Consejo inoportuno

El nuevo artículo que el Gobierno quiere imprimir en el Código Penal debería ser uno de los menos polémicos de la historia reciente: prohibir la clonación de bebés. Y la eliminación del antiguo no puede estar más justificada, puesto que impone penas de cárcel por una actividad -la investigación con células madre embrionarias- que no sólo está avalada por una ley ya en vigor, sino además financiada por cuatro administraciones públicas que abarcan todo el espectro político. Para reunir cinco folios de argumentos contra esa reforma, como ha logrado el Consejo General del Poder Judicial en un info...

El nuevo artículo que el Gobierno quiere imprimir en el Código Penal debería ser uno de los menos polémicos de la historia reciente: prohibir la clonación de bebés. Y la eliminación del antiguo no puede estar más justificada, puesto que impone penas de cárcel por una actividad -la investigación con células madre embrionarias- que no sólo está avalada por una ley ya en vigor, sino además financiada por cuatro administraciones públicas que abarcan todo el espectro político. Para reunir cinco folios de argumentos contra esa reforma, como ha logrado el Consejo General del Poder Judicial en un informe que hará oficial el viernes, hay que tener mucha moral y poca puntería.

El autor del informe, de la mayoría conservadora del Consejo, considera que la nueva redacción deja de proteger al "no nacido". Sólo se puede referir a los embriones de dos semanas, como los que se congelan en las clínicas. Y su desprotección sólo se puede deber a que, en vez de acumularlos por centenares de miles hasta que se destruyan por sí solos, ahora se pueden usar para investigar en biomedicina con una estricta supervisión pública. La extensa argumentación del informe contra la clonación terapéutica, apoyada en un convenio internacional anterior a ese mero concepto, es inoportuna: ni esa técnica existe aún, ni tiene relación alguna con el artículo del Código Penal sobre el que se está pronunciando.

El documento del CGPJ sólo tiene sentido si se cree que un óvulo fecundado es un ser humano. La mayoría del máximo órgano judicial, por tanto, no está emitiendo un dictamen jurídico, sino una posición ideológica que ni siquiera refleja la del partido que propuso a sus integrantes para ese cargo: fue una ministra del PP quien legalizó esas investigaciones en España. La biología humana no va a dejar de plantearnos dilemas jurídicos, y mucho más difíciles que éste. Los jueces tendrán que interpretar una legislación cada vez más compleja y cambiante, y se entendería muy bien la necesidad de un Poder Judicial que les ayudara a ello.