La erosión del poder adquisitivo de los salarios sacude Europa

La erosión del poder adquisitivo de los salarios avanza a un ritmo galopante en gran parte de Occidente. La divergencia entre las significativas tasas de inflación y el moderado crecimiento de las retribuciones muerde a la clase trabajadora, lo que afecta con especial intensidad a los segmentos de rentas más bajas. Quienes hasta hace poco llegaban justos a fin de mes, pronto empezarán a notar de forma cada vez más clara que las cuentas no salen. Un nuevo vector se añade así al cúmulo...

La erosión del poder adquisitivo de los salarios avanza a un ritmo galopante en gran parte de Occidente. La divergencia entre las significativas tasas de inflación y el moderado crecimiento de las retribuciones muerde a la clase trabajadora, lo que afecta con especial intensidad a los segmentos de rentas más bajas. Quienes hasta hace poco llegaban justos a fin de mes, pronto empezarán a notar de forma cada vez más clara que las cuentas no salen. Un nuevo vector se añade así al cúmulo de motivos de malestar que ha dado alas en la última década a propuestas políticas radicales o a un desencanto con el sistema expresado en forma de abstención.

Un cuadro comparativo de datos proporcionado por la consultora Macrobond, a petición de este diario y sobre la base de estadísticas nacionales, muestra un fuerte proceso de contracción del poder adquisitivo de los salarios bajo convenios colectivos en la zona euro en el último año. En junio, el resultado para el conjunto del área monetaria común fue un retroceso del 6,2% con respecto al año anterior. Entonces, Italia y España registraban el peor dato entre las principales economías de la UE, rondando el 7,5% de erosión, frente al 6,7% de Alemania o el 2,7% de Francia. Indicadores nacionales más recientes, no disponibles para todos los países, muestran una leve mejora de la situación en España (6,4%) o un acentuado empeoramiento en los Países Bajos, con un retroceso del 12,7%.

La consejera del BCE Isabel Schnabel pronunció en el foro de La Toja el 30 de septiembre unos datos que apuntaban a un retroceso del 5% en la zona euro entre el tercer trimestre del año pasado y el segundo de este en cuanto a compensación real por empleado, un concepto más amplio que el de salarios bajo convenios colectivos. Las últimas perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicadas en septiembre, proyectaban para 2022 una contracción anual de los salarios reales en España del 4,5%, menos que Grecia (6,9%), pero más que Italia (3,1%) o Alemania (2,6%).

Los indicadores, obviamente, varían según el perímetro de definición y resultan expuestos a fluctuaciones mensuales en relación con cambios en los mercados laborales y la evolución de los precios. Pero, establecidas esas cautelas, es evidente la tendencia general hacia una consistente contracción de la capacidad de compra de los salarios en gran parte de Occidente.

“La reducción del poder adquisitivo se está registrando, con mayor o menor intensidad, en prácticamente todos los países de la OCDE, con contadas excepciones como Japón, Islandia, Polonia y Hungría”, constata Andrea Garnero, economista de la institución especializado en la materia. “En EE UU, la caída es menos acentuada por la situación tensa del mercado laboral, que empuja a los empleadores a subir salarios de forma consistente. En Europa continental, por lo general, los salarios no han subido lo suficiente como para mantener el paso de la inflación. Y la pérdida neta de los trabajadores no es compensada por las medidas que prácticamente todos los gobiernos están tomando, algunas veces de forma horizontal, sin dirigirlas a quienes realmente las necesitan”, prosigue el experto.

Esa combinación de retroceso del poder adquisitivo e insuficiencia de las redes de protección social es el caldo de cultivo de un posible estallido de malestar social. Las protestas que han agitado Francia en los últimos días son una señal en ese sentido. Antes, el Reino Unido afrontó en verano huelgas en el sector ferroviario que la agencia Reuters califica como el mayor paro de los últimos 30 años. Miles de personas salieron a la calle en Bruselas en septiembre para quejarse de los precios, y decenas de miles lo hicieron en Praga en una manifestación promovida por varios partidos radicales que tenía ese y otros elemento de convocatoria. Otros países también experimentan señales de turbulencia en forma de protesta callejera o huelgas sectoriales.

Esta dinámica se configura cada vez más como un flanco de actuación decisivo para la política europea en los próximos meses, agitando las relaciones entre las partes sociales, desenterrando viejos pulsos casi olvidados como el debate alrededor del concepto de “espiral salarios-precios” —en referencia al riesgo de que una subida excesiva de los salarios alimente la inflación— y arrojando nueva sal sobre la herida del equilibrio de fuerzas entre sindicatos y patronales.

Este último elemento está muy presente en el escenario español. “La situación es grave en cuanto a pérdida de poder adquisitivo, porque vemos que los acuerdos de negociación colectiva cerrados han tenido un incremento medio del 2,6% hasta septiembre cuando los precios registran un aumento al 9%”, observa Carlos Martín, director del Gabinete Económico del sindicato CC OO.

