Apoyo sindical, críticas empresariales

Los sindicatos y los empresarios fueron de la mano durante los primeros compases de la crisis sanitaria. Pactaron pedir al Gobierno que tomara medidas como la agilización de las suspensiones de empleo, la prestación extraordinaria para los afectados de estos ERTE, la solicitud de la línea de liquidez… Incluso coincidían en las críticas y en cómo las formulaban. No les gustaba que se retrasaran. No entendían que se frenaran en el Consejo...

Los sindicatos y los empresarios fueron de la mano durante los primeros compases de la crisis sanitaria. Pactaron pedir al Gobierno que tomara medidas como la agilización de las suspensiones de empleo, la prestación extraordinaria para los afectados de estos ERTE, la solicitud de la línea de liquidez… Incluso coincidían en las críticas y en cómo las formulaban. No les gustaba que se retrasaran. No entendían que se frenaran en el Consejo de Ministros. Pero no se cebaban ni hacían mucho ruido. Sin embargo, esa unidad de acción se rompió la semana pasada.

A UGT y CC OO les ha disgustado profundamente la cantidad de despidos que está habiendo. Hablan de cientos de miles. También denuncian abusos en los expedientes de regulación temporal de empleo. Y reclamaron acción al Gobierno para evitar ambas cosas. A las patronales CEOE y Cepyme les ha molestado que en la crítica se señale a todos los empresarios. No niegan que haya abusos, pero los reducen a una excepción.

La decisión del Gobierno de restringir los despidos, paralizar el contador de los contratos temporales de los afectados por ERTE y advertir de que se revisarían de oficio todas las suspensiones de empleo acabó con la armonía. Para unos, sendas medidas son lógicas y están en consonancia con lo pactado para evitar destrucción de empleo a cambio de facilitar ajustes laborales cargando su enorme coste en el sector público; para otros, en cambio, se ha introducido incertidumbre y rigidez en un momento dramático no solo por la situación sanitaria sino por la gran paralización económica que amenaza con llevarse por delante muchas empresas.

Y un día después, ya en sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que daba un paso más en la paralización de la actividad económica. Los sindicatos mayoritarios no habían presionado en exceso al Ejecutivo para que lo hiciera. Habían pedido la hibernación de algún sector no esencial, como la construcción. Poco más. Sin embargo, una vez llegó el anuncio lo han aplaudido. También lo han hecho otros sindicatos más pequeños, como CSI-F. Esta central, muy presente en el sector público, mostró este domingo su respaldo a las nuevas restricciones “aunque vengan con retraso”. Lo había pedido unos días antes.

Los empresarios recibieron la decisión de Sánchez con enorme frialdad y, en muchos casos, con críticas abiertas. CEOE, confederación que agrupa a casi todas las patronales españolas territoriales y sectoriales, emitió un comunicado el sábado bien entrada la noche en el que se podía leer el malestar entre líneas. “No discutimos las últimas medidas sanitarias y vamos a cumplirlas. La prioridad es la salud de las personas. Pero va a ser una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial”. Después no ha habido más pronunciamientos. Su presidente, Antonio Garamendi, declinó este domingo actualizar con los últimos acontecimientos la entrevista hecha por este periódico durante los días previos a los cuatro agentes sociales.

Sí que se pronunciaron, y en tono muy crítico, organizaciones empresariales muy significativas como Confemetal. La patronal del metal habló del “caos ante una medida tan irreflexiva” y acusó al Gobierno de “irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia”. El presidente de los empresarios vascos, Confebask, Eduardo Zubiaurre, habló de medida “inaceptable” de consecuencias terribles.

No llegó a este extremo la organización Foment del Treball. La gran patronal catalana reclamó que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable si la compañía no tiene liquidez. En el mismo sentido, CEIM, la asociación madrileña, lamentó “que el coste de la medida sea soportado íntegramente por las empresas”.

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