Tribuna:AULA LIBRE

Universidad, de convergencia a la vía estrecha

El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que acaba de ser aprobado, conduce nuestra universidad a un aislacionismo semejante al que hace más de medio siglo se produjo al hacer que, entre otras cosas, nuestras vías férreas tuvieran un ancho menor que el de las europeas. Ahora la autarquía se lleva a la producción y transmisión del conocimiento. Lo cual va contra el espíritu fundacional de los estudios universitarios, que siempre han aspirado a la máxima universalidad, y se hace, por ello, insostenible hasta para las mentalidades más conse...

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El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que acaba de ser aprobado, conduce nuestra universidad a un aislacionismo semejante al que hace más de medio siglo se produjo al hacer que, entre otras cosas, nuestras vías férreas tuvieran un ancho menor que el de las europeas. Ahora la autarquía se lleva a la producción y transmisión del conocimiento. Lo cual va contra el espíritu fundacional de los estudios universitarios, que siempre han aspirado a la máxima universalidad, y se hace, por ello, insostenible hasta para las mentalidades más conservadoras. Es, además, una decisión contraria a la creciente movilidad de las personas, de las relaciones sociales, de los procesos económicos y de los ordenamientos políticos. Una decisión que nos conduce al aislacionismo de una universidad de vía estrecha.

Los grados de cuatro años no dan acceso a trabajos más cualificados

La Unión Europea lleva años embarcada en un proceso de convergencia de los estudios universitarios, cuyo fin primordial es facilitar la movilidad de estudiantes, profesores y trabajadores. Por ello, e independientemente de otras cuestiones que dicho proceso suscita, la mayoría de los países (más de un 85%, creo), entre los que se encuentran los científicamente más avanzados como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Suecia, han optado por una estructura común, que se adecua al vigente sistema productivo y laboral. Han establecido unos estudios universitarios de grado de tres años y, consecuentemente, unos de postgrado de dos años, dado que el total ha de ser de cinco años. Con esa distribución, por un lado, quieren dar a la mayoría de los estudiantes una preparación suficiente para su inserción laboral en nuestra sociedad del conocimiento, en la que muchas empresas y no pocas instituciones prefieren completar ellas mismas la formación de sus empleados más jóvenes, y, por otro lado, reservan dos años para unos estudios de postgrado o másteres, de modo que tengan la duración suficiente para recoger a estudiantes o profesionales con diferentes formaciones y darles la preparación más específica, elevada o técnica posible. El doctorado, como un tercer escalón que prepara a los investigadores y académicos, tiene su duración ligada a la elaboración de la tesis doctoral y varía según las distintas áreas de conocimiento.

Frente a ello, nuestros ilustrados dirigentes proponen ahora una ordenación distinta y peculiar, un diferente ancho de vía para la circulación por la vida universitaria española, con grados de cuatro años, que no permiten el acceso a trabajos más cualificados que los grados de tres, y postgrados de un año, tiempo insuficiente para dar una especialización con la profundidad requerida y para permitir el acceso a estudiantes con formaciones distintas. En esas condiciones ¿qué estudiantes europeos van a venir a cursar nuestros devaluados másteres, para los que además les haría falta cursar un año adicional?, ¿por qué obligar a que nuestros estudiantes que quieran hacer algún máster en el extranjero tengan que terminar cursando seis años?

Sería injusto decir que toda la responsabilidad de esta propuesta cae del lado del actual Ministerio de Educación. Me temo que éste no ha hecho más que seguir las líneas que ya estaban marcadas por el Consejo de Rectores y el conservadurismo de la mayoría de nuestras universidades. Es comprensible que las universidades pequeñas, públicas o privadas, que evidentemente son demasiadas en nuestro país, no tengan recursos académicos para generar estudios de postgrado de dos años de calidad y por ello hayan defendido los grados de cuatro años. Es comprensible también que la mayoría de los estudios de ciclo corto, como los de Enfermería, Ingeniería Técnica o Trabajo Social, que llevan tiempo pidiendo convertirse en licenciatura hayan reafirmado su voluntad de crecer y hayan defendido los cuatros años de estudios de grado. Pero lo que no es comprensible, excepto bajo el nefasto principio del café para todos, que tantas falsas calmas y problemas nos está trayendo, es que sean las universidades nuevas o pequeñas y los estudios de ciclo corto los que hayan marcado las consideraciones del Consejo de Rectores. Mucho menos comprensible se hace si el objetivo es, como tantas veces se recalca, la convergencia con el resto de Europa. Pero así ha sucedido.

Tampoco sería justo exonerar completamente a este ministerio de la propuesta realizada, pues hasta la llegada de la nueva ministra y de su equipo todo apuntaba a que finalmente se iba imponiendo el sentido común universitario y se caminaba hacia la convergencia del 3 + 2. De hecho, suya es la propuesta de que de los cuatro años de estudio del grado el primero sea básicamente común para estudios de áreas cercanas (por ejemplo, en Ciencias Sociales), con el argumento de que ello disminuirá el fracaso al facilitar la movilidad entre tales estudios (Historia, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Económicas y Derecho, en este ejemplo). Esto es, se defiende la movilidad interna, ya no estatal sino regional, por la región de las ciencias sociales españolas, en esta caso, pero a costa de dificultar gravemente la convergencia con el resto de Europa, como hemos visto.

Se nos conduce así, otra vez, a la autarquía de la vía estrecha, pero ahora referida a la transmisión y producción del conocimiento, lo que aún es peor. Espero, sin embargo, que seamos capaces de encontrar los medios para evitar este desastre.

Fernando J. García Selgas es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

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