Industria cierra tres años una empresa de gas por "engañar" a sus clientes

Tres años de clausura y el pago de una multa de 45.300 euros es la dura sanción impuesta por la Dirección de Consumo, dependiente de Industria, a la delegación en San Sebastián de la empresa catalana Sercatalgas SL, dedicada a las instalaciones de gas y todo lo que conlleva, desde suministro hasta revisiones pasando por la venta de materiales y repuestos. Consumo le acusa de "engañar" a los clientes a la hora de las revisiones.

Es la sanción más grave impuesta hasta el momento por la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial. Supone el cese total de actividad de la empresa en la comun...

Tres años de clausura y el pago de una multa de 45.300 euros es la dura sanción impuesta por la Dirección de Consumo, dependiente de Industria, a la delegación en San Sebastián de la empresa catalana Sercatalgas SL, dedicada a las instalaciones de gas y todo lo que conlleva, desde suministro hasta revisiones pasando por la venta de materiales y repuestos. Consumo le acusa de "engañar" a los clientes a la hora de las revisiones.

Es la sanción más grave impuesta hasta el momento por la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial. Supone el cese total de actividad de la empresa en la comunidad autónoma, donde llevaba tres años trabajando, y es el colofón de una historia que se remonta al pasado mes de noviembre. Consumo abrió entonces un expediente sancionador a la firma tras comprobar la veracidad de hasta 40 denuncias presentadas por ciudadanos.

El 1 de diciembre, la compañía fue inhabilitada temporalmente, pero sus operarios siguieron actuando, tanto en Guipúzcoa, donde tiene su sede en Euskadi, como en Álava. En Vizcaya no tenía autorización para trabajar. Esta actitud de Sercatalgas obligó a Consumo a alertar públicamente contra su actividad y advertir a los ciudadanos de que no contratasen sus servicios.

La inhabilitación de la compañía se debe a la "información engañosa" que proporcionaba a los usuarios, ya que ofrecía de "forma confusa" unos servicios distintos a los realmente contratados, apunta Consumo.

La información recabada por la dirección de Industria a través de las denuncias de los usuarios permite concluir que la firma trabaja de la siguiente manera: un representante se persona en los domicilios de usuarios de gas butano, sin previo aviso, y les ofrece, "de modo intimidatorio y coactivo", revisar la instalación del gas. Además, les hace firmar un contrato de mantenimiento por importe de 48,07 euros y les cobra otras cantidades por cambio del regulador y diferentes conceptos.

Para el Gobierno, que aprobó la sanción a propuesta de Industria en su reunión de ayer, la empresa actúa de "una forma engañosa", ya que los usuarios piensan que se les ha revisado la instalación, pero en realidad no es así: sólo han contratado su mantenimiento. Las instalaciones de gas no están sometidas a mantenimiento, por lo que no tiene sentido firmar ningún contrato. La revisión de las instalaciones se debe realizar cada cuatro años y la de la caldera o calentador, que corre a cargo de la marca, cada dos. Consumo comprobó además que los reguladores sustituidos se encontraban en buen estado, por lo que no era necesaria su renovación.

Sercatalgas, cuya sede social se halla en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ya recurrió en su momento la inhabilitación y acusó al Gobierno de intentar "cargarse la actividad de cualquier empresa que haga servicios a domicilio fuera de las empresas franquiciadas por Repsol". La empresa, que ayer guardó silencio, señaló entonces que sus contratos son "totalmente legales". Puntualizó que una de las prestaciones del contrato de mantenimiento que ofrece es revisar la instalación cuando lo pide el usuario.