Los hosteleros y comerciantes podrán reducirse a la mitad el alquiler durante la crisis

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un ambicioso plan de choque para la hostelería y el comercio que se ha retrasado más de un mes por las discusiones en el Gobierno. La medida estrella es una rebaja del 50% del alquiler en los locales de hostelería y comercio propiedad de grandes tenedores (los que tienen más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes). Para las empresas será una inyección de fondos en vena, no un préstamo...

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un ambicioso plan de choque para la hostelería y el comercio que se ha retrasado más de un mes por las discusiones en el Gobierno. La medida estrella es una rebaja del 50% del alquiler en los locales de hostelería y comercio propiedad de grandes tenedores (los que tienen más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes). Para las empresas será una inyección de fondos en vena, no un préstamo a devolver, que reducirá sus gastos de forma considerable. Es una medida sin coste para las arcas públicas, alejada del modelo alemán de ayudas directas pagadas por el contribuyente. Así, se traslada el problema a los propietarios, que ahora tendrán incentivos para rebajar sus precios.

Hace meses que el Gobierno trabaja en un plan de rescate a la hostelería (servicios que proporcionan alojamiento y comida a los clientes) y el comercio. Tras múltiples encuentros interministeriales, el documento cuenta ya con un consenso amplio. Y ha conseguido articular una inyección potente para el tejido productivo mediante la quita de los alquileres —sin mermar las cuentas públicas—, como quería la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Para acceder a esta ayuda será necesario cumplir varios requisitos. El principal es que el local sea propiedad de un gran propietario. Y que no haya un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia. Si cumple estas condiciones, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la quita del 50% durante el estado de alarma (en principio hasta mayo), sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores, como confirman fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con esta medida, en la práctica el Ejecutivo presiona para que los propietarios de locales comerciales accedan a renegociar las rentas.

Los negocios que quieran acogerse al plan tendrán además otra alternativa: podrán solicitar una moratoria en el pago mensual durante el mismo periodo de tiempo. En este caso, como ya se hizo para la vivienda habitual de afectados por la crisis de la covid, se tendría que acordar una devolución prorrateada en meses posteriores durante un tiempo determinado. Es decir, esta fórmula reduciría el gasto del alquiler a cero durante unos meses, aunque a la larga se tendría que devolver.

Obligados a entenderse

De esta forma, el Gobierno trata de articular un procedimiento que fuerce a ambas partes a renegociar en los casos en que no se haya hecho antes. No hay cálculos sobre cuántos negocios están en esta situación, aunque, a juzgar por las reclamaciones del sector, muchos pequeños empresarios que llevan meses protestando por la intransigencia de sus caseros se acogerán a la medida. Este gasto, que se mantiene fijo mes a mes, supone un problema cada vez mayor tras meses de ingresos muy reducidos por las restricciones.

En el otro lado de la balanza, los propietarios que no hayan aceptado bajadas de precios se verán ahora empujados a ello. Si no acceden, entonces no les quedará otra que renunciar a la mitad de la renta durante este tiempo o no recibir nada en los próximos meses y que se lo reembolsen a plazos en el futuro.

El tira y afloja en el Gobierno de coalición sobre el rescate al pequeño comercio ha sido importante en las últimas semanas. El plan finalmente se ha recortado en otras cuestiones, como las ayudas directas que sí ha impulsado Alemania. El Gobierno de Angela Merkel paga a los negocios afectados el 75% de lo que facturaran el año anterior. Las resistencias de Economía y Hacienda, que mira con lupa los números para que cuadren las cuentas, han impedido avanzar en esta línea. A cambio, se da rienda suelta a las rebajas en el alquiler, que, según los estudios que maneja Industria, es el principal problema de gran parte de los negocios, sobre todo de los más pequeños con un colchón financiero exiguo.

Buena parte de los bares, restaurantes y comercios en España están en régimen de alquiler. Y han visto cómo la facturación se ha hundido desde el inicio de la pandemia, mientras que tenían que pagar todos los meses la misma cantidad porque muchos no conseguían bajadas de precio ni condonaciones. En esos alquileres se centrará el plan de rescate, aunque el paquete incluirá otras medidas, según afirman fuentes ministeriales.

El proyecto está todavía expuesto a cambios por parte de los departamentos implicados: la vicepresidencia económica, Hacienda, Turismo y Comercio, Trabajo y Seguridad Social. Pero la medida troncal de la rebaja de los alquileres cuenta con un amplio consenso. Tanto es así que estos términos ya han sido debatidos en la comisión de subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros.

Beneficios fiscales para los caseros con pocos locales

Los hosteleros y comerciantes que alquilen su local a pequeños propietarios también tendrán una baza para conseguir la rebaja de la renta. La norma contiene incentivos fiscales para aquellos caseros con 10 o menos locales que acepten renegociar sus alquileres. El Gobierno espera que suponga un aliciente para aceptar una bajada del precio en negocios como el turismo, los restaurantes, los bares, las cafeterías o el comercio, muy castigados por la pandemia.

Estos incentivos fiscales estarán condicionados a que los pequeños propietarios acepten rebajas en enero, febrero y marzo del próximo año. El borrador del decreto no les obliga a reducir el precio durante más meses, aunque se espera que el cambio se mantenga más tiempo. Esta es la fórmula acordada entre los ministerios para tratar de llegar a esos otros locales de dueños que, en muchos casos, viven del cobro de ese alquiler. Es por ello por lo que no se impone una quita obligatoria. En cambio, se les darán beneficios fiscales que les ayuden a adaptar sus precios al nivel de actividad económica que ha dejado la crisis.

El Ejecutivo trata así de dar respuesta a la situación límite del sector e incentivar la renegociación. Una forma de insuflar aire al tejido productivo para que sobreviva hasta la ansiada recuperación. Según Hostelería de España, esta industria perderá en 2020 la mitad de los casi 130.000 millones de euros que facturó el año pasado. Un bajonazo que amenaza con cerrar un tercio de los más de 300.000 negocios del sector que había antes del embate de la pandemia.

Sobre el calendario, la obligada cuarentena en la que está la ministra Maroto —estuvo en contacto directo con un positivo por coronavirus esta semana— amenazaba con trastocar los planes del Ejecutivo. Para este viernes estaba prevista la reunión con las comunidades autónomas y Ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero dicho encuentro se ha suspendido. Pese a ello, el Ejecutivo mantiene la fecha para darle luz verde al plan en el próximo martes, 22 de diciembre.