Un 85% de los clientes financieros ya están cubiertos por las ayudas para hipotecados en apuros

El equipo negociador encargado de cerrar el escudo social que protege a los deudores hipotecarios en apuros tenía clara una cuestión: el nuevo paquete de ayudas debía salir adelante con un pacto entre Gobierno y banca, no de forma unilateral. Tras un largo tira y afloja, finalmente se consiguió acordar un plan que resulta suficiente para todas las partes. Y al ser con consenso, se garantiza que el nuevo Código de Buenas Prá...

El equipo negociador encargado de cerrar el escudo social que protege a los deudores hipotecarios en apuros tenía clara una cuestión: el nuevo paquete de ayudas debía salir adelante con un pacto entre Gobierno y banca, no de forma unilateral. Tras un largo tira y afloja, finalmente se consiguió acordar un plan que resulta suficiente para todas las partes. Y al ser con consenso, se garantiza que el nuevo Código de Buenas Prácticas tenga un uso generalizado. Así, al menos el 85% de los clientes financieros ya están cubiertos por esta red de auxilio al trabajar como banco principal con una de las entidades adheridas. Una cifra que se elevará hasta al menos el 90% la próxima semana, según fuentes financieras, y la previsión es que llegue a casi el 100% al contar con el visto bueno de las patronales AEB y CECA.

El protocolo, aprobado el 22 de noviembre, consta de dos partes: por un lado, actualiza el código enfocado en los más vulnerables, en vigor desde 2012. Y, por otro, crea un nuevo mecanismo para aliviar a los clientes en riesgo de entrar en una situación de vulnerabilidad. Para el primero, los bancos que ya estaban adheridos (más de 80, según constaba en el Boletín Oficial del Estado), tenían 15 días para decidir si se salían tras las modificaciones realizadas. Y para el nuevo protocolo disponían de un mes para unirse, aunque en principio también se podrían sumar más adelante. Una decisión individual de cada banco que es relevante, ya que el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas solo es obligatorio para las entidades adheridas. Es decir, el hecho de que una amplia mayoría se incluya es clave para que este paraguas cubra al máximo de clientes que lo necesiten.

La lista de bancos adheridos se amplía casi cada día. Entre los grandes del mercado, ya han confirmado su unión CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, ING, Unicaja, Ibercaja, Openbank e Imagin Bank. A estos se unirá este jueves Kutxabank, según fuentes de la compañía, y en la próxima semana también lo harán previsiblemente Abanca, Bankinter y Evo. Así, según los datos del Grupo Inmark sobre la penetración de mercado (porcentaje de clientes que menciona a un banco como su entidad principal, donde estará el préstamo para compra de vivienda), entre los que ya han confirmado dan servicio como primer banco el 84,9% de los clientes financieros. Cifra que se eleva a nueve de cada diez usuarios si se suman los que se adherirán próximamente. Además, cerca del otro 10% restante trabaja con pequeñas entidades de las antiguas cajas rurales que se espera que también entren.

El sector financiero, por tanto, se compromete a aplicar el paquete de medidas acordado entre el Gobierno y la banca, que beneficia a las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), a las que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estos podrán optar a un periodo de carencia de cinco años con un tipo de interés reducido de euríbor menos 0,10% y el capital aplazado podrá pasarse a una cuota final, prorratearse en las cuotas resultantes o combinar ambas, entre otras opciones.

Por otro lado, los bancos adheridos también deberán aplicar durante dos años ayudas a familias con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, haya aumentado al menos un 20%. El catálogo de medidas incluye la congelación de la cuota durante 12 meses, alargar hasta siete años el plazo de amortización del préstamo (sin que el préstamo rebase los 40 años) y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado (generará intereses, pero menos de lo que sería habitual en el mercado).

“Somos los principales interesados en apoyar al conjunto de la sociedad y, especialmente, a nuestros clientes en dificultades. Lo hemos hecho siempre, lo hacemos en la actualidad y vamos a seguir haciéndolo en el futuro porque tenemos el compromiso y el deber de contribuir al bienestar económico y social del país”, afirmó José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, en el comunicado del banco. En la misma línea se pronunció el resto de entidades, por ejemplo el BBVA: “Estamos fuertemente comprometidos con el apoyo a la sociedad y especialmente a las familias con mayores dificultades en la situación actual. En BBVA siempre trabajamos de la mano de nuestros clientes para encontrar medidas personalizadas según sus necesidades y momentos vitales”, aseguró en su nota el jefe para España de la entidad, Peio Belausteguigoitia.

La morosidad, bajo la lupa

Esta ha sido la reacción de Gobierno y sector para prevenir un posible aumento de la morosidad. La guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación, sumado a las cicatrices de la pandemia, presionan sobre el bolsillo de familias y empresas. Ante esta situación, el Banco Central Europeo (BCE) dio un giro de timón en julio y comenzó con las subidas de tipos, una inercia que aún no ha cesado. Esta medida se utiliza para luchar contra la espiral alcista de precios, aunque de paso ha elevado con fuerza el euríbor, lo que golpeará también a las familias con hipotecas referenciadas a este índice (en España hay unos cinco millones de préstamos para compra de vivienda, de los que 3,7 millones son a tipo variable).

De hecho, en noviembre el euríbor se situó en el 2,828%, más de tres puntos porcentuales por encima del dato del mismo mes del año anterior. Esto supone para una hipoteca media (143.222 euros en septiembre de este año, según el INE) que esté en los primeros años del préstamo, que lo tenga que devolver en 24 años y con un diferencial de euríbor más un punto, un sobrecoste de unos 234 euros al mes. En total, pasaría a abonar unos 761 euros al mes en lugar de los 527 euros que les hubiera correspondido si el euríbor se hubiese mantenido estable. Es decir, este deudor medio pagaría 2.807 euros más que en el ejercicio anterior.

Este golpe ya se ha empezado a sentir, aunque según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España llegará a la mayoría de hogares entre el final de este año y el primer semestre de 2023. Por tanto, Gobierno y sector financiero han adelantado la red de auxilio de forma preventiva por si la situación se torna más complicada.

Por el momento, la morosidad sigue en niveles históricamente bajos (en septiembre quedó en el 3,79%). Y el supervisor recuerda además que la hipoteca siempre es lo último que se deja de pagar: “Ante la pérdida de un 20% de renta, lo primero que se impaga es el crédito al consumo, luego los suministros y, solo dos años después de la pérdida, se comienza a impagar la hipoteca”, explicó el mes pasado Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España. Pese a ello, instituciones nacionales y comunitarias llaman a la prudencia para no revivir lo peor de la pasada Gran Recesión, cuando la morosidad rebasó el 13%.