La ley Municipal pone en guerra al Gobierno con Vizcaya y Álava
El Ejecutivo acusa de "deslealtad" a las diputaciones
El proyecto de ley Municipal vasca, pendiente aún de aprobarse en el Parlamento, ha abierto las hostilidades entre el Gobierno y las diputaciones de Vizcaya y Álava, todas gobernadas por el PNV. El recurso presentado ante la Comisión Arbitral por las dos instituciones forales contra el proyecto por invasión de sus competencias puso ayer en pie de guerra a la Vicelehendakaritza, que llegó a acusar a Vizcaya y Álava de cometer una "grave deslealtad institucional" por "romper de forma unilateral el consenso básico" que se había alcanzado sobre el texto definitivo entre el Gobierno, las diputacion...
El proyecto de ley Municipal vasca, pendiente aún de aprobarse en el Parlamento, ha abierto las hostilidades entre el Gobierno y las diputaciones de Vizcaya y Álava, todas gobernadas por el PNV. El recurso presentado ante la Comisión Arbitral por las dos instituciones forales contra el proyecto por invasión de sus competencias puso ayer en pie de guerra a la Vicelehendakaritza, que llegó a acusar a Vizcaya y Álava de cometer una "grave deslealtad institucional" por "romper de forma unilateral el consenso básico" que se había alcanzado sobre el texto definitivo entre el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos.
El proyecto de ley Municipal fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de julio después de casi tres décadas de espera y retraso en su elaboración. Sólo una semana después, el pasado 10 de julio, las diputaciones forales de Vizcaya y Álava, en manos del PNV, presentaron una cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral contra este proyecto y el de reforma de la ley de Régimen Presupuestario que lo complementa, según informó Europa Press. La admisión a trámite por parte de este órgano de resolución extrajudicial de los conflictos de competencia podría paralizar la tramitación de la ley futura Municipal en el Parlamento.
Las cuestiones de competencia impugnadas por Vizcaya y Álava se refieren a las regulaciones que efectúan ambos textos normativos del régimen presupuestario contenido en el proyecto. Las diputaciones consideran que la nueva ley afectaría a la elaboración y contenidos presupuestarios de las diputaciones y las entidades locales, así como al título que regula las haciendas locales.
La Vicepresidencia del Gobierno ha recibido de muy mal grado que dos instituciones de su misma filiación política hayan interpuesto sendos recursos ante la Comisión Arbitral contra el contenido de una ley que es el resultado de un "diálogo y negociación" que fue "largo, trabajoso y profundo" entre las instituciones implicadas, según el Ejecutivo. El procedimiento para elaborar el proyecto de ley arrancó en julio de 2006.
El enfado del departamento que dirige Idoia Zenarruzabeitia se sustenta en que, antes de que el tripartito aprobara el proyecto de ley y lo remitiera a la Cámara, las diputaciones de Álava y Guipúzcoa "no esgrimieron ninguna objeción competencial de calado en la fase de alegaciones", mientras que la de Vizcaya "sencillamente no emitió alegación alguna". "¿Alguien piensa que el Gobierno hubiera aprobado y remitido al Parlamento un proyecto de ley sin un consenso básico, elemental y esencial entre el conjunto de instituciones en una regulación de esta naturaleza?", apuntó un portavoz de la Vicelehendararitza, quien agregó que, si existiera invasión competencial, habrían recurrido "las tres diputaciones forales".
Vicepresidencia insiste en que el proyecto de ley Municipal es "respetuoso con las respectivas potestades competenciales" y constituye "la síntesis de las diversas posiciones" defendidas por el conjunto de las instituciones vascas. La nueva regulación supone en la práctica una descentralización que delimita, define y, en algunos casos, amplía las competencias locales. Además, habilita un marco financiero; es decir, garantiza los ingresos de los consistorios dándoles entrada en el Consejo de Finanzas con voz y voto para tratar asuntos que les afecten directamente, como la política de endeudamiento y la participación en los tributos concertados.