“Hay una perdida clara, pues, que se suma a un proceso de devaluación que empieza desde el final de la burbuja inmobiliaria y que se acelera con la reforma laboral de 2012″, una iniciativa legislativa impulsada por el entonces Gobierno del PP de Mariano Rajoy y que debilitó la posición de los trabajadores en las negociaciones de convenios. “La patronal está echada al monte. No ha querido repartir con los trabajadores los costes de la subida de la inflación”, acusa Martín.

“Los beneficios en un amplio rango de sectores empresariales han crecido significativamente. Esto significa que las empresas han logrado hasta ahora incrementar sus precios más allá del aumento de los salarios nominales y en muchos casos incluso más allá del aumento de los costes energéticos”, dijo Schnabel en un pasaje de su discurso de La Toja, dedicado a la situación empresarial en la zona euro.

En cuanto a la fragilización de la posición de los sindicatos, si bien los cambios introducidos por la reforma de 2012 son específicos de España, se trata de un fenómeno recurrente, con distintas intensidades, en muchos países occidentales. Schnabel se refirió a la “pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores” como una de las causas que “explican la situación actual”: “Pese a un mercado del trabajo históricamente tenso, un declive sustancial de los salarios reales pesa sobre la cuota del trabajo en la renta”.

El discurso de Schnabel tenía una mirada panorámica, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) considera que España se halla en una situación específica que sobresale de ese marco general. “España es uno de los tres países de la UE cuyos beneficios empresariales están por debajo del nivel covid”, observa Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal CEOE. “La empresa española sufre especialmente con respecto al resto de las empresas europeas por la fuerte incidencia de varios costes”, prosigue. “La subida de tipos de interés afecta a todos, pero a España en particular, porque la crisis de la covid golpeó aquí con especial dureza y las empresas tuvieron que endeudarse de forma significativa. Los costes fiscales han aumentado de forma importante en España, más que en otros países. En ningún otro país el salario mínimo ha subido tanto en los últimos años, y en los últimos dos los beneficios empresariales en relación al PIB han caído unos tres puntos. Además, la productividad se sitúa un 4% por debajo del nivel precrisis”.

“Tememos que si la política fiscal o salarial se desarrolla de forma poco razonable, por ejemplo con aumentos across the board, igual para todos, que no tengan en cuenta la situación específica de cada sector, se pueda aumentar la vulnerabilidad de la empresa española y a medio plazo reducir su actividad, la inversión y aumentar el paro”, concluye Fernández de Mesa.

Protección del empleo

El abanico de datos a tener en cuenta para configurar un juicio es enorme. Entre los más destacados, sin embargo, cabe señalar que si bien es cierto que España es una excepción en el contexto europeo en tanto no ha recuperado todavía el PIB prepandemia, a la vez es un mercado que se ha beneficiado de un intenso esfuerzo público protector del empleo -con el esquema de los ERTE, que ha facilitado una continuidad de recursos humanos valiosa para las empresas-, que ahora crece más de la media y que empieza a recibir una enorme inyección de fondos europeos de recuperación.

“Creo que este discurso de la perenne anomalía española no responde a datos objetivos”, dice Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Gobierno. “España culmina con éxito la recuperación de la crisis pandémica, que ha sido especialmente dura por la especial importancia de sectores vinculados a la movilidad, pero que se ha afrontado con recursos del erario público extraordinarios. Ahora, datos de varios sectores, de distribuidoras de alimentación, empresas energéticas o banca apuntan a beneficios importantes, en algunos casos incluso un incremento de los márgenes”.

“No hay ninguna duda de que no podemos permitir la devaluación salarial que se está produciendo”, prosigue el secretario de Estado. “Eso genera inseguridad, incertidumbre, malestar social que repercuten en escenarios políticos explosivos, perjudicial para las democracias en Europa. En ese sentido, el Gobierno ha puesto una cantidad de medidas de gran intensidad para atajar las causas, por ejemplo en el mercado de la energía, o aliviar la situación de familias y clases populares”, añade Pérez Rey.

“En cuanto a salarios, estamos determinados a proceder a un aumento del mínimo interprofesional para mantener el poder adquisitivo”, dice el secretario de Estado, en un asunto en el que en el pasado ha habido divergencias en el seno del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos). “A partir de ahí, toca a las partes sociales. No es de recibo que en este contexto de elevada inflación, los convenios colectivos estén muy por debajo de ella. No se trata de indexar. Pero en este contexto, seguir manteniendo márgenes empresariales, incluso incrementarlos los beneficios, y mantener los salarios tan alejados de la inflación es equivocado desde el punto de vista económico —porque pude conducir a deprimir la demanda— y es ignominiosa desde el punto de vista de la justicia social. Quien tiene la responsabilidad sobre sus espaldas es, básicamente, la patronal”, concluye.

