Críticas desde el sector de las renovables

Las principales empresas del sector eólico no están del todo satisfechas con la futura ley. Esperaban del Gobierno que preparara una legislación específica en materia de energías renovables y "apenas si hay algunas propuestas parciales en el de Economía Sostenible". Es más: las empresas resaltan que cuando hay decisiones importantes que adoptar en materia de renovables, el nuevo texto apenas si va más allá de reformar los organismos reguladores y seguir la estela de la normativa europea de un 20% de energías renovables en el escenario de 2020 y con un 20% de emisiones de CO2 menos.

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Las principales empresas del sector eólico no están del todo satisfechas con la futura ley. Esperaban del Gobierno que preparara una legislación específica en materia de energías renovables y "apenas si hay algunas propuestas parciales en el de Economía Sostenible". Es más: las empresas resaltan que cuando hay decisiones importantes que adoptar en materia de renovables, el nuevo texto apenas si va más allá de reformar los organismos reguladores y seguir la estela de la normativa europea de un 20% de energías renovables en el escenario de 2020 y con un 20% de emisiones de CO2 menos.

La patronal de la construcción tiene una sensación similar de bien, pero a medias. Valoran el tratamiento fiscal que la nueva legislación da a la rehabilitación de edificios, tanto en el IVA en general, como en el IRPF y en el IVA para las pequeñas reformas domésticas que se hagan para mejorar la eficiencia energética. Pero lo que más les gusta es la previsión legal de acelerar los pagos a las empresas que trabajen para las administraciones públicas. Los retrasos que acumulaban en los pagos resultaban un lastre tremendo para muchas pymes que veían como los pagos públicos se retrasaban hasta 200 días en el caso de los ayuntamientos y 160 de media entre todas las administraciones. Para las empresas de construcción no es justo que las administraciones morosas no figuren en ninguna lista, como sucede con las empresas normales o con los ciudadanos.

La nueva ley establece que los pagos no podrán retrasarse más de 60 días, y habrán de ser 30 en el horizonte de 2013, es decir pasar de los más de seis meses de media a uno en cuatro años. Todo un reto.

Para los ecologistas la ley de Economía Sostenible debiera de rebautizarse como de economía de crecimiento sostenido, porque, según critican las principales organizaciones, lejos de plantear un nuevo modelo productivo, reformula el mismo para que sea más productivo. Las organizaciones sectoriales valoran, no obstante, el debate abierto, y que en el caso del control de internet, está modificando las posiciones oficiales.