La guerra en Ucrania fuerza a Bruselas a adoptar nuevas medidas para frenar la crisis de precios de la energía
España ve fiscalmente “insostenible” el sistema de ayuda a los consumidores vulnerables propuesto por la Comisión y reclama un “freno de emergencia” para hacer frente a situaciones extraordinarias
La guerra en Ucrania ha agravado la tensión en los mercados energéticos y ha puesto en peligro la recuperación de la economía europea tras la pandemia. La UE ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria de ministros de Energía destinada a preparar medidas de contención ante los esperados daños para el consumo, el bienestar de los hogares y la producción industrial. La Comisión Europea recomienda mantener en vigor las reb...
La guerra en Ucrania ha agravado la tensión en los mercados energéticos y ha puesto en peligro la recuperación de la economía europea tras la pandemia. La UE ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria de ministros de Energía destinada a preparar medidas de contención ante los esperados daños para el consumo, el bienestar de los hogares y la producción industrial. La Comisión Europea recomienda mantener en vigor las rebajas fiscales y subvenciones puestas en marcha en los últimos meses para aliviar la factura de la electricidad. Pero España llega con una posición mucho más exigente: el Gobierno reclama un freno de emergencia para desvincular el precio de la electricidad del precio de gas y evitar, entre otras cosas, que consumidores y empresas queden a merced de la presión de Rusia sobre los mercados.
El zarpazo de los precios de la energía no parece tener final. Al incremento alarmante por las tensiones en los mercados globales de gas provocadas por la pandemia se le suma ahora una guerra a las puertas de Europa con el principal proveedor de la UE como causante y protagonista de la contienda bélica. Hasta la fecha, la Comisión Europea había reclamado calma a los Estados miembros, negando la necesidad de realizar ninguna reforma sustancial en el mercado energético, y pidiendo que trataran de paliar la crisis con medidas fiscales y bonos sociales para aliviar a los consumidores. Pero la factura empieza a ser demasiado cara y corre el riesgo de llevarse por delante los multimillonarios fondos de recuperación aprobados por Bruselas: los socios comunitarios han gastado ya más de 23.000 millones de euros en aliviar a unos 71 millones de clientes particulares y varios millones de pymes, según un borrador de comunicación que la Comisión Europea prepara a la carrera con una nueva batería de medidas urgentes, y que tiene previsto presentar esta misma semana.
La invasión de Ucrania redobla la presión para que Bruselas actúe. La reunión de este lunes tendrá un punto central en la agenda: “La situación energética en Europa tras la crisis en Ucrania”. Además de la comunicación con nuevas herramientas para dar alivio al alza de precios y el trabajo que lleva semanas haciendo para lograr un aprovisionamiento alternativo de gas natural licuado, la Comisión ha estado trabajando en secreto en planes de contingencia en los que se contemplan herramientas extraordinarias para atajar alzas de precios radicales, en el caso de un posible cierre total o parcial del grifo del gas de Rusia. Moscú suministra en condiciones normales el 40% del gas que importa la UE, aunque en las últimas semanas ha sufrido un recorte hasta llegar al 22%, según Goldman Sachs.
Países como España, que ya ha gastado 7.000 millones en la protección de los más vulnerables por la escalada de los precios, consideran fiscalmente “insostenible” el sistema actual y reclaman a Bruselas que incluya en su nueva propuesta mecanismos “extraordinarios” como un “freno de emergencia” para sortear una crisis que ya impone una enorme carga económica a los Estados miembros, según se desprende de una carta enviada esta semana por el Gobierno español a la Comisión, firmada por las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y tercera, Teresa Ribera, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
“Las medidas propuestas hasta ahora [por la Comisión] no son sostenibles en el tiempo”, asevera el texto. “Imponen un coste muy elevado y dependen de la diferente capacidad presupuestaria de los Estados miembros, lo que corre el riesgo de dañar el mercado único europeo y distorsionar la competencia”.
