Moralejas telefónicas

Después de una dura negociación, con ruptura de conversaciones incluida, Telefónica comprará finalmente a Portugal Telecom (PT) el 50% de Brasilcel, la sociedad que tiene la mayoría en la operadora brasileña Vivo. De esta forma, Telefónica controlará totalmente Brasilcel y, a través de ella, la mayoría del capital de Vivo. Es notable el esfuerzo financiero de Telefónica por ocupar una parte del mercado telefónico más prometedor de América Latina; inicialmente ofreció 5.700 millones de euros por el capital luso en Brasilcel, después subió la oferta a 7.150 millones (operación que aprobó el Cons...

Después de una dura negociación, con ruptura de conversaciones incluida, Telefónica comprará finalmente a Portugal Telecom (PT) el 50% de Brasilcel, la sociedad que tiene la mayoría en la operadora brasileña Vivo. De esta forma, Telefónica controlará totalmente Brasilcel y, a través de ella, la mayoría del capital de Vivo. Es notable el esfuerzo financiero de Telefónica por ocupar una parte del mercado telefónico más prometedor de América Latina; inicialmente ofreció 5.700 millones de euros por el capital luso en Brasilcel, después subió la oferta a 7.150 millones (operación que aprobó el Consejo de PT pero que vetó el Ejecutivo con su acción de oro) y finalmente pagará 7.500 millones. No es barato, pero la rentabilidad de Vivo compensará el desembolso.

La compra de Vivo sería una operación corporativa más de no haber mediado José Sócrates enarbolando su acción de oro para prohibir la operación en nombre de supuestos intereses nacionales. Hubo una respuesta rápida de la CE declarando ilegal el rancio intervencionismo del Gobierno portugués. Lo mejor del caso Telefónica-Portugal Telecom es que ningún Gobierno se atreverá ya a esgrimir derechos estratégicos (la acción de oro era ilegal cuando la resucitó Portugal) para prohibir una operación en mercados abiertos como el de las telecomunicaciones.

También hay noticias menos optimistas. Aunque la operación ha concluido con éxito, lo cierto es que la demora y la intervención de Sócrates han tenido un coste: exactamente 350 millones, que es la diferencia entre lo que hubiera pagado Telefónica de no mediar la acción de oro y lo que finalmente tendrá que pagar. Del caso Telefónica-PT cabe extraer una conclusión: cualquier Gobierno que obstaculice una operación en un mercado sin monopolios naturales tiene que recibir una sanción; no basta ya con advertir. En Europa no se deben usar pretextos políticos para encarecer compraventas.