Un caso con 39 intrusos en los ERE de 14 empresas

El último escándalo de corrupción que investiga la policía en Andalucía nació derivado del caso Mercasevilla. Hoy acumula 12 detenidos, un fraude de al menos cuatro millones de euros y cuya dimensión está aumentando. La Junta andaluza reconoce que de momento ha encontrado 39 falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que aún se están pagando, gracias a un fondo de ayudas públicas que el Ejecutivo ha dotado desde 2001 con 647 millones. El 90% del dinero financió expedientes de regulación de empleo y el 10% se destinó directamente a empresas. A pesar de su rele...

El último escándalo de corrupción que investiga la policía en Andalucía nació derivado del caso Mercasevilla. Hoy acumula 12 detenidos, un fraude de al menos cuatro millones de euros y cuya dimensión está aumentando. La Junta andaluza reconoce que de momento ha encontrado 39 falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que aún se están pagando, gracias a un fondo de ayudas públicas que el Ejecutivo ha dotado desde 2001 con 647 millones. El 90% del dinero financió expedientes de regulación de empleo y el 10% se destinó directamente a empresas. A pesar de su relevancia, el PP ha sobredimensionado el caso al asegurar que la trama había desviado "700 millones de euros", algo que no es cierto.

La policía ha detenido hasta el momento a 12 personas que operaban en dos de las empresas investigadas. A través de intermediarios incluyeron en los ERE los nombres de personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas. La red está acusada de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Entre ellos destaca el conseguidor Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT. Todo apunta a que los miembros implicados en la red seguirán aumentando.

Esta nueva línea de investigación surgió tras el análisis de los dos ERE que atravesó Mercasevilla y sus irregularidades. A continuación, la magistrada del caso amplió la investigación a todas las ayudas públicas concedidas desde 2001. La Intervención General de la Junta envió tres informes a la Consejería de Empleo desde 2005 en los que cuestionaba el procedimiento administrativo utilizado para financiar las ayudas a empresas en crisis, pero sus recomendaciones cayeron en saco roto.