Editorial:

Justicia en Darfur

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha inculpado a un ex viceministro de Sudán y al líder de la milicia progubernamental islámica yanyauid de crímenes de guerra y lesa humanidad, presuntamente cometidos en la región oriental de Darfur contra la población negra. Es un primer y gran paso el del abogado argentino Moreno Ocampo, fruto de una investigación de 20 meses, pero que todavía tiene que pasar por el filtro del tribunal. De confirmar los magistrados la acusación, la comunidad internacional debería presionar a Sudán para la extradición de los presuntos culpables, uno de lo...

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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha inculpado a un ex viceministro de Sudán y al líder de la milicia progubernamental islámica yanyauid de crímenes de guerra y lesa humanidad, presuntamente cometidos en la región oriental de Darfur contra la población negra. Es un primer y gran paso el del abogado argentino Moreno Ocampo, fruto de una investigación de 20 meses, pero que todavía tiene que pasar por el filtro del tribunal. De confirmar los magistrados la acusación, la comunidad internacional debería presionar a Sudán para la extradición de los presuntos culpables, uno de los cuales está detenido por las autoridades del vasto país del noreste africano. Jartum ya ha hecho saber, sin embargo, que no se someterá al CPI porque no lo considera legítimo al no ser signatario de su fundación.

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La tragedia de la devastada región oriental sudanesa, que ha causado más de 250.000 muertos y dos millones de desplazados desde que estalló el conflicto étnico en 2003, no tiene, por desgracia, visos de solución. En buena parte, por la impotencia de la ONU para sacar adelante el proyecto de envío de un contingente de 20.000 cascos azules que sustituya la débil fuerza de paz de la Unión Africana -integrada por apenas 7.000 efectivos, mal pagados, sin pertrechos y nula voluntad política para sofocar el conflicto-, cuyo mandato ha sido prorrogado hasta junio próximo. El Gobierno sudanés continúa negándose al envío de militares de la ONU.

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Es importante, en cualquier caso, que el tribunal internacional se pronuncie de forma determinante sobre lo que para muchos es una de las peores tragedias humanitarias de las últimas décadas. Ante todo, porque ello daría al CPI una razón de existir. El fiscal acusa al ex viceministro del Interior y hoy ministro de Política Humanitaria, Ahmed Harun, y al líder de la milicia yanyauid, Ali Kushayb, de 51 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población negra de Darfur. Es impensable que ambos sean los únicos presuntos responsables de las matanzas. Es de esperar que el tribunal no se quede sólo en ellos y que en sus investigaciones suba mucho más alto.

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