Chamizo defiende que se negocie con los parcelistas de Medina Azahara

"Las medidas" que finalmente se adopten en las 240 viviendas ilegales de Medina Azahara deben ser acordadas a "tres bandas", según sostuvo ayer José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. En su opinión, Junta y Ayuntamiento deben tener en cuenta a los propietarios en las negociaciones que han entablado sobre las tres urbanizaciones que hay en el entorno protegido de la ciudad califal. Una de las parcelaciones ha reclamado un plan de saneamiento. La Junta rechazará esta medida y el Consistorio, que tramitó el plan, deberá acatar esta decisión.

Representantes de las tres urbanizaciones ile...

"Las medidas" que finalmente se adopten en las 240 viviendas ilegales de Medina Azahara deben ser acordadas a "tres bandas", según sostuvo ayer José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. En su opinión, Junta y Ayuntamiento deben tener en cuenta a los propietarios en las negociaciones que han entablado sobre las tres urbanizaciones que hay en el entorno protegido de la ciudad califal. Una de las parcelaciones ha reclamado un plan de saneamiento. La Junta rechazará esta medida y el Consistorio, que tramitó el plan, deberá acatar esta decisión.

Representantes de las tres urbanizaciones ilegales que hay en el entorno protegido del Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara han elevado su caso al Defensor del Pueblo Andaluz. Chamizo se ha reunido con ellos y su oficina se pronunciará oficialmente sobre este asunto en los próximos días, posiblemente la semana que viene.

Chamizo no quiso adelantar las conclusiones a las que llegará su equipo, ya que, de momento, se está "estudiando el tema". Sin embargo, abogó ayer en Córdoba por una solución "a tres bandas". Chamizo sostuvo que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento deben tener en cuenta las opiniones de los vecinos. Esa misma tesis es la que mantiene el Consistorio cordobés, gobernado por IU, que apuesta por una solución consensuada con los propietarios de las casas ilegales, quienes se niegan a abandonar las viviendas.

Los primeros contactos "informales" que se han producido hasta el momento para tratar el problema han sido a dos bandas, es decir, sólo entre las dos administraciones. Está previsto que Junta y Ayuntamiento de Córdoba fijen algo parecido a una hoja de ruta para futuros encuentros en los que se estudiaran las salidas legales al problema.

De momento, con la normativa regional y local en la mano, es complicada una salida que tienda a la consolidación o regularización de esas edificaciones ilegales. Actualmente, la protección del entorno de este BIC por parte de la Junta y el Plan Especial de Medina Azahara (municipal) impiden una legalización. El Gobierno regional ha propuesto un traslado de los vecinos, algo que, de momento, no está cerrado ni dotado de presupuesto.

Los vecinos de Las Pitas -la mayor de las tres urbanizaciones de la zona- exigen un plan de saneamiento para las casas de esa parcelación. El Ayuntamiento, con los votos favorables de IU y PP, aprobó inicialmente la propuesta a principios de noviembre. La Junta de Andalucía, al ser la responsable de la zona, debe emitir un informe ahora. La delegada de la Consejería de Cultura en Córdoba, Mercedes Mudarra, dijo ayer que todavía no ha recibido el plan aprobado en el pleno municipal. Sin embargo, reiteró que el informe que elaboren los técnicos será negativo: "la Ley lo que dice taxativamente es que esas infraestructuras [agua y alcantarillado] son inviables en esa zona". La delegada recordó que los vecinos de Las Pitas ya habían intentado anteriormente obtener una autorización para disponer de servicios básicos y que recurrieron la declaración como zona BIC del entorno de Medina Azahara. Mudarra recordó que los tribunales rechazaron esta posibilidad, al igual que descartaron otro recurso contra el plan de especial protección de la zona. La Junta teme que la dotación de servicios a esas casas ahora pueda ser interpretada en un futuro como una consolidación de las edificaciones que complique su erradicación.

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, dijo ayer que, tras la tramitación municipal del plan de saneamiento, "la Junta tiene que emitir un informe que es preceptivo y que tendrá además carácter vinculante". Aguilar admitió que el Consistorio está limitado a "cumplir la ley".