Las claves de los Presupuestos de 2022, ministerio a ministerio: la mayoría de áreas recibirá más fondos que nunca

Las vacunas contra la covid fueron la partida estrella de los presupuestos de Sanidad de 2021. En 2022 se destinará menos de la mitad a las inyecciones (el importe pasa de 2.436 millones de euros a 1.172 millones), lo que rebaja la inversión total para sanidad del Gobierno en un 9,8% (de 7.330 millones este año a 6.606 millones el que viene). Si no se tienen en cuenta las vacunas, sin embargo, la partida destinada a políticas sanitarias crece un 11%.

La mayor partida de este año (2.425 millones) va para el mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Más allá de este gasto, que suele absorber la mayor parte de los recursos para sanidad, los principales incrementos presupuestarios son 44 millones de euros para la ampliación de servicios de salud bucodental, 176 millones de euros al marco estratégico de atención primaria y 70 millones de euros para la modernización de áreas de salud en las autonomías. También se incluyen transferencias a las comunidades dentro del plan de salud mental y covid-19 presentado el pasado sábado por Pedro Sánchez, dotado con 30 millones de euros en 2022.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que relevó en el cargo a Pedro Duque el pasado julio, afronta su primer año con un presupuesto propio y que, según sus palabras, es “el mayor de la historia de España” para su departamento, un total de 3.843 millones de euros. Los tres objetivos básicos, tal y como anunció en su toma de posesión, serán: crear oportunidades, retener el talento y devolver la ilusión a la comunidad científica, lastrada por una financiación insuficiente y una estructura burocrática ineficaz que ha llevado a muchos investigadores a emigrar.

La cartera de Morant pasa de los 3.232 millones de euros dispuestos hasta ahora a 3.843 millones, un 18,9% más. La mayor partida, de 1.661 millones, se destinará al programa Reforma y fortalecimiento del sistema nacional de ciencia. Será el sexto con mayor dotación del Gobierno, después de los destinados a política industrial, vivienda, pymes, movilidad y modernización de la Administración.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) contará el próximo año con un presupuesto de 1.358 millones, un 64% más. Los planes de investigación, desarrollo e innovación, unidos a los de digitalización, asumirán el 19,6% de los 27.633 millones de fondos europeos incorporados a las cuentas del próximo año.

En el proyecto de Presupuestos para 2022 se contempla una partida de 5.839 millones de euros (descontando los fondos incluidos en el plan de recuperación) para las políticas de energía e industria, lo que supone un 5,1% más que en las cuentas del pasado ejercicio. Entre las medidas que más destaca el Gobierno en el documento enviado al Congreso están los 157 millones de euros que se destinarán al bono social térmico (un instrumento concebido para paliar la pobreza energética). Además, dentro de este apartado se incluye otra partida de 300 millones para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dirigida a apoyar el impulso de la eficiencia energética y las renovables. Por otro lado, los fondos que llegarán para industria y energía ligados al plan de recuperación europeo ascenderán hasta los 2.876 millones. Se destinarán a la promoción de las renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. También, para convenios de transición justa. Destacan los 445 millones de euros que se reservan para la promoción de la movilidad eléctrica y los 555 millones que se dedicarán al impulso del hidrógeno renovable.

En el apartado de “infraestructuras y ecosistemas resilientes” se contempla un gasto de 7.040 millones de euros, un 3,9% más que en las cuentas del año anterior. A esta cantidad habría que sumar otros a 4.801 millones de euros correspondientes al plan europeo de recuperación. De todas estas partidas, el Ministerio para la Transición Ecológica invertirá 1.490 millones para infraestructuras hidrológicas, principalmente para mejorar la depuración de aguas residuales.

Respecto a la fiscalidad verde, el proyecto no incluye ni el impuesto sobre los envases de plástico ni el que gravaría el depósito e incineración de los residuos, que fueron anunciados la pasada primavera por el Ejecutivo y que están incluidos en la ley de residuos que está tramitando el Congreso. Tampoco se incluye la reducción de la bonificación fiscal de la que goza el diésel frente a la gasolina.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero (UP), gestionará el año que viene 525 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Es la primera vez que la partida de este departamento supera los 500 millones. Es un 14,3% más que el ejercicio anterior pero apenas representa el 0,11% del total del gasto del Estado.

