El alcalde de Tordera culpa al ACA de un vertido que podría llevarle a la cárcel

La gestión de las aguas residuales, que ha involucrado en procesos judiciales a una decena de alcaldes, sigue planteando serias dudas. Los ayuntamientos, con competencias y recursos limitados para tratar los residuos, ¿deben pagar penalmente por los casos de contaminación? ¿Debe hacerlo la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo de la Generalitat que debe construir las depuradoras pero no puede hacerlo porque está endeudada? La cuestión surgió ayer en la primera sesión del juicio contra el alcalde de Tordera (Maresme), Joan Carles Garcia Cañizares, acusado de un delito contra el medio ambie...

La gestión de las aguas residuales, que ha involucrado en procesos judiciales a una decena de alcaldes, sigue planteando serias dudas. Los ayuntamientos, con competencias y recursos limitados para tratar los residuos, ¿deben pagar penalmente por los casos de contaminación? ¿Debe hacerlo la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo de la Generalitat que debe construir las depuradoras pero no puede hacerlo porque está endeudada? La cuestión surgió ayer en la primera sesión del juicio contra el alcalde de Tordera (Maresme), Joan Carles Garcia Cañizares, acusado de un delito contra el medio ambiente.

Garcia, alcalde por CiU desde 1995, afronta una petición de pena de cinco años de cárcel por haber permitido, según la fiscalía, el vertido de aguas "sin depuración ni tratamiento alguno" desde la urbanización Terrabrava hasta la riera de Vall-lloparda. Los ecosistemas naturales de esa riera quedaron "gravemente contaminados", precisa la fiscalía, que acusa al primer edil de no haber puesto remedio a los vertidos para "eludir el coste económico".

Garcia afronta una petición de cinco años de prisión por las aguas residuales

El alcalde negó la mayor: aseguró que el Ayuntamiento no tiene competencias para tratar las aguas residuales porque se adhirió a un plan de la ACA. En el juicio, celebrado en la Audiencia de Barcelona, declaró como testigo un directivo de ordenación de la agencia, Diego Muxó, que, de forma inesperada, validó las tesis del alcalde. Muxó admitió que, al haberse acogido Tordera al programa de la ACA, la Generalitat asumió la responsabilidad de construir la depuradora.

El proyecto se contempló en 2002 y más tarde en 2005. Pero sigue sin ejecutarse porque no es rentable -más de un millón de euros de inversión para una urbanización de apenas 250 casas- y, sobre todo, por el agujero en las arcas del organismo público, que acumula una deuda de casi 1.400 millones, informa Ferran Balsells.

"Este problema existe desde tiempos inmemoriales, el agua siempre ha ido a la riera", declaró el alcalde ante los magistrados de la Audiencia. Frente a la "inacción" que le imputa la fiscalía, Garcia defendió que trató de revertir la situación. "Como medida paliativa, obligamos a instalar una fosa séptica para dar permisos de obra en la urbanización". El Consistorio incluso aprobó un plan -del que se han aportado documentos en la causa- para la recogida de aguas. Pero topó ni más ni menos que con la ACA. "Nos lo prohibieron. Dijeron que eso era de su competencia y que debíamos seguir esperando la depuradora".

Garcia aclaró que mantuvo un contacto "constante" con la agencia -"me preocupé siempre de exigirle una solución", dijo- y que pidió la conexión de una depuradora que da servicio a los municipios del norte del Maresme con la urbanización. De nuevo, la ACA tiró sus planes por tierra. Muxó confirmó esa tesis y afirmó que el Ayuntamiento "no ha sido pasivo" ante la contaminación. La abogada del alcalde, Judit Gené, citó una carta de agradecimiento enviada por el organismo al Consistorio.

Además del argumento de la "pasividad", la fiscalía aludió a la supuesta voluntad del Ayuntamiento de ahorrar costes. Garcia dijo que nunca se planteó pagar una depuradora -ya la tenía prevista la ACA- y añadió: "La situación financiera de los Ayuntamientos es la que es. Siempre hemos sido la hermana pobre de la Administración. Pensar que podemos hacer según qué inversiones es imposible".

Las denuncias del cuerpo de Agentes Rurales, de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y de asociaciones ecologistas han puesto en un brete a una decena de alcaldes por el mismo motivo. En el caso de Tordera, fue la queja de una vecina la que motivó inicialmente un requerimiento de la ACA para corregir la contaminación, en 2007. El expediente fue cerrado a los pocos meses, al descubrir que estaba prevista una depuradora. "No nos pidió implementar otras medidas. Entendimos que estábamos haciendo las cosas bien", dijo el alcalde.

Esa misma vecina llevó el caso a la fiscalía, que inició la investigación con ayuda de los Mossos d'Esquadra. Uno de los agentes que tomaron mediciones en la riera de Vall-lloparda declaró ayer que un tramo de 1,7 kilómetros se convirtió en "una alcantarilla a cielo abierto".