Madrazo adjudicó sin concurso la campaña de ayudas a las víctimas del franquismo

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha constatado varios incumplimientos de la legalidad en la gestión del polémico programa de ayudas a las víctimas del franquismo, puesto en marcha en 2002 por el Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Javier Madrazo. En su informe de fiscalización de este programa, realizado a petición de la Comisión de Economía del Parlamento, el tribunal apunta diversas infracciones, especialmente en cuestiones relacionadas con la publicidad, la gestión y la localización de la documentación para reconocer la condición de víctimas y otorgar las ayudas.

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El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha constatado varios incumplimientos de la legalidad en la gestión del polémico programa de ayudas a las víctimas del franquismo, puesto en marcha en 2002 por el Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Javier Madrazo. En su informe de fiscalización de este programa, realizado a petición de la Comisión de Economía del Parlamento, el tribunal apunta diversas infracciones, especialmente en cuestiones relacionadas con la publicidad, la gestión y la localización de la documentación para reconocer la condición de víctimas y otorgar las ayudas.

Los gastos de gestión y publicidad del programa ascendieron a un total de 1,21 millones de euros. En este apartado, el tribunal ha observado que los gastos de publicidad contratados en 2002 con tres empresas por un total de 382.000 euros fueron hechos sin consignación presupuestaria y adjudicados de forma directa, incumpliendo de esta forma los principios de publicidad y concurrencia. La Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno informó negativamente sobre estos expedientes.

Lo mismo ocurrió con los gastos de gestión documental (70.000 euros) y de búsqueda de documentación (59.000) registrados en 2003 y 2004. Ambos se contrataron sin respetar los principios de publicidad y de concurrencia. El órgano fiscalizador también critica que un contrato para el tratamiento informático y valoración de base documental, adjudicado en mayo de 2003 mediante concurso público por importe de 147.000 euros, fuese después incrementado en 117.000, un 80% más. Esta modificación también fue informada negativamente por la Oficina de Control Económico por la falta de concreción y cuantificación económica del coste de las nuevas actuaciones.

Insuficiencia de medios

Además, el tribunal ha encontrado facturas por trabajos de asesoramiento por un importe de 78.000 euros, cuyas prestaciones deberían haberse contratado de acuerdo con las previsiones de la Ley de Función Pública Vasca, algo que no se hizo.

En sus alegaciones, el departamento expone que, en cuanto a la modificación del contrato para el tratamiento informático (que fue de un 80%), el reproche no debe dirigirse al porcentaje de incremento, sino a las deficiencias de tramitación, que deben entenderse como "de menor entidad". Sobre los trabajos de asesoramiento, apunta que recurrió a personal externo ante la insuficiencia de medios propios. Debido al "carácter temporal y finito" de la línea de ayudas a las víctimas del franquismo no consideró "necesario ni conveniente" recurrir a una ampliación de los medios personales de la administración. El departamento no hace ninguna referencia a la contratación de forma directa de la campaña de publicidad.