Lo que no se derogará de momento: otros “aspectos lesivos” de la reforma laboral de 2012, fuera de la negociación
Los costes del despido, que concentraron gran parte de las críticas al texto del PP, se debatirán a partir de 2022
El menú que se cocina en la negociación del nuevo marco de relaciones laborales aborda la retirada de algunos de los ingredientes más controvertidos de la reforma laboral que llevó a cabo el PP en 2012, pero deja fuera muchos otros. Entre ellos, uno de los que más revuelo generó...
El menú que se cocina en la negociación del nuevo marco de relaciones laborales aborda la retirada de algunos de los ingredientes más controvertidos de la reforma laboral que llevó a cabo el PP en 2012, pero deja fuera muchos otros. Entre ellos, uno de los que más revuelo generó hace casi 10 años: la reducción en la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días, con un tope de 24 mensualidades. Fuentes del diálogo social señalan que la reparación de alteraciones como esta se abordará “más adelante”, y no en este primer paquete.
¿El motivo? Que el compromiso adquirido con la Unión Europea, y que se recoge en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debe estar listo antes del 31 de diciembre. En este se hace referencia a la simplificación en la contratación y la reducción de la temporalidad, al nuevo mecanismo de sostenibilidad del empleo (los ERTE estructurales), a la modernización de la negociación colectiva y a la subcontratación, así como a la mejora en la eficiencia de las políticas públicas de empleo— .
“Esas cuestiones están ahí, no encima de la mesa, pero si se abren se abordarán en otro proceso distinto del actual”, apunta Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. “Se van a derogar, porque así lo recogen tanto el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos como sus respectivos programas electorales”, se suma Fernando Luján, secretario confederal de UGT.
Los tres platos principales de la carta negociadora actual se refieren a la recuperación de la ultraactividad —el tiempo que va desde que un convenio expira hasta el momento en el que se acuerda uno nuevo—; a la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial por encima del de empresa, y a la reducción de la temporalidad por medio de la eliminación del contrato por obra o servicio, junto con la limitación de las situaciones en las que un contrato temporal pudiera implementarse.
En el pacto entre PSOE y Unidas Podemos se recogen tres puntos a resolver con “carácter urgente”: la derogación del despido por absentismo causado por bajas por enfermedad —el único apartado que ya se ha retirado—; la del marco de un año al que limitó el PP la ultraactividad, y la de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.
Trabajo previo
La mengua en la cuantía de las indemnizaciones que implementó el PP también se trasladó a aquellas situaciones en las que las empresas se amparaban en causas económicas para llevarlas a cabo. Para estos casos se rebajó la cuantía a 20 días por año trabajado, y se eliminó la necesaria autorización administrativa para la presentación de los ERE. Para que todo el paquete indemnizatorio rebajara considerablemente su volumen también se prescindió de los salarios de tramitación, aquellos jornales que la empresa estaba obligada a abonar al trabajador que hubiera denunciado su despido si un juez decretaba su readmisión, y que se hubieran acumulado durante todo el litigio.
Vicente recuerda que los temas que se están negociando ahora son, además, aquellos sobre los que existía un trabajo previo y un consenso mayor, pues las primeras negociaciones al respecto se retrotraen a 2019, cuando se debatieron con la entonces ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio. “Son asuntos prioritarios y que por nuestra parte ya están cerrados. Eso no quiere decir que lo que está ahora mismo sobre la mesa sea lo que vaya a quedarse tal cual”, apunta Vicente. “Nosotros no hemos renunciado a nada en la negociación. Nuestra máxima es derogar la reforma del 2012. Un marco que incurre en graves incumplimientos de diversos aspectos que reconoce la Carta Social Europea”, añade Luján.
A pesar de que existe una cuenta atrás preestablecida para resolver las materias acordadas con Europa, los sindicatos convienen en puntualizar que no se ha definido, por el momento, ningún calendario para enfrentar estos otros aspectos del texto. “Si la voluntad del Gobierno es negociar un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, eso no se hace de la noche a la mañana”, subraya Vicente.