Las empresas han de devolver el favor

Esta crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19 trae dos retos de enorme trascendencia para los directivos y propietarios de las empresas. El primero es garantizar la supervivencia de las compañías en medio de una pavorosa caída de ingresos y falta de liquidez que puede llevarlas a la quiebra. El segundo es devolver el favor que los Gobiernos y la sociedad están prestando a las empresas. Aquí me interesa analizar este reto.

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Esta crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19 trae dos retos de enorme trascendencia para los directivos y propietarios de las empresas. El primero es garantizar la supervivencia de las compañías en medio de una pavorosa caída de ingresos y falta de liquidez que puede llevarlas a la quiebra. El segundo es devolver el favor que los Gobiernos y la sociedad están prestando a las empresas. Aquí me interesa analizar este reto.

Los programas de ayudas a las empresas, tanto directas (ERTE, gasto sanitario) como indirectas (avales, préstamos), son de un orden de magnitud antes nunca visto, y muy costosos para las arcas públicas. Los Gobiernos están actuando como pagadores últimos, llegando a “nacionalizar” una parte importante de las nóminas de las empresas. Inevitablemente el déficit y la deuda pública en 2020 aumentarán de forma significativa. Una factura que la sociedad tendrá que pagar en el futuro.

Por su parte, los bancos centrales han entrado en una etapa nueva de la política monetaria, impensable hace unos meses. Al convertirse en “prestamistas últimos”, están actuando como “bancos de sangre” dispuestos a parar la hemorragia de las empresas y los Estados. El paso más atrevido lo ha dado el Banco de Inglaterra, que ha pasado a financiar monetariamente el aumento de gasto público, evitando que el Gobierno británico tenga que emitir nueva deuda.

El BCE no ha llegado (aún) a dar ese paso. Pero el nuevo programa de urgencia contra la pandemia del coronavirus, consistente en compras de deuda pública y privada en cantidades casi ilimitadas y en condiciones de flexibilidad muy laxas, es también una nueva frontera de la política monetaria en tiempos de cólera. De la heterodoxia de esta decisión da noticia el hecho de que en Alemania se hayan vuelto a activar las presiones legales, a través del Tribunal Constitucional, contra este nuevo paso del BCE.

Estos programas de ayudas fiscales y financieras constituyen un fuerte compromiso de los Gobiernos y la sociedad con las empresas. Pero las compañías han de devolver el favor con un compromiso de reciprocidad. Si, por una visión cortoplacista o un interés propio mal entendido, las empresas actuaran de forma oportunista o fraudulenta y no correspondieran a las ayudas públicas, la reacción social y política contra el sistema de libre empresa sería devastadora. La pérdida de confianza social y la subsiguiente reacción política harían que el sistema de economía de mercado fuese arrastrado por la corriente proteccionista e intervencionista que la pandemia impulsa.

Para evitar esta reacción social y política es necesario un nuevo contrato social de la empresa con los Gobiernos y la sociedad. Con anterioridad al coronavirus ya habían aparecido movimientos de reforma que buscaban redefinir el propósito de las compañías: de la maximización de beneficios para los accionistas a la maximización del valor de la empresa para la sociedad (trabajadores, proveedores, clientes y comunidad). La crisis del coronavirus es un magnífico test para comprobar la sinceridad de esas intenciones de reforma empresarial.

En esta columna he sostenido la necesidad de renovar el contrato social de nuestros países, que tanta riqueza y progreso social y político trajo en los “treinta gloriosos” años que siguieron a la Gran Depresión y el final de la Segunda Guerra Mundial. Un ámbito concreto y muy importante de ese nuevo contrato social es la empresa.

Una institución pro empresa británica, la Social Market Foundation, acaba de publicar un documento que argumenta la necesidad de este pacto social de la empresa y sugiere sus contenidos (Returning the favor. A new social contract for business). Sostiene que las leyes, regulaciones y obligaciones fiscales y laborales a las que están sujetas las empresas, aunque necesarias, no son suficientes para sostener la confianza social y política. El informe sugiere nuevas formas de medir la aportación de valor de la empresa a la sociedad y cómo incorporarlos a la información financiera que han de presentar cada año. La conclusión es que la nueva legitimidad requiere un nuevo contrato social.

Esta nueva legitimidad de la empresa es más urgente en España. Los ERTE han sido una forma novedosa de enfrentarse a una recesión. Ahora tenemos que preservar esos empleos a medida que se reabre la economía. El nuevo contrato de la empresa es el instrumento. Volveré sobre esta cuestión. Ahora lo que me interesa es resaltar que las empresas españolas han de devolver el favor. Solo de esa forma la sociedad legitimará el esfuerzo que significará el pago de la enorme factura que representan los programas de ayudas.

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