al prestar servicios intragrupo, y ese margen, en función de los precios de transferencia, se quedará allí”, recuerda. España perderá la tributación por los dividendos internacionales y plusvalías de filiales que repatrie el holding, sobre los que ahora aplica una exención del 95% (y que en Países Bajos es del 100%, por lo que no se paga nada). La tributación por ese 5% de los dividendos internacionales que aplica España está sometida al Impuesto de Sociedades (25%), de modo que el pago efectivo se reduce al 1,25%. “Puede parecer poco, pero eso, en una empresa grande, son muchos millones”, analizan varios asesores. El año pasado, Ferrovial abonó 540 millones en impuestos, de los que 117 millones fueron sobre los beneficios, y de ellos, solo 9 tuvieron origen en el mercado nacional. La recaudación total de impuestos por cuenta de terceros pagados a las finanzas públicas por la multinacional (por ejemplo, los gravámenes sobre el trabajo de los empleados, el IVA o las retenciones) ascendieron a otros 1.029 millones.

A la larga, los servicios administrativos, jurídicos y de otro tipo, concluyen los consultados, se irían trasladando. Bernardo Cremades, desde Cremades y Asociados, añade otra ventaja: Países Bajos tiene firmados unos 75 tratados bilaterales de protección de inversiones, mientras que España, 60. “Eso otorga un mayor grado de protección al realizar inversiones en el extranjero”.

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