La mitad de los trabajadores con convenio no tienen garantizado el poder adquisitivo

La inflación está desbocada, con máximos que no se veían desde 1985, y aunque algunas medidas para atajarla como la rebaja de los combustibles ya han entrado en vigor, sus efectos no empezarán a notarse hasta dentro de unos meses. La principal incógnita alrededor de la subida de los preci...

La inflación está desbocada, con máximos que no se veían desde 1985, y aunque algunas medidas para atajarla como la rebaja de los combustibles ya han entrado en vigor, sus efectos no empezarán a notarse hasta dentro de unos meses. La principal incógnita alrededor de la subida de los precios sigue siendo la misma desde que la ofensiva de Rusia en Ucrania redobló el empujón que la pandemia había infligido sobre los precios: ¿cuándo terminará? Ante la imposibilidad de definir un horizonte temporal, el Banco de España alerta de que un ajuste de los salarios que se equipare con el auge de los costes provocaría que este repunte se extendiera en el tiempo, algo que derivaría en que “el incremento de los precios energéticos, principal factor existente detrás del episodio inflacionista actual, se filtre al resto de los precios y de los costes de la economía”. De momento, señala el organismo en un reciente estudio, solo la mitad de los trabajadores que han acordado convenios con efectos en 2023 tienen garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo.

Así lo asegura el recuadro Un primer análisis acerca del impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022, elaborado por Mario Izquierdo e Isabel Soler, y que formará parte del Informe trimestral de la economía española del primer trimestre del año. La postura del Banco de España respecto a cómo reajustar los sueldos dentro de la espiral inflacionista no es nueva. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha venido advirtiendo desde el comienzo del conflicto bélico que las subidas salariales deberían proyectarse a varios años y excluyendo de las referencias los precios energéticos. Una senda por la que transitan, con más complicaciones de las esperadas, empresarios y sindicatos dentro de sus conversaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

No es ajeno el Banco de España a la importancia del tratado en el que trabajan los agentes sociales, ya que servirá de referencia dentro de los marcos negociadores de inferior categoría. “En la actualidad existe un volumen relativamente importante de negociación latente pendiente de firma, cuyo avance en los próximos meses será fundamental para calibrar el grado de traslación del repunte inflacionista actual a los salarios en un horizonte temporal de medio plazo”, indica en su informe. Aunque dentro del AENC son solos sindicatos y empresarios los que debaten, el Pacto de Rentas impulsado por el Gobierno dependerá de lo que se acuerde en él. Fuentes sindicales reconocen que no aceptarán ninguna intromisión del Ejecutivo dentro de estos encuentros; mientras que fuentes gubernamentales niegan haber interferido en las conversaciones.

Espiral de incrementos

En su valoración, el Banco de España advierte de que los convenios ya acordados y con efectos en 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial. Según los datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, son únicamente la mitad de los trabajadores bajo estos convenios los que verán incrementado su sueldo, una cifra inferior a la observada antes de la crisis financiera de 2008 (70%). Sin embargo, para el organismo supervisor “su tendencia al alza en los últimos meses constituye un riesgo creciente de que se produzcan efectos de segunda vuelta en la inflación”, ya que esta circunstancia “conlleva un aumento del riesgo de que, eventualmente, se materialice una espiral de incrementos de salarios-precios que podría tener efectos muy nocivos sobre la actividad y sobre el empleo en un horizonte de medio plazo”.

Dejar fuera de la revisión salarial la subida de los costes energéticos implicaría la utilización como referencia de la inflación subyacente, esto es, la que también discrimina las alteraciones de los alimentos frescos. Una tasa que en marzo llegó al 3,4% interanual, cuatro décimas más que en febrero, lo que muestra que la subida de la luz, el gas o la gasolina han provocado una alteración de los demás productos que componen la cesta de la compra.