Cambio en la relación de fuerzas sociales

El cambio en la relación de fuerzas en la sociedad es una de las grandes cuestiones de fondo de esta época que, por varias vías, ha ido fomentando un malestar y desapego de buena parte de las clases populares y las nuevas generaciones. La globalización y sus deslocalizaciones, la precarización laboral, la agitación de mercados clave como el de la vivienda y, ahora, el de la energía son algunos de los elementos que confluyen en esa dinámica.

Garnero, de la OCDE, exhorta a ponderar el asunto del debilitamiento de la posición sindical en toda su complejidad. “Es verdad que en España ha habido reformas que han reducido el papel, el poder de la contratación colectiva. Pero el poder de negociación es la suma de factores institucionales y otros más puramente económicos”, observa. “Así, ahora vemos que países donde no ha habido reformas como la española tienen situaciones parecidas; y otros, como EE UU, donde la posición sindical es más débil, experimentan mayores subidas salariales. Además, si miramos al pasado, por ejemplo en Alemania, podemos ver cómo una posición de negociación colectiva fuerte fue precisamente un factor de contención salarial entre finales de los noventa y principios de este siglo”.

Los datos recopilados por Macrobond muestran cómo entre el verano de 2012 y principio de 2015, España se registró una dinámica salarial mucho más desfavorable que en la media de la zona euro para los trabajadores, con una fuerte devaluación especialmente en el primer año tras la reforma. A partir de ahí, la dinámica es menos contundente, con algunas fases menos favorables que la media de la zona euro, y otras algo mejores, como en el periodo 2019-2020.

Ante el consistente deterioro de la situación, algunos países europeos han procedido a tomar medidas de peso en el segmento de los salarios mínimos, un área en la que claramente se concentra gran potencial de sufrimiento social. Alemania lo ha subido a principios de mes de 10,45 a 12 euros la hora; Países Bajos un 10% a finales de septiembre; y en Francia, señala Garnero, donde hay mecanismos automáticos de actualización, ya se han dado tres pasos en adelante en lo que va de 2022.

“La posibilidad de una espiral salarios-precios existe, teóricamente: no es una cosa imposible”, dice Garnero. “Pero hoy día, por cómo son los equilibrios y por las condiciones del mercado, el riesgo es nulo o muy bajo. Sin duda no hay riesgo si se habla de salario mínimo. Afecta a una cuota limitada de personas, entre el 5% y el 15%, según la economía. Un aumento en ese segmento no puede tener efectos macro muy importantes. Esto debería empujar a ser más valientes en mejorar el poder de compra de estos trabajadores, que son los más golpeados por la inflación. En cuanto a estimaciones más generales sobre los efectos de la subida de salarios mínimos, la literatura internacional en general sugiere una mirada de balance bastante positiva”.

Philip Heimberger, analista del Instituto de Viena para Estudios Económicos Internacionales, alerta del peligro de la “obsesión” de algunos dirigentes y expertos con el fantasma de una espiral salarios-precios desconectado de los datos reales. Heimberger considera que ahora no hay motivos para preocuparse de eso. Y señala, en cambio, otro tipo de espiral: “La magnitud y velocidad del colapso de los salarios es sin precedentes, y esto causa dificultades para millones de trabajadores y sus familias. La reducción del poder adquisitivo profundizará la recesión que asoma” si no se controla, sostiene. “Durante una recesión que asoma, el poder negociador de los empleados siempre se reduce”, recuerda. Se produce, pues, una perspectiva de espiral doblemente negativa para los trabajadores. “Las alertas acerca de una espiral salarios-precios son exageradas. En cambio, los dirigentes deben pensar bien en cómo proteger a millones de trabajadores de ulteriores perdidas de poder adquisitivo para evitar malestar social”, concluye Heimberger.

“Como han dicho varios banqueros, la inflación es una tasa ineluctable. Alguien tiene que pagarla, y solo pueden hacerlo tres actores: los trabajadores, las empresas o el Estado”, señala Garnero. La manera en la que se repartirá ese dolor es probable que marque con fuerza el desarrollo de la política occidental en los próximos años, incluido el devenir de la posición de la ciudadanía con respecto a la guerra librada por Putin en Ucrania, un elemento central en la ola inflacionista.

El malestar y el desapego de buena parte de las clases populares y de las nuevas generaciones es una de las grandes claves de lectura del Brexit, de la victoria de Trump, de los éxitos del Movimiento Cinco Estrellas y Giorgia Meloni en Italia, o de los poderosos resultados de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon en Francia. La erosión del poder adquisitivo se suma a otros factores. El tiempo dirá hasta qué punto provocará agitación.