Con el pez detrás de la oreja

La disputa por los beneficios de la exportación de peces y mariscos enfrenta a los marineros de los puertos atlánticos de la Patagonia argentina con las empresas pesqueras, en su mayoría de capital español. Los trabajadores de la ciudad de Puerto Deseado piden un aumento de nómina y que el presidente Néstor Kirchner les exima del IRPF. El Gobierno español ya ha obtenido garantías de que Buenos Aires indemnizará a los afectados.

Unas trece pesquerías españolas, la mayoría gallegas, están instaladas en el sur argentino, donde recalaron desde fines de los años setenta para iniciar sus acti...

La disputa por los beneficios de la exportación de peces y mariscos enfrenta a los marineros de los puertos atlánticos de la Patagonia argentina con las empresas pesqueras, en su mayoría de capital español. Los trabajadores de la ciudad de Puerto Deseado piden un aumento de nómina y que el presidente Néstor Kirchner les exima del IRPF. El Gobierno español ya ha obtenido garantías de que Buenos Aires indemnizará a los afectados.

Las pesquerías españolas instaladas en el sur argentino exportaron 123 toneladas de materia prima en 2006 por valor de 374 millones de dólares

Entre las afectadas figuran algunas de las principales empresas, como Dimarosa, Pesquerías Marinenses, Pescanova, Vieira, Amasua y Galfrío

Unas trece pesquerías españolas, la mayoría gallegas, están instaladas en el sur argentino, donde recalaron desde fines de los años setenta para iniciar sus actividades en este confín del mundo. En el principal puerto pesquero argentino, Mar del Plata, ya estaban instalados desde principios del siglo XX los italianos y sus descendientes. Las empresas españolas, que exportan casi toda su producción, enviaron el año pasado al exterior unas 123.000 toneladas de pescados y mariscos (el 21% del total de las exportaciones argentinas) por un valor de 374 millones de dólares (el 30% del total), según fuentes del mercado. La diferencia entre un porcentaje y otro se atribuye a que las compañías ibéricas se dedican principalmente a la captura del langostino, la presa que más cotiza y que se envía sobre todo a España, Italia y Japón. Las españolas también pescan calamar y merluza.

Empresas afectadas

Entre las principales empresas figuran algunas de las afectadas por el ataque registrado a finales de julio en Puerto Deseado (2.099 kilómetros al sur de Buenos Aires), el segundo caladero patagónico, en el que viven 13.000 personas. Son Dimarosa, Pesquerías Marinenses, Pescanova, Vieira, Amasua y Galfrío. Otras pesqueras como Pescafina, Iberconsa, Pereira y Pescapuerta están radicadas en el mayor caladero patagónico, Puerto Madryn (1.450 kilómetros al sur de la capital argentina), una ciudad turística de 65.000 habitantes.

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno español, estuvo hablando esta semana sobre este problema con el presidente argentino, quien se comprometió a que las empresas afectadas reciban las indemnizaciones reparadoras. Las pérdidas todavía no han sido totalmente cuantificadas, pero podrían superar los 80 millones de euros.

La flota española en la Patagonia totaliza unos 85 barcos que emplean a 2.500 marineros. En tierra se suman otros 2.500 empleados, entre administrativos y operarios en las plantas. Las provincias de la región obligan a las empresas a instalar fábricas y a contratar determinada mano de obra como condición para conseguir los permisos de pesca, que deben renovarse cada año. La actividad también da trabajo a empresas proveedoras, estibadores portuarios, astilleros, talleres navales, empresas frigoríficas, de empaquetado y almacenes navales.

La mayoría de las empresas españolas amarraron en los puertos patagónicos después de que en 1994 se firmara un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea. Una de las candidatas presidenciales de la oposición para las elecciones de octubre próximo, Elisa Carrió, denuncia que desde entonces los gobiernos argentinos han cometido irregularidades en la concesión de permisos de pesca.

La época dorada para las pesquerías españolas transcurrió entre 2001 y aquel año, en plena crisis argentina. El langostino registró en aquellos años buenos precios internacionales y capturas sensacionales. El año 2004 fue normal y 2005, uno de los peores, pero coincidió con el impulso que dio Kirchner a las negociaciones salariales en todos los sectores, después de años de congelamiento por la crisis. Comenzaban entonces las primeras huelgas, y los turistas españoles leían, sin comprender, en un cartel en una sede sindical de Puerto Madryn: "Gallegos chorros" (traducido significa "españoles ladrones") encima de un neumático encendido.

El año pasado fue un buen año. El actual era malo en precios, pero positivo en capturas, hasta que a principios de julio estalló en Puerto Deseado una huelga que duró un mes. Los marineros de esta localidad rechazaron un acuerdo que había firmado en junio pasado el sindicato, nacionalmente, por el que la nómina aumentaría el 16,5% en los próximos tres años y medio. También pedían dejar de pagar el IRPF porque alegaban que los costes de vida de la aislada Patagonia duplica los de Buenos Aires. La protesta derivó en los hechos de violencia contra las seis pesqueras españolas, una argentina y otra japonesa.

"Fue un acto terrorista", así lo define el presidente de la filial de Amasua, Rubén Celaya Martínez, cuya planta sufrió los peores daños porque 100 atacantes encapuchados destruyeron su depósito y cuatro cámaras frigoríficas. Las reparaciones en esta pesquería costarán siete millones de dólares y llevarán su tiempo, por lo que no podrá volver a operar de inmediato. "Es difícil de entender: es la gente mejor pagada de Argentina y ganan más que en España. Desde 2001, los sueldos subieron un 117%", argumenta Celaya Martínez, que asegura que nadie gana menos de 27.500 euros anuales en el sector del langostino. "Lo que sucedió no tiene justificativo", admite el líder de los marineros de Puerto Deseado, Daniel Medina, que le echó la culpa a "infiltrados" en una ciudad donde todos se conocen. "No estamos contra las empresas extranjeras, pero que no se hagan las víctimas porque quieren sacarnos el oro a cambio de espejitos de colores", arremete Medina, que sostiene que un marinero puede cobrar 7.500 euros anuales, mientras que una familia de cuatro miembros necesita para vivir un mínimo de 6.900.

Un empresario español radicado en Argentina, que prefiere guardar el anonimato, reconoce que las empresas extranjeras son vulnerables a las críticas de la población porque se las tacha de depredadoras de los recursos naturales, pero también formula una descripción sobre el choque cultural entre españoles y patagónicos: "Los españoles que vienen viven en una burbuja y no son especialmente simpáticos. Y los NYC, los nacidos y criados en la Patagonia, discriminan hasta a los demás argentinos".