El Gobierno indemnizará este año con 1.291 millones a Abertis por la AP-7

El Gobierno indemnizará este año a Abertis con al menos 1.291 millones de euros al finalizar el 31 de agosto la concesión de tres tramos de la Autopista del Mediterráneo o AP-7 (Barcelona-La Junquera, El Papiol-Montmeló y Barcelona-Tarragona), según figura en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. El pago se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero, que acordó que la empresa ampliara esas vías con cargo al aumento de tráfico q...

El Gobierno indemnizará este año a Abertis con al menos 1.291 millones de euros al finalizar el 31 de agosto la concesión de tres tramos de la Autopista del Mediterráneo o AP-7 (Barcelona-La Junquera, El Papiol-Montmeló y Barcelona-Tarragona), según figura en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. El pago se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero, que acordó que la empresa ampliara esas vías con cargo al aumento de tráfico que se preveía. Pero también introdujo una cláusula para compensar a Abertis si no se lograban esos flujos al acabar la concesión. Un escenario que ha ocurrido y por el que Hacienda deberá pagar a la concesionaria, con el consiguiente aumento del déficit público en 2021.

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió no renovar las concesiones de autopistas de peaje a medida que estas fueran venciendo, para que pasaran a ser gratuitas. Así ocurrirá el próximo 31 de agosto con los 340 kilómetros de varios tramos de la AP-7 que unen Tarragona con la frontera francesa, y que explota ahora Acesa, filial de Abertis. Pero en este caso el fin de la concesión esconde un viejo conflicto que va a generar una dolorosa factura para las arcas del Estado. Desde hace una década, Abertis, que pertenece a partes iguales al Grupo ACS y la italiana Atlantia, mantiene un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que el Estado cumpla con las compensaciones a las que se comprometió en 2006 cuando firmó el convenio con la empresa.

En virtud de este pacto, Acesa realizó obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y aplicó descuentos en sus peajes confiando en que el aumento del tráfico esperado compensaría esos gastos. Por su parte, el Estado asumía que abonaría la diferencia si esas previsiones optimistas de tráfico no se cumplían.

Con el PP en el Gobierno, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no estaba de acuerdo con el cálculo de las compensaciones. Y en un Consejo de Ministros de julio de 2017 determinó que solo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que se sufrió con la crisis financiera.

El asunto ha acabado en los tribunales. Y el Ministerio de Transportes asegura ahora que una sentencia del Supremo de 2019 desestimó un recurso de Abertis y, por tanto, valida la interpretación que hizo el Consejo de Ministros en 2017. En consecuencia, solo se muestra dispuesto a pagar 1.291 millones frente a los 3.800 millones que le reclama la compañía concesionaria. Bajo esta interpretación, la caída sufrida por la crisis se considera un riesgo operacional que no tiene por qué soportar el Estado.

Por el contrario, Abertis sostiene que la sentencia no entró en el fondo del asunto. Y explica que el Supremo no se pronunciará hasta que finalice la concesión y se proceda con la liquidación definitiva del saldo de compensación. Es decir, interpreta que el Alto Tribunal dio una patada hacia adelante que deberá resolverse a partir del 31 de agosto, cuando termina la concesión. Fuentes de la empresa señalaron a este diario que “se girará la factura al Estado al término de la concesión, con los cálculos pertinentes, puesto que no hay ninguna resolución judicial que lo impida”. Una sentencia posterior del mismo tribunal de febrero de 2020 aclaraba a Abertis que no podía contabilizar la indemnización como un activo financiero porque no se trataba de un derecho, sino de una expectativa de cobro.

Abertis pide el triple

Por el momento, y ahí radica la novedad, el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos, ha admitido que debe indemnizar con 1.291 millones a Abertis, según el documento que remitió el Gobierno a Bruselas el pasado viernes. Como ese pago debe computarse en 2021, la cantidad incrementará el déficit público y la deuda. El abono a Abertis tiene un coste equivalente a la mitad del ahorro que el Gobierno quería conseguir para el Estado eliminando la deducción en el IRPF por declaración conjunta de un matrimonio, una iniciativa que ha enviado a la Comisión Europea pero de la que luego se ha retractado.

Pese a ese importante desembolso con cargo el contribuyente, el asunto seguirá coleando en los tribunales y puede derivar en una factura incluso mayor. Abertis reclama como compensación más de 3.800 millones de euros, una cantidad muy superior a la que el Estado se aviene a pagarle.

En concreto, la concesionaria evalúa en su último cálculo, correspondiente a 2020, la factura a pagar en 3.826 millones. De estos, 1.010 millones se corresponden con compensaciones por las inversiones realizadas en la ampliación y mejora de la autopista. Y los otros 2.816 millones se justifican por la indemnización debida al descenso del tráfico. Un importe que todavía deberá incrementarse por la compensación correspondiente 2021, año en que el tráfico de las autopistas de peaje sigue siendo muy bajo como consecuencia de las restricciones por la pandemia, razón que explica también el fuerte salto de 2020.

¿Y el plan para poner peaje a las autovías?

La indemnización a Abertis aviva aún más la polémica sobre el cobro por el uso de las autovías del Estado, que hasta ahora eran gratuitas. Por una parte, el Gobierno de Sánchez está liberando de peajes todas las concesiones que van venciendo; pero por otra, se está disparando el déficit por el mantenimiento de la red viaria de alta capacidad del Estado.

En diciembre de 2018, ya liberó el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñón, tras vencer su contrato de explotación con Itínere. El 1 de enero de 2020 suprimió el cobro en dos autopistas: el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, al concluir las concesiones que tenía Abertis y revertir la titularidad al Estado.

El mismo camino seguirá a finales de agosto el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. En total, más de 1.000 kilómetros a los que hay que sumar las ocho autopistas quebradas (entre ellas las radiales de Madrid), que han sido rescatadas por el Estado y que suman otros 500 kilómetros.

Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta capacidad (autopistas y autovías del Estado), para financiar su conservación, que cada año cuesta unos 1.200 millones de euros. También destinará a ese fin los ingresos por las concesiones de áreas de servicio en esas carreteras. El Plan de Recuperación recoge esta propuesta para paliar el déficit en la conservación de la red estatal, que según la patronal Seopan asciende a unos 10.000 millones. El Ministerio de Transportes ya ha aclarado que se plantea esta iniciativa a medio plazo, y siempre buscando el consenso y la forma de que los transportistas no soporten el cargo.

Indemnizaciones millonarias

Si el Estado finalmente abona la compensación a Abertis, será la segunda indemnización millonaria pública que consigue una empresa participada por ACS, aunque en este caso proviene de un acuerdo previo a que dicho grupo comprara la concesionaria. Hacienda tuvo que hacer frente al pago de 1.400 millones de euros por el cierre de Castor, el almacén submarino de gas ubicado frente a las costas de Tarragona y Castellón, que construyó Escal UGS, compañía controlada por ACS en un 66,7%.

Además, está pendiente de la resolución judicial la indemnización que reclama por el túnel del Pertús, que conecta España y Francia por AVE bajo los Pirineos, tras la quiebra de TP Ferro, la empresa de ACS y Eiffage que se adjudicó en 2003 la construcción y explotación de la obra y, más tarde, se declaró insolvente. Los Estados francés y español tuvieron que asumir el rescate del proyecto.