Más de la mitad de esa partida, 284 millones (el 54%), se destinará a combatir la violencia machista, un 19,71% más que el año pasado. En España han sido asesinadas 1.114 mujeres desde que comenzó el funesto recuento oficial en 2003. De ellas, 36 han perdido la vida este año a manos de sus parejas o exparejas.

Parte de los fondos previstos contra la violencia hacia las mujeres provienen del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el dinero de Europa. Son 76 millones que se destinarán a mejorar la atención telefónica y telemática a las víctimas (el teléfono de atención 016 y las pulseras para controlar la distancia con sus maltratadores) o la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias, entre otros fines.

Las cuentas del área de Igualdad incluyen por segundo año 190 millones para políticas públicas de conciliación con el llamado Plan Corresponsables. Son fondos que se transfieren a las comunidades autónomas para habilitar zonas específicas y contratar personal especializado para cuidar a menores de hasta 14 años mientras sus familias trabajan. En 2021, Igualdad calificó la primera partida como una “política semilla” para hacer un plan piloto, aunque un año después los fondos siguen siendo los mismos. Hay comunidades autónomas que aún no han usado ese dinero, aunque no ha trascendido cuáles son. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado en la presentación de los PGE que los créditos que han recibido las autonomías para este apartado que no se hayan ejecutado se incorporarán a este presupuesto.

Finalmente, los presupuestos de este año no incluirán la ampliación hasta los seis meses de los permisos de maternidad y paternidad como pedía Unidas Podemos. En 2020 se equipararon a cuatro meses en ambos casos.

El Ministerio de Cultura y Deporte aumenta su presupuesto hasta los 1.327 millones de euros, un 48,4% más que los 894 millones del ejercicio anterior.

Una de las partidas más novedosas es la destinada al Bono Cultural Joven, anunciada la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez, que suma 210 millones de euros. Todos los jóvenes que en 2022 cumplan 18 años en 2022 recibirán en un único pago de 400 euros para gastar en todo tipo de productos culturales con independencia de si se ofertan en espacios públicos o privados, a excepción de las corridas de toros. Esta iniciativa forma parte de la gran partida presupuestaria que el Gobierno pretende dedicar a este sector de la población.

Las principales partidas del área de cultura se mantienen y muchas de ellas aumentan. Por ejemplo, la destinada a museos y artes plásticas pasa de 161 a 197 millones de euros. La de cinematografía, de 85 a 97. La de bibliotecas y archivos, de 77 a 84. La de artes escénicas y música baja ligeramente de 269 a 266. De los fondos asignados al plan de recuperación destacan los créditos para proyectos de digitalización por importe de 75 millones y las dotaciones destinadas a la revalorización de la industria cultural y el fomento del sector del deporte.

El crecimiento de la partida destinada a educación (un 2,6%, hasta alcanzar los 5.023 millones de euros) se ralentiza después del espectacular salto de hace un año, gracias principalmente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea (entonces, la subida fue nada menos que del 70%). De hecho, los fondos del Mecanismo destinados a educación se han visto reducidos en un 11%, de 1.803 millones a 1.604 millones. Así, el esfuerzo se ha mantenido, e incluso aumentado ligeramente, en la parte del Ministerio de Educación, cuyos fondos previstos para el año próximo ascenderán a 3.419 millones, 329 millones más que en 2021 (10,6%) y 543 más que en 2020 (un 18,8%).