España lleva desde mediados del año pasado alertando en Bruselas de que la crisis de precios corría el riesgo de extenderse por toda la UE, y ha liderado una especie de entente de socios comunitarios, con otros países como Francia, que reclaman cambios sustanciales en las reglas del mercado energético. En la carta enviada a la Comisión por parte de España, fechada un día antes de que las tropas rusas pusieran sus botas en Ucrania, las vicepresidentas Calviño y Ribera advierten de que la situación durará más de lo que previó la Comisión Europea cuando presentó en octubre una primera “caja de herramientas” para hacer frente a las alzas.
“Las tensiones geopolíticas podrían aumentar aún más los precios en los mercados energéticos internacionales”, añade la misiva. Y pide a la Comisión que adopte medidas “adicionales y extraordinarias” que puedan activarse en circunstancias específicas del mercado, “para transferir las rentas de los generadores de energía a los consumidores y limitar el efecto de contagio de los precios del gas sobre los de la electricidad”.
La carta advierte de la enorme carga para los Estados que ha supuesto el alivio temporal de los consumidores propuesto por la Comisión. “En el caso de España, el coste fiscal de la protección de los hogares y las empresas, especialmente las más vulnerables, supera los 7.000 millones de euros”, dice el texto. “Según los anuncios realizados por los Estados miembros, el coste presupuestario se aproxima al importe de los fondos de Next Generation [los fondos de recuperación]”.
Medidas de mayor alcance
La nueva comunicación que ultima la Comisión, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, contiene medidas de mayor alcance a las propuestas en octubre como la posibilidad de establecer precios regulados en circunstancias tasadas, o la posibilidad de gravar los llamados “beneficios caídos del cielo” de las energías renovables, una opción que requeriría del visto bueno de la Comisión. También busca profundizar en las compras conjuntas de gas, propuestas por España desde hace meses y adoptadas por Bruselas en diciembre, bajo un esquema voluntario.
El documento, que aún puede sufrir cambios, dibuja un panorama energético inestable y sombrío. “Las causas de estos elevados precios de la energía están relacionadas con la gran demanda mundial de gas y amplificadas por factores geopolíticos”, asegura el borrador, redactado mientras Rusia se armaba en las fronteras de Ucrania.
“Los precios de la energía continúan en máximos históricos y siguen siendo volátiles”, apunta con datos y gráficas que evidencian una escalada desaforada: los del gas al por mayor han subido un 400% en un año; un 260% los de la electricidad al por mayor, y ambos han impulsado los precios minoristas del gas y la electricidad, un 51% y un 30%, respectivamente.
A esto se le suma la enorme volatilidad provocada por la “incertidumbre” sobre el principal suministrador [de gas] de Europa, con picos que han pasado de un máximo de 304 euros por MWh el 26 de diciembre, para bajar enseguida a 110 euros por MWh antes de volver a subir a 210 euros por MWh el 1 de febrero. La presión sobre las reservas de gas, menores que en años anteriores, añaden inseguridad a la situación. Y la comunicación añade que al menos 23 proveedores de energía europeos se han visto obligados a incumplir sus obligaciones de suministro, dejando a los consumidores en manos de proveedores de último recurso.
La Comisión estima probable que aumente la pobreza energética, que ya afectaba a más de 35 millones de personas en la UE en 2020. “Además, es posible que se produzcan más despidos temporales y pérdidas de puestos de trabajo, ya que el sector empresarial se ve afectado por la subida de los precios de la energía y sufre dificultades financieras”, añade. Y a estas dificultades se junta el contexto general de precios elevados, en el que los alimentos han crecido un 4,3% en un año.
El horizonte es especialmente negro en las industrias intensivas en energía. “Más de la mitad de las fundiciones de aluminio y zinc de la UE funcionan hoy con una capacidad reducida o han cerrado temporalmente”, perdiendo hasta un 30% de su capacidad de producción. Bruselas también considera “probable” que sigan aumentando los precios de los alimentos, entre otros motivos por el coste de los fertilizantes, que aumentaron un 142% en el último año y suponen hasta un 20% de los costes de producción de los agricultores. Con esta tormenta perfecta a la vista, la Comisión y España sí coinciden en una cosa: la necesidad de acelerar la transición verde.