El Gobierno propone subir un 2% el sueldo a los funcionarios en 2022
Plantea que la tasa de reposición se eleve por encima del 100% para todos los empleos públicos
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha propuesto a los representantes sindicales de los empleados públicos una subida salarial del 2% para el próximo año, según fuentes conocedoras de la reunión. El departamento que dirige María Jesús Montero ha convocado este martes a los sindicatos con representación entre los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF) para negociar la subida salarial para 2022. En la cit...
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha propuesto a los representantes sindicales de los empleados públicos una subida salarial del 2% para el próximo año, según fuentes conocedoras de la reunión. El departamento que dirige María Jesús Montero ha convocado este martes a los sindicatos con representación entre los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF) para negociar la subida salarial para 2022. En la citada reunión, Hacienda ha planteado la revalorización salarial del 2% para el próximo año, cerca de la previsión del promedio de inflación del Ejecutivo para el próximo ejercicio. Ante la fuerte subida de la inflación de los últimos meses, la oferta no ha sido recibida con entusiasmo.
El ministerio también ha planteado elevar la tasa de reposición, las sustituciones por cada jubilación o baja, por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios. La tasa ordinaria de reposición, tras la mejora de la propuesta inicial de Función Pública, sería del 110% —es decir, que por cada 100 bajas, se incorporarían 110 nuevos funcionarios—, del 120% en sectores prioritarios y del 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la Administración local, mientras que la puesta en marcha de nuevos servicios no ocupará tasa de reposición, señalan fuentes cercanas a la negociación.
Los sindicatos habían reclamado a Hacienda la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas ante la posibilidad de que este martes el Consejo de Ministros aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2022. CC OO ha decidido no acudir a la reunión, lamentando que se haya convocado a última hora y sin ningún tipo de documentación. “El personal público no merece este desprecio a la negociación colectiva”, señalaba el lunes en una nota.
Poder adquisitivo
El pasado año, el salario de los empleados de la Administración General del Estado se incrementó a través de los Presupuestos de 2021 en un 0,9%, de acuerdo con la previsión de inflación del Ejecutivo. Los representantes de los trabajadores reclamaban una subida salarial mayor para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año, en el que la inflación se ha situado por encima del 2% desde el verano. La inflación cerró septiembre en el 4%, el mayor nivel desde el inicio de la pasada crisis financiera. Si cierra en estos niveles, lamentan los sindicatos, los empleados públicos perderán casi tres puntos de poder adquisitivo.
Por ello, consideran insuficiente una subida salarial del 2% y rechazan cualquier propuesta que suponga una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos. CSIF reclama al Gobierno que se elimine la tasa de reposición y se blinden las retribuciones de los funcionarios ante la “constante evolución al alza de los precios”, recordando que la desviación que se ha generado este año sobre la subida salarial del 0,9% agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, que el sindicato cifra en más del 10%.
UGT se ha pronunciado en la misma línea: defiende que se elimine la tasa de reposición y considera insuficiente la subida propuesta. Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, explica que el incremento propuesto es insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo. Asimismo, critica que la convocatoria se haya anunciado a última hora, alegando que se hubiera “podido hacer en tiempo y forma y negociado”. “Es fundamental tratar la cuestión en un acuerdo plurianual”, defiende, para garantizar la estabilidad y el poder adquisitivo de los trabajadores, una posibilidad que el ministerio, asegura, no descarta negociar más adelante.
También CC OO ha alertado este martes de que la propuesta salarial del Gobierno “puede volver a reducir la capacidad de compra de los más de tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos”, y ha reprochado que se hayan desoído sus peticiones: volver al camino de la recuperación del poder adquisitivo, la jornada laboral de 35 horas y eliminar la tasa de reposición de efectivos. Ha añadido que, con las actuales previsiones de inflación, la subida salarial debería superar el 3,5% en 2022, con cláusulas de garantía salarial
Desde que gobierna Pedro Sánchez, los trabajadores públicos han registrado una ganancia de poder adquisitivo de 3,7 puntos porcentuales. Además, el Ejecutivo socialista acaba de aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, con 23.491 plazas (30.445, si se incluyen las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).
Aunque los incrementos salariales de funcionarios y pensionistas hayan ido de la mano en los últimos años, no existe una regla que fije el aumento de los sueldos de los empleados públicos, que tampoco tienen derecho a la paguilla que perciben los jubilados cuando la inflación sube por encima de las previsiones. Antes de la subida del 0,9% de 2020, entre 2018 y 2020 las revalorizaciones estuvieron ligadas a un plan plurianual pactado entre los sindicatos y el anterior Gobierno del PP, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener. Este acuerdo llevó a un incremento salarial del 1,75% en 2018, del 2,5% en 2019 y del 2% en 2020.
La subida del sueldo de los empleados públicos es uno de los varios frentes abiertos en la negociación de los Presupuestos entre los socios del Ejecutivo. Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, negocian in extremis para cerrar el proyecto de cuentas públicas para el próximo año. Este mismo martes, la Secretaría de Estado de Comunicación ha confirmado que los partidos han llegado a un acuerdo tras alcanzar un consenso sobre la regulación de los alquileres, que suponía una prioridad para la formación morada.