Bruselas archiva la denuncia contra el canal Segarra-Garrigues

El canal Segarra-Garrigues tiene el futuro más despejado. La Comisión Europea ha archivado el expediente sancionador abierto contra el Estado español (del que sería responsable la Generalitat de Cataluña) por incumplir la normativa de protección de aves en las zonas esteparias afectadas por el proyecto de regadío. El aumento de la superficie protegida por parte de la Administración española ha servido para que la Unión Europea se dé por satisfecha.

El proceso judicial contra España se inició en 2001, cuando colectivos ecologistas, entre ellos la entidad Ipcena de Lleida, la Sociedad Esp...

El canal Segarra-Garrigues tiene el futuro más despejado. La Comisión Europea ha archivado el expediente sancionador abierto contra el Estado español (del que sería responsable la Generalitat de Cataluña) por incumplir la normativa de protección de aves en las zonas esteparias afectadas por el proyecto de regadío. El aumento de la superficie protegida por parte de la Administración española ha servido para que la Unión Europea se dé por satisfecha.

El proceso judicial contra España se inició en 2001, cuando colectivos ecologistas, entre ellos la entidad Ipcena de Lleida, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Bird Life), Egrell y Depana, presentaron una queja ante la Comisión Europea por considerar que el proyecto afectaba a algunos espacios que cobijan aves esteparias que deben gozar de máxima protección porque están en peligro de extinción.

Entre las aves amenazadas están el sisón, la ortega, la alondra Dupont, la carraca europea, el aguilucho cenizo, la calandria y el águila perdiguera. La característica común de todas ellas es que solo viven en zonas esteparias como las del sur de Lleida.

En 2007, el tribunal de Luxemburgo obligó a ampliar el perímetro de algunas zonas de especial protección de aves (ZEPA) para satisfacer las exigencias europeas. Durante mucho tiempo, el Gobierno español y el catalán hicieron caso omiso de los requerimientos comunitarios, pero ante la amenaza de sanciones cedieron y protegieron más de 40.000 hectáreas de las 70.150 que inicialmente tenía previsto regar el canal. El área protegida se gestionará a través de planes aún no aprobados y en ella estarán restringidos el riego y determinadas actividades.

El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, celebró que se haya evitado una sanción "muy dura" con el archivo del expediente. "Hemos trabajado con ingenio para encontrar compensaciones a los casos en los que no se podrá regar plenamente y en los que no se podrá regar nada", señaló Baltasar.Por su parte, el responsable de agua del sindicato Unió de Pagesos (UP) en Lleida, Felip Domènech, aseguró que no era necesario ampliar las zonas de especial protección de aves. "Se podría haber evitado la ampliación de las hectáreas de ZEPA que la Generalitat realizó en 2006, porque la UE ha dicho en más de una ocasión que no se trataba de una insuficiencia de hectáreas, sino de un plan de gestión de las zonas protegidas", dijo a Efe.

Aunque la Unión Europea ha archivado la denuncia de los ecologistas que hacían peligrar la viabilidad del canal, sigue abierto otro proceso judicial contra el proyecto en sí por su repercusión para las especies protegidas. La Comisión Europea decidirá cuando tenga en su poder todos los informes.

El presidente de la comunidad de regantes, Josep París, dice que muchos de ellos están defraudados por las sucesivas ampliaciones de las áreas protegidas realizadas para satisfacer las exigencias de Bruselas, aunque reiteró la viabilidad de un proyecto que ha dejado de ser virtual y que cuando esté acabado, en 2013, potenciará los cultivos en seis comarcas de Lleida.

El colectivo de regantes, formado por 15.000 agricultores, aplaude el archivo porque cierra un largo litigio y despeja el futuro del proyecto, pero lamenta ser el gran perjudicado, ya que muchos de ellos no podrán regar sus tierras como pensaban al haber sido incluidas en las ZEPA.