En un sistema descentralizado, con la mayoría de las competencias educativas en manos de las comunidades autónomas, la mayor parte del presupuesto se lo llevan las becas y ayudas al estudio, que también mantienen la senda de crecimiento de los últimos años, pero también con un aumento más moderado: de 1.575 millones en 2020 se pasó a 2.090 y el año que viene serán 2.199, un 5,2% más que un año antes y casi un 40% más que hace dos. El Ministerio de Universidades gestionará 284 millones, 25 millones más (9,7%), aunque la cifra cae de 462 millones a 431 millones (un 6,9%) si se incluyen los fondos europeos.

Los Presupuestos incluyen 12.550 millones de euros para políticas de juventud, un 84,8% más, gracias, en buena parte, al uso de fondos europeos. El Gobierno trata así de acortar la brecha generacional, con España convertida junto a Grecia en el principal foco de desempleo juvenil de la UE después de dos crisis demoledoras en poco más de una década. La educación es uno de los puntales con los que se busca salir del hoyo. Crece la inversión en becas hasta los 2.199 millones, de los que se beneficiarán 808.517 estudiantes —una media de 2.719 euros para cada uno—. Y se destinarán 2.076 millones a la formación profesional.

El déficit de las cuentas públicas alcanzará el 5% del PIB en 2022. Es decir, la deuda de las Administraciones va a aumentar en unos 60.000 millones de euros como consecuencia del desfase entre ingresos y gastos. Sin embargo, a pesar de ese fuerte incremento de la deuda, el pago de intereses se va a reducir. El Gobierno prevé que caiga en unos 1.500 millones, desde los 31.675 millones presupuestados para 2021 hasta los 30.175 millones que prevé para el año que viene.

¿Cómo puede ser posible tal ahorro? Pues gracias a las compras de deuda pública que realiza el BCE, que están hundiendo los intereses hasta tipos históricamente bajos, incluso negativos. En esas condiciones de mercado, el Tesoro español está pudiendo refinanciar su deuda a unos costes mucho más reducidos, consiguiendo ahorros incluso con el endeudamiento subiendo en cantidades solo comparables a la pasada crisis financiera.

El dinero reservado para pagar a los nueve millones de pensionistas ascenderá a 171.165 millones de euros el próximo ejercicio, el 37,3% del gasto público. Es la partida que más contribuye al crecimiento del Presupuesto. Aumentará en casi 8.000 millones de euros respecto a este año.

Las políticas de vivienda recibirán el año próximo 3.295 millones de euros, la cifra más alta de la historia, gracias al extraordinario impulso de los fondos europeos. El año pasado España multiplicó por cinco su presupuesto en vivienda para alcanzar 2.253 millones y este año a esa cifra le añade todavía 1.042 millones más.

Del total, 806 millones serán fondos propios y 2.489 millones provendrán de Europa. El grueso de las partidas irá a las ayudas para la rehabilitación de viviendas, ya que los fondos que entrega Bruselas tienen por condición que favorezcan la transición a una economía verde. El Gobierno reserva 500 millones para la construcción de edificios eficientes que tengan por finalidad el alquiler social. El Bono Joven de Alquiler, como anunció el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, tendrá una dotación de 200 millones para ayudar con la renta mensual a jóvenes entre 18 y 35 años.

Los Presupuestos también incluyen una novedad tributaria en la materia, ya que se reducirá la bonificación fiscal de las entidades que se dedican al alquiler de vivienda. Las empresas que tienen por finalidad explotar pisos en arrendamiento hasta ahora se beneficiaban de una bonificación del 85% y ahora pasará a ser del 40%, una medida que se contempla en la futura ley de vivienda que prepara el Gobierno, como avanzó Cinco Días, pero cuya aplicación se adelantará a los Presupuestos de 2022.

El Ministerio de Defensa dispondrá en 2022 de 9.791 millones, un 7,9% de aumento, si se aprueba el proyecto del Gobierno, manteniéndose en torno al 1% del PIB. A pesar de ello, el peso de los llamados “programas especiales” lastra el presupuesto de Defensa y le deja muy poco margen de maniobra. Defensa debe devolver ahora los anticipos que hizo el ministerio de industria para financiar la construcción de grandes sistemas de armas como los cazas EF-200, las fragatas F-110 o el submarino S-80, cuya factura total supera los 30.000 millones. Defensa debe afrontar pagos por 2.848 millones en 2022 (un 21,6% más que este año), lo que representa casi el 80% de los 3.632 millones que figuran en el capítulo de inversiones de las Fuerzas Armadas, de los que 26 millones corresponden a los fondos europeos de recuperación. La cifra máxima de soldados y marineros se mantendrá el año próximo en 79.000.

El presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aumenta un 4%, hasta 312.276.540 euros. Sus gastos de personal suponen el 66% del total. La partida de fondos reservados, que solo controla la Comisión de Secretaros Oficiales del Congreso, se mantiene congelada en 19,8 millones de euros, igual que las de los departamentos de Interior, Defensa y Exteriores, con un monto total de 27,8 millones.

La partida para servicios sociales y promoción social se eleva en 2022 a 6.154 millones de euros, entre los que se incluyen los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, según el libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado. El monto supone un incremento del 18,3% respecto a 2021. Dentro de esta partida se incluye también parte del presupuesto de Igualdad, que se eleva a 525 millones de euros, o acciones en favor de la integración de los inmigrantes.

Gran parte del esfuerzo presupuestario en esta área recae en la dependencia. Las cuentas de 2022 duplican la inyección de 600 millones ya aportada en 2021: ahora se suman otros 548 millones, tal y como se había comprometido el Ministerio de Derechos Sociales en el plan de choque con el que pretende revitalizar un sistema que se vio ahogado por los recortes de 2012. El monto total asciende hasta 2.904 millones de euros, un 23,3% más que el año anterior. Se alcanza una inversión histórica en esta área. Actualmente, más de 341.000 personas aguardan por algún procedimiento de la ley.

Los fondos europeos del área se elevan a 1.301 millones, de los cuales 1.060 recaen en el Ministerio de Derechos Sociales, que irán destinados al plan de apoyos y cuidados de larga duración (726 millones), que prevé impulsar un cambio en el modelo. Con ellos realizará una evaluación de las políticas actuales, especialmente en dependencia, y se elaborará una estrategia nacional de desinstitucionalización, para las personas dependientes puedan permanecer en casa el tiempo que deseen y que las residencias sean más parecidas a hogares. También se financiarán proyectos piloto e impulsarán centros de día, y se construirán nuevos equipamientos públicos y se remodelarán algunos ya existentes (entre los que se incluyen, sin citarlas, las residencias). También hay previsto un plan de modernización de los servicios sociales (276 millones) y un programa para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad (59 millones).

Para protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales se destinan 199 millones de euros, lo cual supone un incremento de 40 millones respecto a 2021. De esta partida, 25 millones son para impulsar la ley de protección de la infancia frente a la violencia, una cifra que se queda lejos de los “más de 70 millones de euros” que según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, contemplaba la memoria económica de esta norma.

La política exterior española dispondrá en 2022 de un 19.7% más de presupuesto (2.254 millones en total), si se aprueba el proyecto del Gobierno. El incremento se debe, fundamentalmente, al fuerte crecimiento de la cooperación para el desarrollo, que sube un 59,8%, con 402 millones más. Según las previsiones del Gobierno, España llegará al 0,28% del PIB, aún lejos del 0,7% recomendado por la ONU, pero recuperando el terreno perdido durante los años de la crisis. Buena parte de este aumento se destinará a la lucha contra la covid a través del suministro de vacunas a países que tienen dificultades para acceder a la misma. España es el tercer donante de vacunas de la UE y el primero europeo a América Latina. Además, la Agencia Española de Cooperación Internacional recibirá 135 millones más (un aumento del 27,9%), hasta alcanzar los 491 millones. Exteriores invertirá 39 millones en adquirir la nueva sede de la Embajada española en Londres. vacunas contra la covid en países que no tienen acceso a la misma (293 millones de euros). Exteriores recibirá 58 millones de los fondos europeos de recuperación, que se destinarán a digitalizar la red consular.